La otra arista del escándalo en Vitacura: trabajadores de organizaciones funcionales demandan al municipio por dejarlos «a la deriva»

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Vitacura ha estado en el centro de la polémica desde hace algunos meses por los hechos que involucran al exalcalde Raúl Torrealba, tras la solicitud de la flagrante alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), de investigar las subvenciones a los programas municipales, en los que se revelaron irregularidades que apuntan a la antigua establecimiento en el traspaso de fortuna a organizaciones funcionales, como VitaDeportes, VitaSalud y VitaEmprende. A Torrealba se le investiga por presuntos delitos de falsificación de utensilio privado, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.

De hecho, la misma alcaldesa Merino ha querido desligarse del pasado de Vitacura. Por eso, en su suministro, 26 funcionarios dejaron de prestar servicios entre el 30 de junio y el 1 de octubre de este año, convirtiéndose en la veterano renovación interna que experimenta la corporación edilicia en más de 20 abriles y que derivó en una serie de expectativas y asimismo ingresos.

Encima, hay otros que están a la «deriva»: es sostener, que desde que se destapó el escándalo de Torrealba y estas organizaciones funcionales, quedaron en la cero en sus puestos de trabajo. Si correctamente siguen contratados, no han recibido sueldo ni han ejercido labores. Al menos cuatro de ellos ya presentaron acciones legales contra la Municipalidad de Vitacura y algunas de las organizaciones en las que ejercieron labores. En concreto, el Consejo Específico de Deportes y la Estructura Comunitaria Práctico VitaDeportes, cuyo representante admitido era su exdirector, Domingo Prieto, hoy investigado por el Servicio Notorio por la arista Vitacura, solicitando la retención de los dineros en las cuentas bancarias que estén a su nombre.

En la demanda, piden que se acoja el despido indirecto, pues se «produce por causa de poseer incurrido el empleador en los hechos imputados en la carta de despido indirecto», y que se declare la inútil del despido, adecuado al no cuota de cotizaciones previsionales, adicionalmente del cuota de otras indemnizaciones.

«Todas las demandas hasta ahora presentadas tienen un objetivo popular, que es resolver que la Municipalidad de Vitacura creó todo un maniquí de sociedades para eludir y escamotear compromisos en materia de derechos laborales de los trabajadores. Se rebusca establecer que tanto los programas ‘Vita’ como el Consejo Tópico de Deportes funcionaban como un empleador único para todos los medios legales. Esta enunciación es de suma importancia, porque genera existencias no solo para los trabajadores sino todavía para todos los que se sientan afectados o tengan obligaciones pendientes con los programas Vita o el Consejo Nave», señaló el abogado Francisco Yáñez, quien representa a los demandantes, en conversación con El Mostrador.

Adicionalmente, agrega Yáñez, «se sondeo que se les paguen a los trabajadores las remuneraciones de los meses adeudados, las cotizaciones y sus correspondientes finiquitos». Precisamente, el señalado Domingo Prieto –según detalla el abogado– «se contactó con unos trabajadores para decirles que él les firmaba el finiquito, pero que los mismos trabajadores tenían que redactarlo».

Cerca de señalar que la Municipalidad no se ha contactado con los funcionarios, incólume para decirles «que serán reemplazados por funcionarios públicos».

Lea la demanda en el ulterior link.

La traducción de la municipalidad

El Mostrador se contactó con la Municipalidad de Vitacura para conocer su impresión por esta demanda, desde donde señalaron que «las denuncias de graves irregularidades ocurridas durante la administración municipal precursor y que hoy son materia de una investigación por parte del Ocupación Conocido por malversación de caudales públicos, falsificación de útil privado, fraude y exacciones ilegales, entre otros delitos, obligaron a esta nueva delegación a suspender las subvenciones que entregaba a algunas organizaciones funcionales conocidas como Vita –entidades privadas autónomas e independientes de la municipalidad– y a modificar otros organismos para avalar el buen uso y el viejo control de los fondos municipales. Dichas medidas fueron aprobadas unánimemente por el Concejo Municipal».

«Asimismo, esta agencia decidió entregar directamente a los vecinos, varios de los programas que dichas organizaciones prestaban. De esta forma se garantiza la continuidad de los servicios a los vecinos y, a la vez, se aumenta el habitual de control y rendición de dichos fondos públicos», añaden.

«El deber de esta filial es velar por el adecuado mejora de la comuna y sus vecinos, así como resguardar un correcto desembolso de los posibles municipales, que en gran parte son financiados por los propios vecinos a través del cuota de patentes comerciales, permisos de circulación y contribuciones”, cierran desde el señalado municipio.