La conveniente desidia de la elite política ante la penetración del narcotráfico en la clase dirigente

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El postrer episodio policial que involucró a la Municipalidad de San Ramón no tuvo que ver con algún avance en la investigación contencioso que lleva delante el Ocupación Conocido contra las posibles irregularidades cometidas en la trámite del corregidor ex PS Miguel Bendito Aguilera. Por el contrario, abrió otra arista criminal y oscurece aún más las cosas.

El 24 de noviembre fue detenido en un control policial Roberto Martínez, que hasta ese momento se desempeñaba como patriarca de seguridad municipal, dependiente directo del corregidor. Según las grabaciones de la policía, el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto, asimismo conexo al artilugio municipal antiguamente de caer preso en septiembre, le encargó a Martínez cosechar municiones y armas para ingresarlas a la prisión. La PDI –que luego del reportaje de ‘Referencia Singular’, de TVN, exhibido en octubre, allanó el municipio– seguía la pista del jerarca de seguridad.

Enterado de la detención, Aguilera cerró el capítulo con un escueto comunicado donde informaba que Roberto Martínez había sido despedido de sus funciones el mismo día de su detención. Un exclusivo acto chupatintas y con eso bastó para que todo volviera a la normalidad.

Las reacciones en el mundo político sobre el escándalo ocurrido en San Ramón, gobernado por un vicepresidente del Partido Socialista, hoy expulsado de la colectividad, han sido muy escasas. Más aún de parte del PS frente a su responsabilidad pública como partido oficialista, y prácticamente nulas en el entorno del candidato de la coalición de Gobierno. Al menos para tocar con un planteamiento de fondo la gravitación del tema de la evidente captura de una importante comuna del sur de Santiago por parte de una red de narcotraficantes, poco que para muchos es la punta de un iceberg que pronto podría implicar, de forma irreparable, a los territorios aledaños e incluso a otras instituciones importantes del Estado. “El narcotráfico precisa impunidad territorial y para ello trata de captar amparo e influencias políticas”, apunta un entendido.

El abogado Mauricio Daza, magíster en Derecho Penal, cree que “la captura de la autoridad pública a través de pagos o beneficios ilícitos por parte de un particular, es una conducta grave que en nuestro país no tiene una sanción ejemplar. Esto resulta especialmente preocupante cuando estos delitos son cometidos por narcotraficantes, por representar un mayor riesgo para el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones, al tratarse de una forma de delincuencia particularmente violenta e invasiva, y con acceso a muchos recursos”.

Dada esta dificultad es que la omisión y el silencio de la elite resultan preocupantes.

Entre la indiferencia y el populismo penal

Daza apasionamiento la atención acerca de la aspecto seguida por gran parte del mundo político sobre este asunto. “Sorprende que esta realidad no genere una atención más consistente y profunda ante la opinión pública. Además llama la atención que no exista una voluntad real de actuar decididamente, legislando para establecer formas especiales de soborno y cohecho, con penas que de verdad tengan algún efecto preventivo”.

En su exploración explica que hoy esos delitos, cometidos en el contexto del narcotráfico, se sancionan con penas comunes que son muy bajas, las cuales en ningún caso garantizan su cumplimiento efectivo. “En este ámbito no existe ninguna propuesta concreta hecha por alguna candidatura para cambiar esta realidad, lo que en todo caso es consistente con la lamentable y permanente actitud de nuestros legisladores, quienes por lo general son excelentes para exigir penas ejemplares en contra de quienes cometen delitos de alta connotación social contra la propiedad,  bajo la lógica del populismo penal, pero cuando se trata establecer normas que castiguen de manera eficaz ilícitos que atentan en contra de la probidad, cometidos por ellos mismos o por otros funcionarios públicos, guardan un silencio transversal”, afirma.

La derecha, por su parte, aprovechó el escándalo para fustigar la desinterés del oficialismo en este caso, en cuyo ámbito, casi nada se destapó, este hizo algunos movimientos grandilocuentes como expulsar a Aguilera y Pedro Amenaza –uno de los hombres de confianza del patriarca comunal y vitalista para obtener las firmas en el distrito de San Ramón y que sirvieron para inscribir la candidatura de Alejandro Guillier–. Pero rápidamente  se olvidó del tema.

