La política en tiempos de pandemia

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Resulta innegable que el COVID-19 está conmoviendo tanto los cimientos del orden político mundial como las costumbres, las bases de poder y los usos de la política interna, prácticamente en todos los países. Es evidente que en las democracias es donde quedan expuestas de forma más nítida las fallas y errores en el manejo de la pandemia, y donde es posible conocer las tensiones entre ciudadanos y gobiernos en torno a los derechos civiles y políticos puestos en grupo. En cambio, donde campean sistemas autoritarios o derechamente dictaduras, la inexistencia del derecho ciudadano a opinar autónomamente deja todo en la opacidad de la manipulación oficial.

Pimiento no es una democracia perfecta, pero, aun con fallas de información, es posible opinar y luchar. De la información adecuado, es posible constatar que las opiniones remiten a dos grandes conjuntos de nociones políticas por parte de la ciudadanía y los actores políticos.

La primera es sobre el significado doctrinario y conceptual de los derechos y intereses públicos que, asociados al bienestar de las personas, ha puesto en el tapete la pandemia, y la efectividad de la seguridad humana de los ciudadanos. La segunda es si la forma de régimen político que tiene el país y los titulares de su trámite, verdaderamente son eficaces o suficientes o si, por el contrario, se requiere de cambios profundos cuando se salga de la crisis presente.

En cuanto a lo primero, el debate –todavía oculto– entre qué prima como principio ordenador de la política pública, si la salubridad o la posesiones, ya prevé parte de lo que será el debate a futuro.

En estos momentos la respuesta más recurrida a los requerimientos elude una definición de fondo y declara –de forma comprensible– que es el momento de redimir vidas, al tiempo que soslaya aclarar que esa tensión entre sanidad y heredad, dadas las definiciones institucionales y financieras previas del país, obligaría a discriminar entre vidas humanas, si la crisis sanitaria empeora o se prolonga en el tiempo, o si los fortuna pasan de escasos a críticos o inexistentes, frente a tanta demanda. Es opinar, si se debe desavenir una valor de costo-eficiencia social en los sistemas de salubridad privados o públicos, que ponga el dilema entre ricos y pobres, o jóvenes contra ancianos.

El tema no es último, pues a corto aproximarse ha quedado en evidencia que la estructura de títulos del pacto constitucional válido en nuestro país, enfrentado a las consecuencia económicas del COVID-19, ha llevado al  Gobierno a optar por instrumentos de mercado a la hora de resolver los paquetes económicos para la protección de las personas de cara al funcionamiento de la capital. La voluntad económica, protección de la propiedad y funcionamiento de los mercados proclamados como títulos en la Constitución, han primado sobre aquellos de la amplitud social y el resonancia humanitario de las políticas. El Gobierno eligió los mecanismos institucionales disponibles en la patrimonio, que son los de un mercado formal, independientemente del número de personas que estos cubren, por ejemplo, la tasa de bancarización del país.

Pimiento es un país con una mixtura difícil entre crematística formal e informal. Un tercio o quizás más de la fuerza de trabajo está inserta en la informalidad y una parte sustantiva del encadenamiento productivo del sector formal es muy débil, sobre todo en sus sectores medios o bajos de la pirámide productiva, especialmente si tienen bajo nivel tecnológico. Eso hace que el sostenimiento de la fuerza gremial y productiva, aun siendo formalizada, sea muy escasa y que parte importante de las pymes y microempresas deban asociarse más a la informalidad que a la finanzas formal. La decano información sobre esto, sin duda, reside en los registros del SII y no de la banca o el Ocupación de Exposición Social.

Así, el COVID-19 ha desnudado no solo el frágil funcionamiento del sistema inodoro, sino todavía la fragilidad institucional de la posesiones y de lo social en todo el país, poniendo una nota de interrogación sobre la seguridad humana en el Pimiento de hoy.

No debiera entonces ser un tema beocio del debate político flagrante, menos todavía cuando están implicados los derechos civiles y políticos de los ciudadanos en un momento de estallido social y de proceso de cambio cerca de una Nueva Constitución.

Sin requisa, la desorientación institucional de la elite política –y en gran medida de la concurso– resulta evidente, y el debate político de fondo, inexistente.

La examen, obsesionada en un espejismo de poder interno en la Cámara de Diputados, ha extraviado su argumento política en una pugna negligente y autorreferente, que la pone de espaldas frente a las deposición del país.  Curiosamente, la voz más crítica y de control de las medidas adoptadas por el Gobierno ha sido la de los alcaldes y, entre ellos, algunos de las huestes oficialistas, como los de La Florida y Puente Parada en la Región Metropolitana.

Más allá de una comprensible desavenencia doctrinaria entre un partido tradicional y centrista como la Democracia Cristiana y una fuerza política abigarrada y poco cohesionada como el Frente Amplio, no se entiende que ellos hagan prevalecer sus diferencias en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados, como si de tal cargo dependiera una definición trascendente para el país.

Puede ser efectivo que la conducción errática del segundo mandato de Sebastián Piñera haya tenido, entre sus principales problemas, el de intentar de usar al Congreso Doméstico como un emblema de incompetencia u obstruccionismo, tratando luego que negociaciones bilaterales con la concurso le permitan obtener pequeños triunfos legislativos. Sin secuestro el problema no radica solo en la pericia corta del Gobierno sino todavía en la ceguera larga de la concurso, incapaz de construir, con su mayoría formal, un derrotero programático para el país, al menos en el manejo constitucional.

La regla de la democracia es que en ella se dialoga y se debate, pero los contenidos de los diálogos y los acuerdos los determinan la pericia política y la civilización democrática de los actores y, en ello, la concurso ha sido hasta ahora ciega, sorda y muda.