Ley “Chao Dicom”: las presiones en la antesala para condonar la deuda del CAE

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La aprobación del esquema denominado “Chao Dicom”, el jueves 30 en el Congreso, fue ampliamente celebrada por las agrupaciones de deudores educacionales, la concurso y parte de la bancada de Renovación Doméstico. La iniciativa, que prohíbe la inclusión de las personas morosas por deudas educativas de cualquier nivel en el boletín comercial, es panorama como una “ventana” en dirección a el camino de la condonación de la deuda de educación superior, entre ellos los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las demandas sociales que han sido levantadas desde el estallido del 18 de octubre.

El vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, destacó durante la tramitación que la aprobación de esta ley no es un “perdonazo” a los estudiantes endeudados, sino que “es asumir que el Estado, en su momento, cometió un error en el diseño del financiamiento de la educación superior”. En el Congreso recalcaron que a pesar que la medida no elimina la deuda, sí “es una fórmula de presión” para que el Gobierno vaya en el camino de la condonación total.

En medio del estallido de octubre, el Presidente, Sebastián Piñera, incluyó en la memorándum social la condonación de los intereses por mora de los deudores CAE, una iniciativa que aún no ha sido ingresada al Congreso y que pareció insuficiente para un sector del oficialismo -como el timonel de RN, Mario Desbordes- que planteó la condonación total de la deuda.

La ley escudriñamiento ser un alivio para más de un millón de personas que tienen deudas educativas, adicionalmente, se complementaría con otra iniciativa que apunta a despenalizar dichas deudas y que fue ingresada hace unas semanas por la senadora DC, Yasna Provoste. La penalización e inclusión en Dicom de la deuda universitaria, como el Crédito Fondo Solidario, fue implementado en la despacho de Ricardo Lagos a través de un plan redactado por el entonces ministro de educación, Sergio Bitar, medida que contó con el respaldo transversal del Congreso de la época.

En el Congreso destacaron que marzo es un mes esencia para la discusión en materia de endeudamiento estudiantil. En la examen reconocieron que le han “dado tiempo al Gobierno y a la ministra Cubillos” para elaborar una nueva propuesta para terminar con el CAE y otras fórmulas de cláusulas abusivas en créditos de educación superior. La mesa anunciada por el subsecretario Figueroa puede ser una salida al conflicto, pero en el mismo oficialismo reconocen que “hay un sector que no quiere aliviar la deuda con la que cargan estudiantes y sus familias”.

Según los datos informados por Comisión Ingresa en 2019, hasta el momento hay 937.590 deudores CAE y el 61% de ellos ya está en etapa de retribuir el crédito. El 40% de los estudiantes en existencia de satisfacer se encuentran morosos, lo que equivale a unos 192 mil deudores y la morosidad aumenta en los casos de deudores CAE que no terminaron sus estudios, la que llega al 70% de los casos. Según lo informado por la agencia, el fisco ya re-compró la deuda de 11 mil de esos créditos impagos.

Dicom Equifax, empresa que genera informes de deudores morosos, estimó que de las 355 mil personas informadas por Dicom, 255 mil figuran en el boletín con deudas por educación superior y que, el esquema apto en el Congreso beneficiará a 234 mil personas, lo que equivale a $443.072 millones en deudas.

Pero, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, encendió la susto frente a una sinceridad que no puede ser abordada por la ley “Chao Dicom”: “Para los deudores CAE es lo mismo aunque tengamos Ley Dicom, las listas negras existen, aunque no sean legales”.  Una verdad a la que apuntó el senador PS, Carlos Montes, en la comisión de Caudal del Senado, donde indicó que “las instituciones financieras operan con dos tipos de registros: uno de carácter interno y otro de carácter público, el primero de ellos nunca ha podido ser objeto de regulación en razón de que es de carácter privado”.

La resistor política

En el Congreso recalcan que durante la tramitación del esquema los parlamentarios oficialistas de las comisión de educación del Senado y la Cámara, “intentaron dilatar la discusión, hacer que se perdiera en la burocracia”. Pero, que asimismo hubo una serie de reuniones entre parlamentarios “de la vieja guardia” de la concurso con la banca y el oficialismo con el fin de intentar frenar el esquema “por secretaría”, consignan quienes fueron parte de las negociaciones.

Los rectores habrían sido otro clan “difícil de convencer”, ya que algunos miembros del Cruch hicieron entender que esta medida podría conservarse a afectar la colecta del Crédito Fondo Solidario. Adicionalmente, en la discusión, el rector de la Universidad de Pimiento, Ennio Vivaldi consignó que era partidario de acotar la medida a las deudas de pregrado.

Para el director de Nodo XXI y doble en educación, Víctor Orellana, en la tramitación de este esquema quedó en evidencia que “la Concertación no ha sido lo ágil en sacar el Chao Dicom y otros proyectos similares, porque aún no asumen su responsabilidad”. Agregó que hay partidos -como el PPD- que aún no han asumido su responsabilidad en los altos niveles de endeudamiento y que no han puesto “toda su energía en aprobar estos proyectos”.

