La Iglesia desata batalla legal entre poderosos estudios de abogados por demanda contra el Arzobispado de Santiago

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Para este lunes en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, estaban programados los alegatos del proceso en que el Arzobispado enfrenta una demanda por doscientos millones de dólares. Prácticamente cuatro abriles de disputa sumarial que parecieron proyectar zanjados en enero de este año, cuando un sentencia de primera instancia rechazó la demanda contra la entidad eclesiástica.

Sin confiscación, los alegatos, donde las partes desplegarían sus argumentos a privanza y en contra, no se realizaron, conveniente a que el tribunal ordenó que se lleve delante un procedimiento adicional, por lo que el enfrentamiento en lo que parece la recta final de un proceso en el que incluso declaró el Prelado Ricardo Ezzati, deberá esperar.

El agricultor millonario

Pero la historia se remonta cerca de mediados de los abriles 70 cuando el agricultor Juan Luis Undurraga Aninat, se casó a los 49 abriles con Ana María Fernández Valdés, viuda y madre de ocho hijos. Undurraga fue un próspero terrateniente que hizo fortuna a partir del fundo La Puntilla, heredado de su clan paterna y a partir del cual creó inmediato a otro socio la cooperativa lechera Soprole, a mediados de los abriles cuarenta. Con el tiempo los socios entraron en disputas comerciales, que dejaron a Undurraga como capitalista minoritario de Soprole, pero con un respetable 43% del total.

Con su esposa Ana María Fernández, tuvo un hijo con Síndrome de Down, Juan Luis Undurraga Fernández. Los dos figuran como las personas naturales que demandaron al Arzobispado en octubre de 2013.

Pero el agricultor, que adicionalmente fue corregidor de El Monte y férreo contrario a la Dispositivo Popular, en 1988 hizo su testamento mediante el cual expresaba su voluntad de dejar todos sus posesiones a la Iglesia Católica, a través de la Fundación Isabel Aninat (bautizada así en memoria de su madre) y que fue formada dos abriles antiguamente con la ayuda de monseñor Sergio Valech. En delante personas de la iglesia como monseñor Cristián Precht o el ex sacerdote Rodrigo Tupper han formado parte del directorio de la institución, dedicada a suscitar proyectos de inclusión para niños con Síndrome de Down y que Undurraga pensó como una plataforma para atender las evacuación de su hijo.

En el testamento, Undurraga demostraba que el alianza con Ana María Fernández no terminó aceptablemente. Le pedía que devolviera el anillo de brillantes que le había regalado mientras estuvieron juntos, desde 1973 a 1977.

Desheredados

Por eso, para el abogado Raúl Lecaros Zegers, que representa a Fernández y su hijo, la forma como en la ejercicio se estructura esta donación a la Iglesia, es una forma estafa de desheredarlos a entreambos.

Pero el agricultor, que adicionalmente fue corregidor de El Monte y férreo rival a la Pelotón Popular, en 1988 hizo su testamento mediante el cual expresaba su voluntad de dejar todos sus riqueza a la Iglesia Católica, a través de la Fundación Isabel Aninat (bautizada así en memoria de su madre) y que fue formada dos abriles antaño con la ayuda de monseñor Sergio Valech. En delante personas de la iglesia como monseñor Cristián Precht o el ex sacerdote Rodrigo Tupper han formado parte del directorio de la institución, dedicada a crear proyectos de inclusión para niños con Síndrome de Down y que Undurraga pensó como una plataforma para atender las deposición de su hijo.

Lecaros, quien fue abogado ingrediente de la Corte Suprema, y decano de Derecho en la Universidad Católica dice que la voluntad de traspasar sus capital a la Iglesia, a cambio de una renta vitalicia, se hizo a través de “contratos simulados” afirma, pues existen otros mediante los cuales Undurraga devolvía el capital correspondiente. Otro de los argumentos de Lecaros para impugnar el acuerdo con el que la Fundación se quedó con el importante paquete accionario de Soprole, que vendió en 2008, es que la entidad es una corporación de “Derecho canónico” que formó Monseñor Valech pero que no está hecha con las condiciones que exige la ley chilena en estos casos. Para Lecaros “La fundación legalmente no existe, es una entelequia”.

