Las opciones de“salvataje” al sistema de educación superior ante la crisis financiera que generó el coronavirus

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La pandemia del coronavirus ha agudizado la crisis económica que ha atravesado el sistema de educación superior en el país. La yerro de fortuna en las familias de los sectores más pobres ha llevado a que el desembolso en la matrícula pase a segundo plano y ha puesto en alerta los aranceles, el eje central del sistema de financiamiento de universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

El Consejo de Rectores (CRUCh) elaboró un noticia en el que calculó que sus 30 universidades integrantes tendrán una disminución de $146 mil millones en su presupuesto anual, como emoción directo de la pandemia. Según el documento entregado a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los ingresos por aranceles en estas casas de estudios superiores han disminuido en $62 mil millones y se demora que la sigla aumente a los $79 mil millones para fin de año. Caída que se justifica por la quebranto de las matrículas, que llega al 10% para este 2020, y por el cese de cuota de tasa y repactaciones para los alumnos sin beneficios estudiantiles o con un beneficio de copago.

En las universidades privadas no tradicionales aún no tienen un diagnosis claro. El rector de la Universidad San Sebastián (USS), Carlos Williamson, destacó que marzo fue un mes “normal”, pero que en abril comenzaron los problemas: “La tasa de morosidad en las universidades se duplicó respecto a abril de 2019. Fue la primera señal de alerta. Esto se va a ir complicando a medida que avanzan los meses, esta es una crisis que está partiendo”. Hasta el momento en la USS se han renegociado las cuotas de 1.500 alumnos, más del 10% de los estudiantes de los primeros quintiles de la institución.

El director de Nodo XXI y experto en educación, Víctor Orellana, afirmó que el impacto de la pandemia para el sistema de educación superior será “severo”, oportuno al congelamiento del año y el no suscripción del derechos. “Las instituciones con gratuidad tienen un ingreso estable en el tiempo y asegurado, el problema lo tienen las universidades que tienen estudiantes que desertan mucho y ejercen la garantía del Crédito con Aval del Estado, pero no tienen gratuidad. A esto se suma la crisis que deja la gratuidad en universidades complejas, entonces, son varias crisis que hacen difícil olvidar los problemas estructurales del sistema de educación superior, una crisis de financiamiento que se va a hacer más clara en unos años más”.

Delante el incierto panorama, la idea de un “salvataje” por parte del Estado en un futuro próximo, se está instalando entre las distintas instituciones, las que ya han comenzado a elaborar y presentar propuestas para alcanzar sortear la crisis. En este contexto, desde las propias universidades del Estado ya se preguntan quién deberá cargar con los costos de esta crisis gatillada por el coronavirus y advierten que “los estudiantes pueden ser los más perjudicados”.

La salida que se estaría elaborando por parte del Mineduc sería la agilización de la tramitación del denominado CAE 2.0, que fue ingresado en 2018 al Congreso. Varios parlamentarios del oficialismo han aguzado a esta utensilio como una salida a la crisis de los aranceles, y el Ejecutor ya habría retomado las conversaciones con la concurso para poder sacar el esquema delante. Es más, interiormente del Congreso algunos lo ven como una “moneda de cambio” entre el plan que indagación deslindar el cobro impositivo que ha sido propuesto por parlamentarios de la concurso.

Desde el CRUCh han solicitado que se derogue el artículo que prohíbe el cobro de aranceles a estudiantes que pierden gratuidad por duración de sus estudios, que no se restrinja el uso del 30% de dispensado disponibilidad de Crédito Fondo Solidario, inaugurar nuevamente el registro del Formulario Único de Credencial Socioeconómica (FUAS), ampliar la postulación a ayudas estudiantiles y que no se suspenda el suscripción de ayudas estudiantiles en caso de que el estudiante congele el año clásico. Desde el Consorcio de Universidades del Estado de Pimiento (CUECh), igualmente han pedido que no se cuente el 2020 como año purista para las ayudas estudiantiles, como la gratuidad. Por otra parte, las universidades privadas fuera del CRUCh ha sugerido la idea de entregar un segundo crédito a los estudiantes que no pueden financiar el copago de derechos.

Los ejes de estas propuestas se mueven entre aportes basales, becas provisorias y nuevos créditos de emergencia para los estudiantes. La única fórmula que rechazan todos los rectores y rectoras es la posibilidad de suspender o deducir los aranceles, una idea que se ha concretado en un plan de ley presentado por los diputados Maya Fernández (PS) y Alejandro Santana (RN), que se encuentra en discusión en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que tiene el respaldo de la examen y parte de las bancadas de Pimiento Vamos, incluido el diputado UDI, Jaime Bellolio, quien intercedió delante el Empleo de Educación para pedir el patrocinio del Ejecutor, a lo que aún no ha tenido respuesta.