“Es preocupante que la Nueva Mayoría intente tapar algo tan grave como es el vínculo del narcotráfico con la política. También nos sorprende la actitud pasiva del candidato presidencial Alejandro Guillier y la del Partido Socialista respecto a este caso. Por nuestra parte, la UDI mantiene la querella en contra del alcalde y la semana pasada me reuní con el fiscal de la causa, justamente para colaborar con la pronta aclaración de estos hechos que afectan a nuestra democracia”, dice el secretario caudillo de la UDI, Pablo Terrazas.

Resulta evidente, a estas cielo, que la proliferación narco en la zona sur de la ciudad tiene informes que se remontan más detrás y nadie desea salir a explicar ausencia. El PS timbró a Aguilera como el caprichoso símbolo del escándalo, pero no ha hecho esfuerzo alguno por rastrear las situaciones similares que se dan en las comunas de Lo Espejo y El Bosque, territorios contiguos a San Ramón y zona de vasta influencia igualmente de la UDI popular.

La derecha y el Frente Amplio miran con miedo

Con todo, la derecha y el Frente Amplio opinan con cuidado desconfianza sobre la serio situación.

“Es preocupante que la Nueva Mayoría intente tapar algo tan grave como es el vínculo del narcotráfico con la política. También nos sorprende la actitud pasiva del candidato presidencial Alejandro Guillier y la del Partido Socialista respecto a este caso. Por nuestra parte, la UDI mantiene la querella en contra del alcalde y la semana pasada me reuní con el fiscal de la causa, justamente para colaborar con la pronta aclaración de estos hechos que afectan a nuestra democracia”, dice el secretario genérico de la UDI, Pablo Terrazas.

En la acera del Frente Amplio, extraoficialmente admiten que este es otro de los temas que les preocupa a la hora de tender puentes con la Nueva Mayoría “Es muy preocupante a todo nivel. Entendemos que la presión por ganar en segunda vuelta y la posible derrota de Alejandro Guillier hayan generado una falta de atención sobre este tema, pero hay inquietud por la desatención que ha habido”, sostiene un dirigente.

Pero fuera de estas posturas que parecen de mera buena crianza, nadie de peso político central, ni en el Gobierno, en la Nueva Mayoría, el FA o la examen, da muestras de preocupación vivo.

Mauricio Carrasco, del Movimiento Autonomista, ex candidato a diputado y uno de los querellantes por el caso de San Ramón, plantea que este talante de naturalización de hechos tan graves como la penetración del narcotráfico en comunas del país, en el caso del PS, asegura a que el resultado de la primera reverso descomprimió el ámbito en el Partido Socialista y igualmente en sectores de la zona sur que controlan los municipios de San Ramón, El Bosque y las comunas del Distrito 13.

“Esto pasó porque el PS logró mantenerse en el poder con una importante cuota del Congreso, al mismo tiempo que logró ingresar la hermana del alcalde Aguilera como Core para el próximo periodo y, eso, relajó evidentemente los ánimos y las tensiones y pudo darle un ambiente de continuidad a la gestión corrupta que estaban realizando”, subraya.

Uno de los ángulos que merece toda la atención por lo preocupante –apunta Carrasco– es el hecho de que a la opinión pública en caudillo se le haya intentado ocultar lo que está sucediendo en San Ramón hasta el día de hoy. “Recordemos que el Partido Socialista nunca tomó acciones contra la hermana de Aguilera , pese a que había casos de nepotismo evidente, de malversación de caudales públicos que iban en directo beneficio de familiares de los Aguilera, y que involucraban directamente a Mónica Aguiliera. Y también de las firmas falsas de Alejandro Guillier, cuestión en que el Servel no ha tomado las acciones correspondientes para poder periciarlas y verificar efectivamente la existencia de una falsificación”, indica.

Para Carrasco, el Frente Amplio debería tomar este caso como una bandera de lucha, “que se vuelva a instalar en la opinión pública, que se vuelva a discutir, la posible existencia de vínculos del narcotráfico en ciertos sectores políticos que hoy pueden ser Gobierno.

Ahora perfectamente, si a esta evidente desidia de la elite política respecto a preocuparse sinceramente de la problemática y no con fines meramente electorales, le agregamos lo que ocurre en Carabineros, la pregunta es quién perseguirá a los criminales. Considerado el anuncio de ayer en la tarde, relativo a que más o menos de 130 carabineros serán formalizados por el fraude con fondos de la institución –la mayoría altos oficiales, situación que deja al descubierto a la anciano costado de crimen organizado de nuestra historia–, resulta aun peor el silencio de entreambos candidatos frente a un problema que llegó al país para quedarse.

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