La Moneda salva a Solange Huerta de sumario por negligencias y deja caer a Blanco en caso Sename

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Para el gobierno Solange Huerta, ex fiscal y desde julio del año pasado, directora del Sename, no es un nombre que sea como el de cualquier otro patrón de servicio. En primer sitio, su historia de vida representa buena parte de los títulos que impregnan el relato de la Nueva Mayoría. Hija de un carpintero y de una dueña de casa que tuvieron 9 hijos, a pesar de las carencias económicas, logró con esfuerzo y buenas notas, ingresar a la escuela de Derecho de la Universidad de Pimiento en 1987. Aunque no fue dirigente, sino una activa militante de almohadilla pintando lienzos y participando en foros y tomas de la universidad, perteneció a la corriente del Partido Socialista que encabezó el ex Canciller de Más allá, Clodomiro Almeyda, antecedente directo de la Nueva Izquierda, la grupo más influyente del socialismo en los gobiernos de la Concertación, presente, Nueva Mayoría.

Presindencia política como fiscal

“Cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es desempeñar el derecho al voto. Y esa valentía la tomé hace 15 abriles”, dijo en una entrevista a El Mercurio cuando dejó de ser Fiscal Regional de la zona Oeste.

En objeto, ingresó a la institución en 2000, a la par de la implementación de la Reforma Procesal Penal. Su destino original fue la fiscalía de Illapel. En 2004 simbolizaba el dificultoso avance de las mujeres a puestos de primera lista transformándose en la primera mujer que era nombrada jefa de una fiscalía. Huerta quedó a cargo de la fiscalía en Melipilla, donde estrechó lazos con el entonces superior de la zona oeste, Sabas Chahuán. En su camino a la Fiscalía Doméstico, Chahuán no dudó en nombrarla a ella como su sucesora.

“Sí, soy ambiciosa y quiero más cosas, pero siempre a este término se le da una connotación negativa. Creo que las mujeres tenemos que ser más ambiciosas. A los hombres no se les cuestiona por serlo y a las mujeres en cambio les provoca tropiezo”, afirmó en una entrevista.

La marca del 27F y Penta

Llevaba dos abriles como Fiscal Regional Oeste cuando la nombraron, un par de semanas posteriormente del terremoto del 27 de Febrero de 2010, a cargo de investigar la causa penal más importante por aquellos días y que tenía en la mira ni más ni menos al gobierno de Bachelet, por las responsabilidades que pudo ocurrir tenido en torno a la fallida alerta de tsunami que dejó 156 muertos y 24 desaparecidos.

La causa, advirtió Chahuán en su oportunidad, sería investigada por Huerta en tiempo récord, seis meses fue la desafío. A la plazo ya han pasado 7 abriles, la causa aún sigue válido.

Una de las actuaciones que de inmediato llamó la atención del bacheletismo -entonces fuera del gobierno- fue la osadía que tomó respecto de Michelle Bachelet en el caso. Huerta, resolvió no imputarla posteriormente de determinar que no tenía responsabilidades, a pesar de estar ese día en la Onemi, conexo a algunas de las ocho personas que fueron imputadas.

Huerta llamó siempre a Bachelet a prestar declaraciones en calidad de testimonio.

Según varias fuentes consultadas Huerta es cercana a la jefa de salita de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, a raíz de “relación circunstancial, pero cercana” que se creó con la Presidenta a partir de las ocasiones en que ha permanecido a solas con ella, partiendo por las dos veces que la interrogó como declarante del caso tsunami en su casa, en el verano de 2013.

La ex fiscal explicó su atrevimiento detallando que “en la primera etapa, cuando determinamos que acá podía poseer delito, y partimos definiendo responsabilidades, lo primero que hicimos fue estudiar los cuerpos normativos, dónde estaban las responsabilidades. Y estas se radicaban desde el ministro del Interior con destino a debajo. La Presidenta no está interiormente del Plan de Protección Civil”, explicó. Esta atrevimiento, que la llenó de críticas desde la derecha que le recordó continuamente su pasado socialista, fue crucial para que Bachelet postulara nuevamente a la Presidencia sin el rótulo de “imputada” en una causa de ingreso connotación pública.

En 2015 otra atrevimiento procesal de Huerta ayudaría a descomprimir un problema para La Moneda. En febrero de ese año la abogada, en calidad de Fiscal Doméstico subrogante, decide separar las causas que componían el Caso Penta y sacar de la investigación de la arista SQM, que involucra a la Nueva Mayoria, al fiscal Carlos Gajardo, creador de la indagatoria que dejó a dos controladores del conglomerado cumpliendo prisión preventiva. En su ocupación nombró al fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS, Carlos Montes, quien fue uno de los primeros en pelar la medida calificándola de “inadecuada”.  Para calmar las aguas, y dar muestras de independencia, el entonces Fiscal Doméstico, Sabas Chahuán terminó  asumiendo el control de la investigación.

Rol en el Sename

Según varias fuentes consultadas Huerta es cercana a la jefa de junta de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, a raíz de “relación circunstancial, pero cercana” que se creó con la Presidenta a partir de las ocasiones en que ha permanecido a solas con ella, partiendo por las dos veces que la interrogó como declarante del caso tsunami en su casa, en el verano de 2013.

