La letra muerta de la Ley Araucanía: el guiño a la derecha del Gobierno que no incluyó al pueblo mapuche

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La denominada Ley Araucanía ha pasado sin pena ni goce por el Congreso. El plan es resultado de casi cuatro abriles de trabajo en la Región de La Araucanía, en las mesas de diálogo levantadas por el Gobierno y dirigidas por el subsecretario Mahmud Aleuy.  Tiene como objetivo hacerse cargo del ámbito crematístico de la salida al conflicto mapuche, presente en la región, pero prácticamente “nació muerto”, aseguran en la bancada oficialista.

A pesar de que el ministro del Interior, Mario Fernández, la ha agradecido como una de las medidas materiales para el avance “global en el conflicto”, la iniciativa lleva casi un mes sin ser tramitada en el Parlamento. Fue ingresada a principios de octubre, en medio de la crisis en La Moneda, por las inesperadas asueto del subsecretario Aleuy.

Dicho ingreso fue retrasado en innumerables ocasiones por el Ejecutor. Tardó meses para que se concretara, incluso posteriormente de que la misma Presidenta Michelle Bachelet lo anunciase, el mismo día en que pidió perdón al pueblo mapuche, por la responsabilidad del Estado chileno en el conflicto. Finalmente, al ser ingresado al Congreso, no causó ningún revuelo, es más, la gran mayoría de los parlamentarios oficialistas ni siquiera han instruido su contenido. Algunos se han justificado señalando que a principios de octubre la contingencia se centraba en la huelga de deseo de los comuneros en prisión preventiva por el caso Iglesias y en la denominada ‘Operación Huracán’, que terminó con ocho dirigentes mapuche en prisión preventiva y formalizados bajo la Ley Antiterrorista, los que posteriormente fueron puestos en soltura por la Corte Suprema.

La idea diferente de ley era despabilarse el fortalecimiento de un “proceso económico que ayude a potenciar la región en función de su multiculturalidad”, idea que –según parte de la bancada oficialista– fue dejada a un flanco en medio de las negociaciones, principalmente cuando las principales organizaciones mapuche abandonaron el diálogo. “Desde allí quedó la oposición a cargo del espacio y se formuló un negociado entre los diputados de la derecha y el Ministerio del Interior”, afirman desde la Cámara Herido.

Es más, fueron pocos los parlamentarios oficialistas que se dieron por enterado de su ingreso y solo la examen se refirió a su contenido al darse a conocer a la opinión pública. Ni siquiera asistió al Congreso un representante del Ejecutor para dar cuenta de que había sido ingresado y, hasta ahora, el esquema no ha pasado ni a la Comisión de Gobierno Interior ni a la Comisión de Hacienda.

“Una muestra más de la inoperancia del Gobierno en materia del conflicto mapuche”, plantean desde la bancada oficialista, desde donde señalan que el contenido de la iniciativa dejó totalmente fuera las demandas ancestrales del pueblo mapuche en la zona, a la vez que siquiera logra dar con la reactivación económica de la región más insuficiente del país.

Una historia que parece rememorar el curso de la denominada Consulta Indígena, hermana de la Ley Araucanía, la que ha sido criticada por la marcha de conceptos esencia como plurinacionalidad, interculturalidad, territorialidad y autonomía, y que se halla en consulta. Hasta es comparada con los anuncios de modificación de la Ley Antiterrorista, efectuados por el ministro Fernández.

Para Juan Carlos Reinao Marilao, corregidor de Renaico y presidente de Amcam, esta ley solo ayuda suministrar “la desconfianza hacia el Estado de Chile”, al tiempo que sostiene que el proceso ha construido una “ley excluyente, que tiene un pecado de origen, puesto que se construyó sobre una sola mirada. Los mapuche no hemos sido considerados en su formulación, faltando incluso una consulta y participación informada, consagradas en el Convenio 169 de la OIT”.

