La tormenta perfecta del TC: la fractura expuesta que pone en jaque el futuro de la entidad

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Cuando en diciembre se optó por el hecho de que fuesen representantes de la Corte Suprema y no del Tribunal Constitucional (TC) quienes compusieran el víscera de resolución de controversias para el proceso constituyente, en el mundo procesal, político y legislador se le consideró la señal más clara de la pasión del TC y de la condición de descrédito –frente a los luceros ciudadanos y el Congreso– en que se encuentra el organismo presidido en estos días por la abogada María Luisa Brahm.

Hace muchos abriles que el TC es foco de duros cuestionamientos políticos y jurídicos, principalmente porque ha jugado un papel de “tercera cámara”, torciendo, muchas veces, la voluntad definida por mayoría en el Poder Constitucional. A pesar de la reforma llevada a mango el 2005 –a finales del Gobierno de Ricardo Lagos–, las críticas a su interferencia “política” nunca disminuyeron y, para sus críticos, las atribuciones que se le entregaron con esa mejora terminaron por distorsionar una institución necesaria “en su justa medida” para el Estado de Derecho. El sistema de nombramientos, que asegura en parte al poder del Gobierno de turno, binominalizando su composición, poco y carencia ha contribuido a la legalidad del organismo.

Pero fueron las duras declaraciones que hizo el fin de semana Brahm, sobre la papeleo de su antecesor, Iván Aróstica, al afirmar que estuvo “al borde de la corrupción”, lo que ha puesto al Tribunal Constitucional en alerta. No solo dejaron en evidencia la crisis interna que se estaba arrastrando hace un tiempo, poco que era conocido en buena parte de la plaza de abogados, sino que se hizo pública una fractura interna que se instala ad portas del proceso constituyente, lo que deja al organismo en la cuerda floja. No fueron pocos los que consideraron “suicida” la faena que hizo la presidenta del TC, más aún considerando el trabajo que había realizado hasta ahora para mejorar la imagen de la institución.

Las declaraciones de Brahm pusieron en evidencia la crisis, pero la verdadera ápice que rebalsó el vaso en el conflicto interno del TC, aseguraron diversos abogados, fue el choque que se produjo con el debate del requerimiento de Pimiento Vamos para que varios de los inquilinos de Punta Peuco fueran incluidos en el indulto conmutativo que propuso el Gobierno, como medida sanitaria delante el aglomeración de las cárceles del país y el peligro de contagio del coronavirus. Quienes saben del trabajo al interior del organismo, contaron que en la votación interna el consistencia se tornó en contra del mundo ultraconservador del tribunal y eso respondió a “un trabajo de joyería de la presidenta”.

Para el abogado constitucionalista de la UDP y de la Universidad de Utrecht, Javier Couso, la acumulación de tensiones tiene nombre y patronímico: “Esto se gestó en la presidencia de Aróstica, donde se vio un desprecio por la Constitución total, un activismo. En derecho constitucional eso es una mala palabra, es ser desleal a la Constitución, porque, en vez de aplicarla, bajo la excusa de interpretarla, yo la cambio, inventando cosas que no estaban, como que el Sernac era inconstitucional, que la titularidad sindical era inconstitucional o que la objeción de conciencia era un derecho que residía en la institucionalidad. Ese activismo dio una imagen de un órgano partidista”.

Pensando en el futuro del TC, el abogado Jorge Correa Sutil dijo que “no hay ni habrá diseño institucional capaz de sobrevivir a la carga de expectativas que se han puesto sobre un texto constitucional, primero, la derecha para evitar los cambios y, ahora, la izquierda para impulsarlos. Cuando los legítimos debates políticos se transforman en debates jurídicos de derechos, no hay tribunal que aguante la presión. El Tribunal Constitucional, pero antes la ciudadanía, deben entender que el debate jurídico no puede ahogar ni sustituir el político”.

A pleito del abogado constitucionalista, María Luisa Brahm venía haciendo correctamente las cosas en la presidencia del TC, pero cometió un error comunicacional catastrófico, ya que con su imputación “ni siquiera se juega su presidencia, acá se juega la existencia del Tribunal Constitucional”. Una opinión compartida por varios juristas consultados que optaron por perseverar reserva.

Ad portas del plebiscito, la herida abierta con que camina hoy el TC no hizo más que agravar los flancos que pesan sobre el organismo. En ese contexto, el abogado Juan Pablo Hermosilla dijo esta semana –a través de sus redes sociales– que “uno de los temas a pensar cuando retomemos la discusión institucional, sobre la justicia constitucional; no da para más nuestro TC, una vergüenza el nivel de discusión”.