En sesión de la comisión, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que el Gobierno no está a patrocinio del plan y explicó que reabrir el proceso de postulación del FUAS tendría un costo de US$132 millones, por lo que los alumnos deberán entregar nuevos informes en un proceso de apelación, si su situación económica cambió. La autoridad del Mineduc incluso descartó la idea de suscitar un fondo distinto de ayudas a la universidades, al menos en el contexto del esquema tramitado en la Cámara.

Privados sin gratuidad

Durante el postrer mes, dos voces desde el mundo privado fuera del CRUCh salieron a advertir sobre la inminente crisis de financiamiento de las casas de estudios superiores: el rector de la USS y parte del Instituto Permiso y Mejora, Carlos Williamson, y el rector de la Universidad del Avance, Federico Valdés Lafontaine, quien dijo en entrevista a El Mercurio que “esta idea de rebajar los ingresos, como solución o panacea, puede terminar provocando una crisis de proporciones”. Ambas universidades no están adscritas a la gratuidad, por lo tanto, dependen directamente del suscripción de ayudas estudiantiles como el CAE y el copago de tarifa, que puede montar a representar el 88% de los ingresos de sus establecimientos, según el propio rector Valdés.

La propuesta más concreta ha sido entregada por el rector Williamson. En conversación con El Mostrador, explicó que su idea se cimiento en la entrega de un nuevo crédito con fianza estatal para los estudiantes que no pueden financiar el copago. Una especie de Fogape o un nuevo CAE, que se pague 4 abriles posteriormente, tras el egreso del educando, con una tasa de interés 0%. “Cálculo que si al 20% – 30% de los estudiantes vulnerables de la educación superior le generan un puente de ese tamaño, se necesitan algo así de US$100 millones y hoy se están destinando a ayuda US$2 mil millones”, precisó el rector de la USS.

Frente a la pregunta de si más deuda podría desincentivar el seguir estudiando y preferir congelar, adecuado a la inscripción carga que ya tienen los estudiantes con el contemporáneo CAE –que llega en promedio a los $9 millones, sumado esto a las altas tasas de morosidad y el plataforma en el desempleo–, Williamson indicó que el nuevo crédito no debería alterar el techo mayor de un 10% del salario que tiene actualmente el CAE y que “la idea no es darle una mochila que no puedan pagar”.

El rector planteó que “el problema es que el copago existe y lo paga la familia. Eso a mi juicio es bastante injusto, la idea es que lo pague el egresado, pero no más del 10%”. Williamson agregó que no le gusta el sistema que incluye el copago, cree que se debe avanzar alrededor de un aporte basal, pero que este ha de ir acompañado de un convenio de desempeño entre el Mineduc y la instituciones, privadas, tradicionales o estatales.

Delante la pregunta de si no han pensado atribuir a la gratuidad, como recientemente lo anunció la Universidad Anciano, para obtener fijar una parte de los aranceles, el rector sostuvo que “con la gratuidad se genera un impacto en los aranceles, el impacto en la caja es mucho mayor. En la Universidad San Sebastián hemos hecho los cálculos y la gratuidad nos hace desviar completamente un proyecto de excelencia académica” y, como el proceso tarda dos abriles, reconoció que en estos momentos “no es un camino disponible para una universidad”.

Una crítica transversal desde todos los sectores de la educación superior es la desidia de proactividad del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y del subsecretario Vargas. “Hay falta de voluntad política de parte del Gobierno, está apostando que todas estas medidas paliativas ayudan a los problemas más urgentes, pero esos paliativos no sirven para que los estudiantes sigan educándose. No podemos trancar este vehículo a la espera de los tiempos mejores, porque no hay tiempo”, sentenció Williamson.

Víctor Orellana, diestro en educación, advirtió que “el Gobierno no tiene una política para la educación superior como rol social. Para ellos, más recursos significan un gasto, no una inversión para el país. En mi opinión, el Gobierno no va a relevar esto, porque va a concentrar sus esfuerzos en la educación escolar, pero puede terminar siendo arrastrado por las presiones empresariales para que las medidas se ajusten a las necesidades de estos grupos de interés. No descartaría que ocurra un rescate, una especie de Cencosud académico, de aseguramiento de los sostenedores, en detrimento de los estudiantes”.