Una ley sin adoquinado político

El esquema rebusca redistribuir $295.315 millones en La Araucanía para el año 2018. Nace con el fin de impulsar el sector crematístico al interior de la región, encima de dar facilidades para soluciones habitacionales a comunidades que estén integradas por miembros del pueblo mapuche. Las cifras de la precariedad en La Araucanía son conocidas: es la región más precarizada del país. En sorpresa, posee el índice de pobreza más detención en Pimiento, un 27,9% en el año 2015. Es más, “un 13,9% de los hogares no dispone de agua potable o no accede a un adecuado sistema de eliminación de excretas, en contraste con el promedio nacional de 3,6%”, destaca el esquema.

El esquema investigación redistribuir $295.315 millones en La Araucanía para el año 2018. Nace con el fin de impulsar el sector crematístico al interior de la región, encima de dar facilidades para soluciones habitacionales a comunidades que estén integradas por miembros del pueblo mapuche. Las cifras de la precariedad en La Araucanía son conocidas: es la región más precarizada del país. En impresión, posee el índice de pobreza más suspensión en Pimiento, un 27,9% en el año 2015. Es más, “un 13,9% de los hogares no dispone de agua potable o no accede a un adecuado sistema de eliminación de excretas, en contraste con el promedio nacional de 3,6%”, destaca el plan.

El denominado “Plan especial de inversiones para el desarrollo regional y territorial de la Región de La Araucanía” es parte de un esquema más amplio, que “contiene iniciativas de reconocimiento político y cultural de los pueblos originarios” y la “reparación a las víctimas de la violencia rural”, especifica la iniciativa. El mensaje presidencial considera que el plan de ley “es un paso decisivo para enfrentar una larga historia de brechas sociales y conflictos culturales que afectan a la Región de La Araucanía, a sus habitantes y comunidades Mapuche”. Encima de establecer que su principal objetivo es “enfrentar la larga historia de desencuentros y postergación que afecta a la región”.

Uno de los principales principios que se destacan es que la viejo parte de las iniciativas “están en marcha y dependen exclusivamente de la reorganización de presupuestos públicos”, punto que ha provocado críticas de la concurso, ya que no contemplaría la inyección de más posibles públicos, lo que ha sido calificado como “un intento insuficiente” por los diputados de Pimiento Vamos de la región.

El plan crea un “Plan Especial Araucanía”, el acercamiento preferente a subsidios y programas ya existentes en la región, encima de la entrega de subvenciones y subsidios para los programas habitacionales autorizados “a las comunidades y asociaciones indígenas siempre que a lo menos un 50% de sus integrantes sea indígena”. Asimismo, establece que “la Comisión Nacional de Riego podrá definir programas especiales para agricultores que cumplan determinados requisitos”.

Contempla la creación del Instituto Regional de Asociatividad y Posesiones Social de La Araucanía, “que tendrá por objeto el estudio y la promoción del desarrollo de la asociatividad empresarial y la innovación social (…) para fortalecer el carácter multicultural de la región”. Finalmente, considera la coexistentes de incentivos tributarios especiales para las empresas que trabajen en la región, que estén ubicadas en las comunas más pobres y cuyos ingresos provengan al menos en un 50% de actividades de turismo, con el fin de incentivar este rubro en el sector.

Pese a que desde los sectores más progresistas señalan que el esquema es un guiñada para la derecha, la premisa de que es una iniciativa para “ponerle un check en la inventario al programa” de la Nueva Mayoría, tiene el respaldo de la concurso. En sorpresa, según el diputado RN Diego Paulsen, “cuando un Gobierno sabe que no va a ser reelecto empieza a presentar proyectos solo por cumplir a la ciudadanía”. Al momento de su ingreso, tildó al esquema de “insuficiente”, ya que “no inyecta la cantidad de recursos necesarios para poder dar solución real a las necesidades de nuestra región”.

Añadió que la iniciativa no aborda una opción para “los temas de seguridad pública. No podemos pensar que empresas vayan a optar por los beneficios de exenciones tributarias, si no hay seguridad pública”. Por otra parte, la simplicidad de los puntos tratados y desliz de contundencia, todavía han sido un problema, principalmente porque el trabajo prelegislativo duró tres abriles. “El gobierno nos dio la espalda y entrega una ley insuficiente, con pocos recursos, una ley mañosa”, agregó el diputado RN.