La Moneda no ha estado ajena a este conflicto, pues toca sus intereses, porque –confesaron en el Gobierno– no puede ser que ahora acogerse al Tribunal Constitucional se transforme en una “disyuntiva moral, pensando en lo desacreditado que se encuentra”. No solo eso, le salpica y complica al Presidente Piñera, porque él propuso a Brahm y Aróstica al tribunal en el 2013 y entreambos fueron parte de su índice de trabajo en Palacio durante su primera suministro.

Aróstica fue el superior de la División Jurídica del Servicio del Interior el 2010 y Brahm fue su jefa de asesores en su primer mandato, pero adicionalmente comparten una larga trayectoria política juntos al tejadillo de RN, al punto que es conocida por ser una piñerista histórica.

Desde La Moneda han seguido de forma “discreta” el caso, a través de la prensa y con consultas personales a los ministros involucrados, pero hasta el momento nulo de guisa oficial. El conflicto, si correctamente ha sido comentario a nivel de pasillo entre las altas autoridades, no ha estado en tabla en las reuniones entre el Mandatario y sus ministros. Por ahora, quienes le están haciendo el seguimiento son el ministro de Honradez, Hernán Larraín, su par de Interior, Gonzalo Blumel, y de la Segpres, Felipe Ward.

Pensando en el futuro del TC, el abogado Jorge Correa Sutil dijo que “no hay ni habrá diseño institucional capaz de sobrevivir a la carga de expectativas que se han puesto sobre un texto constitucional, primero, la derecha para evitar los cambios y, ahora, la izquierda para impulsarlos. Cuando los legítimos debates políticos se transforman en debates jurídicos de derechos, no hay tribunal que aguante la presión. El Tribunal Constitucional, pero antes la ciudadanía, deben entender que el debate jurídico no puede ahogar ni sustituir el político”.

El abogado que presidió la comisión asesora para el proceso constituyente, Sebastián Aylwin, señaló que “esta situación se arrastra desde hace muchos años, donde la acción del TC es percibida como una defensa de intereses, que no lograron triunfar en las reglas el sistema democrático, en el sistema legislativo. Estamos abiertamente ante intereses de minorías, en este caso, que están relacionadas con la justicia en torno a violadores de Derechos Humanos, pero es una parte más”.

Fractura ideológica

Una de las razones que se esgrimieron en La Moneda para no salir públicamente a intervenir en el conflicto del TC, es que saben que el choque entre Brahm y Aróstica es un tema que divide aguas tanto en Pimiento Vamos como incluso en Palacio, porque entreambos representan almas distintas de la derecha, la independiente y la ultraconservadora, una tensión que existe en la coalición oficialista en diversas materias desde la lapso del 90.

Brahm, si aceptablemente cumplió funciones en la dictadura trabajando para Odeplan, su trabajo a posteriori siempre estuvo  más unido al mundo espléndido, a través del Instituto Facilidad, el centro de pensamiento de RN. Si perfectamente en varios de sus fallos en el TC ha coincidido con Aróstica, otros, como el que hizo a gracia de la ley de pérdida en tres causales, son –afirmaron quienes la conocen– parte de sus credenciales que la ponen en la vericueto contraria a la de la derecha conservadora.

Aróstica, admirador del mundo marcial y coleccionista de corvos, en su camino se acercó a Pablo Rodríguez, el fundador de Nación y Arbitrio. En el primer G0bierno de Piñera, rápidamente encontró en el flagrante patrón de asesores del segundo tierra, Cristián Larroulet, un socio consumado y fue a través de aquella relación que llegó a la dirección del Área de Derecho Conocido de la Universidad del Progreso (UDD).

Entreambos grafican dos sectores de la presente derecha. Un tira y afloja que, para el analista político Andrés Cabrera, constituye una diferenciación entre conservadores y liberales que “está  profundamente hegemonizada por el espectro conservador y eso se observa con el requerimiento que elevaron los senadores de RN y la UDI por considerar discriminatoria la ley de indulto”.

Cabrera agregó que, si admisiblemente existe un espectro espléndido, hoy a la horizonte supuestamente con la instalación de Evópoli, no les da mucho más espacio del que el que han demostrado manejar, pues el “electorado del sector sigue estando en el bando histórico (conservador)”.

Una inspección diferente fue la que presentó el normativo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Ámbito Tostado, quien afirmó que “en la pugna del TC, lo que observamos es una lucha descarnada por conservar o mantener los espacios de poder, pero sin que medie un proyecto político que sitúe en un extremo u otro a los actores involucrados. Hay facturas por cobrar y pasadas de cuentas, pero de discusión doctrinaria, poco o nada”.