Agregó que la idea de entregar un nuevo crédito con colchoneta en el sistema financiero va a padecer a que la banca presione por mayores garantías: “Toda la línea que está siguiendo el Gobierno es apoyar a las grandes empresas, un crédito sería una muy mala señal, porque subvencionas un sistema que genera deuda, la educación superior es adicta a la deuda con respaldo estatal. Puede ser un rescate inútil, la pregunta es, a quién rescatas, a la función social de la institución o al sostenedor (…) El problema son universidades privadas, hay que tener una discusión sobre su función social y resguardarla. Si el Estado va a incurrir en un gasto se debe asegurar el trabajo”.

La salida que se estaría elaborando por parte del Mineduc sería la agilización de la tramitación del denominado CAE 2.0, que fue ingresado en 2018 al Congreso. Varios parlamentarios del oficialismo han registrado a esta útil como una salida a la crisis de los aranceles y el Ejecutor, ya habría retomado las conversaciones con la examen para poder sacar el esquema delante. Es más, adentro del Congreso algunos lo ven como una “moneda de cambio” entre el plan que examen circunscribir el cobro impositivo que ha sido propuesto por parlamentarios de la concurso.

La mesa

La crisis de financiamiento que trajo consigo la implementación de la gratuidad, llevó a que durante el año pasado en la Comisión Mixta de presupuesto se decidiera convocar a una Mesa Técnica de Financiamiento para la Educación Superior, en la que se está evaluando el sistema de becas y créditos de la educación superior. La instancia, que es dirigida por el subsecretario Vargas, demora entregar un documentación a fines de junio al Congreso, con una propuesta para mejorar el sistema que ha estado basado en la razonamiento del voucher.

Hasta el momento han tenido dos sesiones, el 23 de abril y 7 de mayo. Según sus asistentes, han estado centradas en la exposición del Mineduc acerca de la situación flagrante del sistema de créditos (CAE y Fondo Solidario). Según fuentes de la instancia, el objetivo del Gobierno apuntaría a consolidar un sistema de financiamiento basado en la convivencia de la gratuidad con el sistema de créditos unificado que propuso el Ejecutor, a través del esquema de ley ingresado en 2018, conocido como el CAE 2.0. Mientras, la mayoría de los rectores apuntarían en la menester de avanzar cerca de aportes basales para las instituciones.

Un medio ambiente que ha llamado la atención respecto a la Mesa Técnica es su composición, definida desde la subsecretaría de Educación Superior y dividida entre actores institucionales -como el Cuech, el Cruch, la Red de CFTs Estatales y los CFTs e IPs privados- más universidades privadas fuera del Cruch, especialistas de centros de pensamiento y asesores parlamentarios. Según fuentes del mundo educativo, esta mesa estaría “cargada ideológicamente hacia el Gobierno”, lo que implicaría que los cambios apuntaran cerca de la idea de consolidar el financiamiento vía ofrecimiento y demanda.

El subsecretario Vargas  es ingeniero comercial de la PUC, máster en filosofía, fue asesor del Mineduc en Ayudas Estudiantiles durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y antiguamente de aceptar la dirección de la Divesup en 2018, ocupó el cargo de vicerrector de Pregrado de la Universidad Del Exposición en Santiago. Fue administrador de Finanzas Corporativas en Larraín Viario, representando a la corredora ocupó el cargo de director de Celeste Garzo S.A y igualmente en la Universidad Santo Tomás, donde asesoró a esta casa de estudios respecto del manejo de su patrimonio.

En la mesa técnica incluso está el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle,  el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, su par de la Universidad de Pimiento y presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, y el rector CFT Estatal de la Región de Valparaíso, Rodrigo Jarufe.

En representación de los IPs y CFTs privados, están Velko Petric, vicerrector crematístico de DUOC UC y Juan Pablo Guzmán, que preside Vertebral, institución que reúne a 23 IPs y CFTs acreditados y uno de los principales actores que presionó para que la gratuidad de expandiera al mundo técnico, lo que ocurrió en abril de 2018, cuando se amplió a estudiantes del séptimo decil de instituciones con cuatro abriles de credencial, término de calidad que no dejó tranquilo a Vertebral, ya que apostaban a que se exigieran tres abriles de credencial.