Para su par Germán Becker, un punto conflictivo es la desatiendo de fortuna adicionales para la región. “Los recursos incluidos son para redistribuir recursos, no va a haber ningún incentivo adicional”. Respecto a la franquicia tributaria, causa molestia el hecho de que se aplique solo para casos de empresas que reciban al menos el 50% de sus ingresos por el rubro turístico, lo que –a pleito del parlamentario– “acota mucho el tema. Además yo creo que el incentivo tributario no alcanza para lograr que las empresas vayan a invertir a la región, porque tiene altos índices de violencia”.

El punto de los beneficios tributarios incluso es criticado por el mundo mapuche, desde donde aseguran que es solamente una “compensación económica a latifundistas” dueños –de origen teutónico– de tierras ancestrales. Un beneficio para “las mal llamadas víctimas del conflicto”. Señalan que “aquí no hubo ninguna conquista para el pueblo mapuche. En este diálogo de sordos con el Estado chileno, todo sigue igual”. Encima, aclaran que el espíritu llamativo de esta ley “siempre fue revisar la compra a través de la Conadi, lo que no fue cursado”; siquiera se incluyó la inyección de fortuna directos para iniciativas que provinieran del pueblo mapuche.

Beneficios para las grandes forestales

Otro punto de conflicto que ha izado ruido al interior del oficialismo, adicionalmente del bajo respaldo a la iniciativa, es la permanencia de los beneficios tributarios para las forestales, a través del Decreto Ley 701 y su artículo N°20. Este, a pesar de que ya no incluye subsidio a la reforestación por parte de las forestales, sí mantiene un beneficio tributario, que ha presbítero desde la dictadura a las grandes empresas del rubro en la región.

El diputado Fuad Chahin (DC) ha condicionado su respaldo al plan, sobre la almohadilla de que la modificación de este artículo sea incluido en la denominada Ley Araucanía. Durante los primeros abriles de Gobierno y en la etapa prelegislativa del esquema, se planteó en distintos espacios la menester de adecuar el decreto de ley, para que las grandes forestales no sigan recibiendo el beneficio tributario y que este incluya sólo a las comunidades mapuche –que ya son beneficiadas– y los pequeños agricultores, que actualmente no son incluidos por el decreto.

En términos de rebaja, según la Conaf, entre 1998 y el año 2014 se destinaron más de 450 millones de dólares de parte del Estado, de este monto solo un 6% fue percibido por grandes empresas, un 45% fue a la mediana y un 49% a la pequeña empresa. Desde la aplicación del decreto, entre los abriles 1974 y 2014, los grandes propietarios lograron forestar –principalmente con bosques artificiales– un 47% de las hectáreas totales; los medianos propietarios, un 38%; y los pequeños, un 15%.

Según el diputado Chahin, el ex subsecretario Alejandro Micco, en el ámbito de la discusión de la Reforma Tributaria, planteó que se gravara con el impuesto territorial o contribuciones a las empresas forestales, que están exentas en el decreto ley. En contrapartida, se incluiría en la exención tributaria a todos los campesinos que son usuarios de Indap, en resumidas cuentas, “que las forestales pagaran sus contribuciones, y los pequeños propietarios no (…). En mi región las comunidades indígenas no pagan, las forestales no pagan, entre una comunidad y una forestal puede haber un parcelero no mapuche, que sí tiene que pagar”.

Finalmente, la modificación no se realizó, ni siquiera en la Ley de Rentas Regionales, ya que nunca se ingresó. El diputado afirma que, durante la tramitación de la Ley Araucanía, los ministerios de Hacienda e Interior solo dieron excusas “vacías” sobre su no inclusión. Cerca de señalar que actualmente las forestales no tienen subsidio a la forestación, “pero sí tienen este beneficio tributario”. Exención tributaria que tiene a los municipios del sector sin acoger tributos por cerca de 9 millones de hectáreas plantadas por parte de las grandes forestales.

A pesar de que el DL 701 fue extendido en el Gobierno de Sebastián Piñera hasta el año 2018, y hubo un compromiso por parte de la Nueva Mayoría de no ampliar su ejecución, a principios del mandato de Michelle Bachelet hubo un intento por revivirlo, iniciativa que actualmente se encuentra congelada en el Congreso. “Una verdadera arma cargada, heredada de la dictadura, de la que no nos hemos hecho cargo”, asegura un parlamentario del oficialismo.