Tras dejar la fiscalía y el caso Shoa sin mayores responsables, convirtiéndose en un fracaso de su administración, Huerta, tuvo un breve paso por la Pelotón de Víctimas y Testigos hasta que se gestó la renuncia al Sename de Marcela Labraña, por sus desafortunadas declaraciones sobre las causas de homicidio de la pupila Lissette Villa y a posteriori la salida del posterior director Hugo Herrera y pusieron su nombre para aceptar la dirección del Servicio Doméstico de Menores, en julio del año pasado.

Se le considera legal a la mandataria.

Por eso, se encendieron las alarmas en La Moneda cuando hubo mensaje de que la comisión “Sename II” de la Cámara de Diputados estaba cerca de conseguir a sus conclusiones, luego de meses en trabajo de fiscalización. En un goma propuesto por el diputado René Saffirio ponía de guisa explícita la responsabilidad de la Dirección Doméstico del Sename, en la omisión de denuncias al Empleo Manifiesto en algunos casos que involucraban explotación sexual de menores, prohijamiento presuntamente ilegal y apremios ilegítimos en algunos hogares dependientes de la institución a través de organismos colaboradores.

“Esta comisión quiere dejar constancia de su preocupación por la aparente laxitud con la que los funcionarios del Servicio, y en particular la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales interpretaron su obligación de denuncia de hechos constitutivos de delitos de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, al tenor de lo que señala tanto el artículo 175 del Código Procesal Penal como el literal k del artículo 61 del Estatuto Administrativo, así como de muchos Organismos Colaboradores a lo largo del país”, asegura el paño propusto por el diputado ex DC.

Blanco por Huerta

El documento alude a Huerta y Javiera Blanco cuando afirman que “las autoridades del Servicio (así como las del Ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño hace más de 20 años, está obligado a tomar “todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato (…) Finalmente, esta Comisión concluye que no es efectivo lo afirmado por la Directora en torno a carecer de instrumentos o facultades legales para ejercer de manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales que la ley establece, constatando, entre otras fallas, la utilización excepcionalísima de las facultades de intervención y administración provisional directa que la ley le confiere”, consigna el texto.

El documento es evidente al afirmar que “es del caso señalar que a pesar del poco tiempo que lleva a cargo del Servicio la actual Directora del Sename, Solange Huerta; las irregularidades persisten y la posibilidad que esta pusiera fin al cuoteo político y al secuestro del Servicio de la acción de los partidos parece algo imposible”. Y finalmente recomienda un sumario para Huerta.

“Oficiar al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General de la República la realización de un sumario a la Directora Nacional del SENAME, doña Solange Huerta, por la responsabilidad funcionaria que le cabe a ella y demás funcionarios públicos, respecto de conocer la situación del empozamiento de fondos, como señaló ante esta Comisión, sin haber realizado actividad alguna para terminar con dicha situación contraria a las normas de la ley de subvenciones y su reglamento”.

Este documento ya estaba en conocimiento de La Moneda desde la semana pasada, donde el revuelo en la prensa fue causado por el supuesto “blanqueo” que denunció Saffirio y parlamentarios de concurso, en el hecho de que no se nombrara como responsables a la ex directora, militante DC Marcela Labraña, y a la ex ministra de Conciencia, Javiera Blanco, contemporáneo consejera del CDE.

Hasta el jueves pasado, sin bloqueo figuraba la petición de un sumario contra Solange Huerta. Pero cercanos al gobierno aseguran que fue equitativamente la fiscal quien despertó la preocupación en La Moneda.

El interés por no involucrar a Huerta, con nombre y patronímico logró influir en la valentía de elegir el crónica final, donde la ex fiscal no aparece mencionada. A cambio la trámite de Javiera Blanco en Probidad es consignada como “negligente e inexcusable” en el documento que se aprobó por 12 votos a patrocinio y uno en contra. Los consultados al interior de La Moneda, afirman que este cambio se produjo en el entendido de que “Blanco y Labraña políticamente ya están fuera de combate”, afirma una fuente. De esta forma, tanto los parlamentarios de la Nueva Mayoría como de Pimiento Vamos votaron en sillar por un referencia que no establece responsabilidades directas a ninguna persona, excepto la mención a Javiera Blanco.

“Aquí hubo un esfuerzo importante primero de los diputados de la Nueva Mayoría por proteger a las autoridades de gobierno. Particularmente a la directora del Sename. Y por parte de la derecha de proteger el negocio de los organismos colaboradores. Los niños quedan al medio de estos dos intereses”, dice el diputado René Saffirio.

Por su parte, Marcela Sabat (RN) que incluso integró la comisión, asegura que lo que se hizo en forma constante y permanente fue un coraza a todas las autoridades. Se viene haciendo desde la interpelación a Blanco. Dejamos constancia que aquí había una discusión de fondo, que tiene que ver con la defensa y con el plancha a las autoridades de la Nueva Mayoría. Lamentamos que se haya excluido la responsabilidad de la ex directora Labraña, como el de la directora Huerta. En ese sentido hay una contraposición de ideas cuando se solicita al Estado pedir perdón por la infracción de Derechos Humanos de estos niños, pero al mismo tiempo se excluye de responsabilidad a dos directoras que sabemos tuvieron esa responsabilidad”, afirma Sabat.

Pero no está dicha la última palabra, el documentación que sólo funciona como una recomendación para futuras acciones, todavía debe ser permitido en la sala de la Cámara, donde sus conclusiones pueden ser impugnada.

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