Guzmán es rector del IP y CFT Santo Tomás, instituciones que hasta 2018 eran sociedades limitadas y cambiaron a ser corporaciones de derecho privado sin fines de interés, para poder obtener a la gratuidad a partir de 2021. Cerca de destacar que según informaron fuentes a El Mostrador en marzo, en algunos centros de la UST el Mineduc comenzó a testear la nueva prueba de selección universitaria que reemplazará a la PSU.

A pesar que Juan Pablo Guzmán asiste a la mesa por su cargo en Vertebral, el especie educativo Santo Tomás tiene conexiones directas con autoridades del Mineduc. Su corporación es controlada por la grupo Hurtado Vicuña, quien a través del fondo Linzor Haber, compró más de la fracción de la décimo en 2009, tras la homicidio del fundador Gerardo Rocha. Juan Hurtado Vicuña -socio de Entel, Consorcio y de la minera Pucobre- preside la Unión Directiva de la UST y es cuñado del ex senador, Carlos Larraín (RN), quien tuvo décimo de la UST durante el 2000.

En 2009, según detalla el ejemplar “Con fines de Lucro” de María Olivia Monckeberg, dos sociedades tomaron el control del arduo Santo Tomás, Inversiones Bicentenario fue la mayoritaria, que tiene como socio inversor a Cipreses Limitada y al concejal de Las Condes, Carlos Ignacio Larraín Hurtado, hijo del ex senador RN y hermano del presente jerarca de la Dirección de Educación Común del Mineduc, Raimundo Larraín Hurtado, quien asimismo tiene un vínculo con Santo Tomás, a partir de aportes de Inversiones LH Limitada, para la creación de Cipreses. La ex ministra, Marcela Cubillos, señaló que dicha sociedad no tenía relación con la red colegios Santo Tomás, por lo que no había conflicto de interés por parte dae Larraín.

En la mesa técnica asimismo participa el rector Williamson, agradecido por su trabajo en el ámbito clásico y crematístico respecto a la educación superior. Su proclamación como rector, llamó la atención en el interior del mundo educativo, ya que la USS había tenido varios problemas, en 2009 se le negó la confirmación y en 2016 el Cruch negó su ingreso al Sistema Único de Admisión, por no cumplir con los requisitos, ambas situaciones fueron superadas y hoy cuenta con 5 abriles de credencial y es parte del SUA. Aún así, no se ha integrado al sistema de gratuidad.

La USS está ligada a la UDI. Williamson es maestro de políticas públicas del Instituto Desenvolvimiento y Incremento y era la carta del jerarca de asesores del segundo pavimento, Cristián Larroulet, para dirigir la nueva subsecretaría de Educación Superior, idea que quedó en el olvido, luego de que se revivieran sus declaraciones sobre el Museo de la Memoria. La Sociedad Directiva de la USS es presidida por uno de los fundadores de la UDI, Luis Cordero Barrera, asimismo incluye a Pilar Zabala Meruane, del Holding Pie de Monte y a Andrés Navarro Haeussler, CEO de Sonda y ex presidente de LAN y Clínica Las Condes.

A la última sesión de la mesa técnica asimismo asistió el ingeniero comercial, Felipe Raddatz, vicerrector crematístico de la Universidad del Incremento, la cual siquiera está adscrita a la gratuidad. La UDD es reconocida por su vínculo con el Reunión Penta y la UDI. La institución fue fundada en Concepción a fines de los 80’ por  Larroulet, el corregidor de Las Condes, Joaquín Lavín, por Ernesto Silva Bafalluy, más el presente rector de la UDD, Federico Valdés Lafontaine y su padre, Alfredo Federico Valdés. El presidente del Consejo Directivo de la UDD es el ex ministro de Hacienda de Pinochet y miembro de SQM, Hernán Büchi, quien se desempeña como universitario.

La mesa técnica igualmente cuenta con el asesor de coordinación de políticas sociales del Ocupación de Hacienda, Cristóbal Ruiz-Tagle, con el economista del Instituto Autonomía (RN) Gustavo Díaz, con la coordinadora del programa social de Emancipación y Exposición, María Paz Arzola, el ex director de la DIPRES del gobierno de Michelle Bachelet y militante del Partido Socialista, Sergio Granados, y el dirigente de estancia de la senadora Yasna Provoste (DC), Christián Torres.

Hasta el momento el trabajo de esta mesa técnica se ha centrado en la opción de nuevo crédito y sus integrantes esperan que en la sesión extra que se ha programado, se aborde el problema de desfinanciamiento que ha traído consigo la pandemia de coronavirus. Los resultados se sabrán en un par de semanas.