La “gratuidad” de mercado de Piñera: el salvavidas que consagra a la educación técnica como el “pariente pobre” de la universitaria

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La discusión sobre educación superior volvió a tomarse la memorándum en esta segunda revés presidencial. Un tema que muchos daban por alicaído recobró su peso mediático luego de los resultados obtenidos por el Frente Amplio en la primera revés, un 20% que puso en alerta el discurso de que las reformas y cambios exigidos por el mundo social no iban en la semirrecta de lo que la ciudadanía esperaba.

Una itinerario impulsada intensamente por la candidatura de Sebastián Piñera, tuvo un letra inesperado, tras la solicitud del senador y ex candidato presidencial, Manuel José Ossandón, quien emplazó a la candidatura de Piñera a ampliar la gratuidad a un 90% para los estudiantes de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Una política conveniente cuestionada por los núcleos internos de la derecha, principalmente los más cercanos al sector desprendido, y que tuvo como gran rival, al senador electo y líder de Evópoli, Felipe Kast, quien en Tolerancia Cero, aseguró que votaría en contra de la política propuesta por el candidato presidencial.

La pregunta que comenzó a circular entre los círculos de especialistas en educación superior, era si efectivamente la cerca había sido corrida por el discurso frenteamplista y la memorándum de derechos sociales y la aprieto de tener una educación gratuita, demandada por el Movimiento Estudiantil había acabado capturar la memorándum de la centro derecha.

Una relación que es inspección con distancia, ya en la signo más técnica de la propuesta de Sebastián Piñera se develaría una política histórica de este sector político, que es blindar el sector técnico profesional en cojín a la política de ataque y financiamiento vía voucher, por lo tanto en la razonamiento mercantilista de la ofrecimiento y la demanda, lo que no cambiaría, “en estricto rigor” el principio mercantilizador impulsado en la reforma de 1981 y profundizado durante el período concertacionista.

Según la diestro en educación superior de Fundación Crea, Marjorie Cuello, la reforma del 81, “no pretendía masificar las universidades, sino la educación técnica e IPs, y la masificación de las universidades se dio en los 90, es más, entrado en los dos mil, entonces la masificación de las políticas universitarias nunca ha sido una prioridad de la derecha, históricamente”.

Una partidura similar, sigue el investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, quien asegura que “esta forma de entender la gratuidad reproduce la misma lógica que ha orientado el financiamiento en la educación superior desde los 80 en adelante: profundizar el financiamiento a la demanda tanto a instituciones públicas como privadas, por sobre el apoyo directo para la refundación y expansión de la educación superior pública”. Bajo esa premisa, “la gratuidad así entendida se encamina mucho más a pagar la cuenta del mercado que a superarlo. El horizonte de la “educación pública, gratuita y de calidad” se desplazado por un extraño horizonte de una suerte de “mercado gratuito” que no tiene mucho parangón en el mundo”, ya que los sistemas gratuitos en el mundo, en común, son “sistemas de composición hegemónicamente pública”, recalca el diestro.

La propuesta

El programa de Sebastián Piñera -inicialmente- establecía la creación de un “sistema solidario de acceso a la educación superior, que mantendrá la gratuidad e incorporará becas y un nuevo sistema de créditos estatales que reemplazará al CAE. Junto a ello, enfatizaremos la calidad modernizando integralmente la institucionalidad que la cautela y daremos un decidido impulso a la ciencia y la investigación”.

El documento recalca que las políticas públicas actuales, como en la gratuidad implementada en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, “persisten discriminaciones arbitrarias entre estudiantes de igual vulnerabilidad y mérito académico en razón de las instituciones educacionales que eligen. Además determina “la necesidad de potenciar la educación técnico-profesional y las universidades regionales, planteles que requieren planes de acción acordes a sus particularidades”.

El investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, quien asegura que “esta forma de entender la gratuidad reproduce la misma lógica que ha orientado el financiamiento en la educación superior desde los 80 en adelante: profundizar el financiamiento a la demanda tanto a instituciones públicas como privadas, por sobre el apoyo directo para la refundación y expansión de la educación superior pública”. Bajo esa premisa, “la gratuidad así entendida se encamina mucho más a pagar la cuenta del mercado que a superarlo. El horizonte de la “educación pública, gratuita y de calidad” se desplazado por un extraño horizonte de una suerte de “mercado gratuito” que no tiene mucho parangón en el mundo”, ya que los sistemas gratuitos en el mundo, en militar, son “sistemas de composición hegemónicamente pública”, recalca el doble.

En segunda dorso, se sumó la política de gratuidad hasta un 90% focalizada en IPs y CFTs, adicionalmente de la creación del sistema solidario de entrada a la educación superior y la modificación al CAE. El diputado UDI, Jaime Bellolio, miembro de la comisión de educación de la Cámara y vocero del comando de Sebastián Piñera, es enfático en señalar que “no hay un cambio de discurso” y que esta política es muy distinta a “que se gasten 1.300 millones de dólares en el 20% de los sectores de mayores ingresos”.