En el proceso han participado abogados de los estudios más requeridos de la plaza. Como el propio Lecaros, casado con la periodista de El Mercurio Blanca Arthur y socio del estudio Villarroel, Lecaros, Aste y Baraona. Lecaros estuvo entre los abogados que redactaron las Leyes Orgánicas Constitucionales durante la dictadura.

En 1992 cuando los demandantes y la Iglesia llegaron a un acuerdo extrajudicial el abogado que representó a los actuales demandantes, fue José María Eyzaguirre, abogado de Venerable Pinochet y uno de los que redactó parte de la Constitución de 1980. Precisamente el capítulo relacionado con el derecho a propiedad. En ese acuerdo, la viuda de Juan Luis Undurraga habría recibido una suma cercana a los US$8 millones

Los cercanos a Pinochet

Pero las acciones de Soprole que le correspondían por herencia, según Lecaros considerando los intereses podrían suponer cerca de los US$400 millones, teniendo en cuenta encima, un paquete de acciones de la filial de Soprole, Prolesur, donde la Fundación Isabel Aninat tenía un 16%.

En una etapa original de la presente demanda, asimismo estuvo el abogado Héctor Riesle, quien fue embajador de Pinochet en el Vaticano. Su conocimiento de la curia podría ayudarlo a convencer a Ezzati de ganar a un arreglo antiguamente de establecer la demanda. Pero finalmente eso no se concretó.

En el otro edicto, todavía hay poderosos abogados del foro, como Álvaro Ortúzar Santa María, práctico en derecho civil, consultado por bancos y distintas empresas como Ariztía a quien representó en el caso de “colusión de los pollos”. Autor de diversas publicaciones, profesor de las universidades de Pimiento y Católica entre otras. En este caso Ortúzar representa al Arzobispado, y en su equipo igualmente está Cristián Boetsch, uno de los abogados más reconocidos de la engendramiento sub 40.

Ellos prefieren “no litigar por la prensa” por lo tanto optaron por no referirse al proceso. Aunque saben que es un enfrentamiento entre prominentes abogados de la plaza. Estos estudios figuran en los últimos ránkigs al menos entre los cinco mejor evaluados por sus pares y los clientes.

En el medio, está el estudio Corregidor y Cia, que no está entre los litigantes pero a los que pertenece Enrique Corregidor Undurraga, hijo de Pilar Undurraga, prima hermana de Juan Luis Undurraga. Este abogado a la asesinato de su padre, quien fue director y presidente de Soprole, se hizo parte de la Fundación Isabel Aninat, que entre otras cosas ha financiado la construcción de escuelas en comunas periféricas de Santiago.

Corregidor Undurraga fue uno de los inversionistas privados del Diario La Nación, que con los dividendos por la cesión y la cómputo de los fondos, durante el gobierno antedicho, obtuvo casi $7 mil millones a posteriori de deber invertido $16 millones en septiembre de 1991.

La salida de los demandantes

Desde los demandantes apelaron al sentencia de primera instancia, dictado por la ministra de fuero (conveniente a la investidura de Ezzatti, que representa al Arzobispado) Maritza Villadangos. En esta sentencia, entre otras cosas, se consigna que los hechos están prescritos, que los hechos ya fueron resueltos por el acuerdo de 1992, descuido de “legitimación activa y pasiva” que quiere proponer que la viuda no puede demandar y que el demandado no puede ser el Arzobispado, respectivamente.

Sin confiscación fue acogido el medio de casación presentado por los demandantes en almohadilla a que ninguna de las “excepciones” incluidas en la demanda fueron incluidas en el desacierto de primera instancia. Estas son entre otras, que las partes que suscribieron el acuerdo del ’92 son distintas a la demandada de hoy, que la Fundación no fue formada según los requisitos que manda la ley, y por lo tanto “no existe” y siquiera considera que el Código Civil consigna que existen “herederos forzosos” en este caso, la viuda y su hijo y sólo una parte de la herencia puede ser de rescatado disposición.

De cualquier guisa, se calma que escasamente se resuelva el memorial, en el que la Fiscalía de la Corte de Apelaciones debe pronunciarse, comiencen los alegatos y sean un enérgico despliegue de conocimiento forense. Por lo demás, el fortuna en engranaje no es poco.