Explica que se mantendrán las exigencias que la flagrante gratuidad exige para las universidad, IPs y CFTs, que se constituyan como instituciones sin fines de interés y cumplan con los abriles de justificación frente a la CNA. Pero, recalca que “hay que mejorarlo”, ya que el contemporáneo sistema obligaría a las instituciones a designar entre entrar a la gratuidad o amparar la calidad. El parlamentario asegura que el gobierno adornó las reformas “como un derecho social, pero lo que hicieron fue eliminar el arancel de diferencia, y las universidades asumieron el costo, lo que genera un déficit”. “Se nota que quienes crearon el sistema lo hicieron con el fin de controlarlas”, agrega.

Esta gratuidad focalizada en el sector técnico superior se justificaría porque es en éste segmento donde “están la mayor cantidad de estudiantes”. Adicionalmente, según el diputado Bellolio, esta medida sería una forma de compensar al sector, ya que en el primer año de la gratuidad el gobierno dejó fuera a los IPs y CFTs , sumado a que “hay un incentivo para tener más profesionales técnicos en los próximos años” y esta política “no produce un déficit permanente entre el arancel real”.

Finalmente, Bellolio explica que durante el próximo gobierno se avanzaría hasta el 70% de los estudiantes más vulnerables, y que pensando en un próximo ciclo presidencial se ampliaría hasta un 90%.

La chiquillada por medio del TC

A pesar de que el diputado Jaime Bellolio asegura que los términos en los cuales hoy se entrega la gratuidad “no serán tocados”, la revisión por parte del Tribunal Constitucional, de los requisitos para IPs y CFTs de ser instituciones sin fines de provecho, abre la posibilidad de que, al igual que en 2015, se declaré este requisito como una política “discriminatoria” con los estudiantes, principalmente porque actualmente, por ley, estos centros educacionales pueden lucrar.

Cerca de memorar, que en el año 2015 el Tribunal Constitucional calificó como “discriminatorio y arbitrario” el diseño de gratuidad que planteaba el Gobierno a contar de 2016, el cual dejaba a los centros de formación técnica e institutos profesionales fuera de la política de gratuidad, argumento que ha sido noble por los parlamentarios de derecha durante toda la tramitación de una de las principales políticas educacionales impulsadas por el gobierno de Michelle Bachelet.

Ámbito Kremerman, investigador de Fundación Sol, y autor del estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar”, recalca el hecho de que el sistema de educación técnico profesional es en su mayoría un maniquí manejado por instituciones privadas, compensación que se rompió sólo al incorporar la red de nuevos IPs y CFTs estatales. “Aquí estamos estableciendo una anomalía en términos de políticas públicas, que es una gratuidad de mercado, para privados. Termina haciendo que el negocio de los IP y CFT termine siendo asistido por el Estado. Tu vas a tener un negocio cautivo, en la medida que el DUOC y el Inacap, que son los captan mayor cantidad de matrícula, más el grupo Santo Tomás, se hagan cada vez más grandes, gracias a políticas estatales como el CAE y la gratuidad, por eso para  Sebastián Piñera es mucho menos traumático y coherente fomentar la gratuidad para este segmento de matrícula de la educación superior”.

Otra razón, por la que este cambio en la estría de Sebastián Piñera sería menos traumática para la derecha, reside en el hecho de que  “la inversión en CFTs e IPs es menor que en una carrera universitaria, duran dos años y medio, o menos; por lo tanto, en términos de inversión para formar personas que salgan a trabajar en el mundo laboral, es objetivamente más pequeña”, agrega la doble Marjorie Cuello.

Añade, que “hay todo un discurso pseudo técnico de la derecha, que dice que faltan trabajadores técnicos, lo que es real, pero los sueldos de los trabajadores técnicos son bajos, por lo tanto los jóvenes terminan estudiando igual la ingeniería”. Adicionalmente, “CFTs e IPS, aunque sean estatales, no son instituciones complejas, sino que docentes; por lo tanto, el financiamiento de la gratuidad es objetivamente más barato, porque el arancel es más barato”, consigna la experta en educación superior.

Finalmente, para el investigador de Nodo XXI, José Miguel Sanhueza, la propuesta de Sebastián Piñera “es muy expresiva de cómo se ha desfigurado en estos años en el debate público” respecto a la demanda de gratuidad. Explica que “el actual Gobierno procesó la gratuidad como una beca para el estudiante”, y la “propuesta de Piñera entonces se inserta plenamente dentro de esa lógica”. Agrega, que la tilde impulsada por la derecha se desentiende “de las características de la plataforma institucional de ese sector, marcada por la desregulación absoluta, la inexistencia (hasta el próximo año) de ofrecimiento pública y la proliferación de instituciones con fines lucrativos. No dice carencia en definitiva de muchas de las razones que han condenado por décadas a la educación superior técnico-profesional a ser entendida como una especie de “pariente pobre” de la educación universitaria”.