La arremetida más dura caldo desde el oficialismo, sus parlamentarios y el propio Gobierno, donde no cayó admisiblemente la aprobación del plan el jueves 30. La senadora UDI, Ena von Baer, solicitó que la Comisión de Hacienda del Senado revisara el esquema, allí re-ingresaron algunas indicaciones que habían sido rechazadas en Educación, lo mismo intentó hacer el diputado gremialista, Jaime Bellolio, en la Cámara de Diputados sin obtener longevo éxito.

“Las indicaciones caían en el absurdo”, recordó un parlamentario, como por ejemplo unir la matanza de Dicom de las deudas contraídas en autopistas concesionadas. Todavía buscaron resumir la aplicación de la ley a las deudas de educación superior y sólo en pre-grado. El senador RN, José García Ruminot, señaló en distintas ocasiones que la merma en el retorno del suscripción de los créditos terminará siendo financiada por “los futuros estudiantes de educación superior por la vía de aumento de aranceles y matrículas”.

El patrón de la división de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, estuvo de acuerdo con incluir la indicación y aseguró que los estudiantes podrían utilizar la excusa de un crédito para postgrado y haberlo usado para consumo: “Como el dinero es una cosa fungible, es difícil que determinados fondos sean destinados a un fin determinado”, consignó frente a los senadores en julio de 2019.

En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Bellolio y Luis Pardo (RN) ingresaron una indicación al artículo transitorio que establece la matanza de los registros en 180 días tras publicarse la ley. Los parlamentarios de Pimiento Vamos buscaban que “en ningún caso esto podrá entenderse como la extinción de la deuda”.

La diputada Camila Rojas señaló que lo que se quería era “entorpecer el trámite legislativo. Está claro que el proyecto no extingue de manera alguna las deudas educativas”. Pero, con los votos de las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejo (PC), la indicación se aprobó y pasó a comisión Mixta, donde nuevamente los parlamentarios intentaron incluir los cambios propuestos en las indicaciones, sin tener éxito.

A principios de abril de 2019, el Ejecutor marcó su postura. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la iniciativa buscaba modificar de forma “inorgánica” la Ley del CAE y calificó el esquema de “medida parche, que evitan debatir el tema básico” de la fórmula de financiamiento para el sistema de educación superior. “Lo que hay que hacer es concordar pronto un nuevo sistema de crédito que permita, como se ha propuesto, eliminar del registro a los jóvenes que están en el Boletín Comercial y asegurar que en el nuevo sistema disminuya drásticamente la posibilidad de entrar en situación de morosidad”, afirmó el subsecretario.

Para esa vencimiento, el plan del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario Unificado, propuesto por el Gobierno de Piñera llevaba nueve meses en tramitación en el Congreso. La iniciativa propone la creación de una especie de Dicom manifiesto, ya que en su artículo N°42 establece la publicación de una sueldo de deudores, sin la requisito que deban estar morosos, medida que ha sido ampliamente criticada por la concurso, organizaciones de deudores y estudiantes.

A más de un año y medio de su ingreso, la tramitación del denominado “CAE 2.0 de Piñera” se encuentra congelada en el Congreso, desde abril de 2018, plazo en la que la concurso le solicitó al Gobierno quitarle la emergencia al esquema, sino lo rechazaría por completo en la Cámara Incorporación, ya que según los senadores dejaba en desventaja a la gratuidad.

El Gobierno cedió, pero desde esa término “no ha hecho nada por agilizar la discusión”, consignaron desde el Senado. Actualmente, se está a la retraso de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, convoque a una mesa de diálogo con la concurso y especialistas para elaborar una propuesta de consenso que termine con el CAE, mesa que debería constituirse en marzo, según el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

Los privados a la carga

Desde el mundo privado, no hubo nadie que se acercara a las comisiones de Educación o Crematística del Congreso para respaldar el plan. La banca, organizaciones de escuelas privadas y Dicom Equifax argumentaron que el plan terminaría perjudicando a los propios estudiantes, con el ascenso de aranceles y hasta con el posible pestillo de colegios.

En representación de la Liga de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Cristián Dockendorff, asistió a la comisión de Educación del Senado el 2 de abril de 2018 y ahí indicó que el plan “Chao Dicom” afecta “gravemente los intereses de los sostenedores particulares” y que “vulnera gravemente el derecho a la libertad de enseñanza”. Advirtió que podía calar a afectar a la comunidad educativa completa y resistir al falleba de los establecimientos, ya que propiciaría el no suscripción de la colegiatura por parte de los padres.

A nombre de la Asociación de Bancos (ABIF), su entonces apoderado universal, Ricardo Matte, advirtió que la iniciativa implica “una merma en la gestión de riesgo de crédito de las instituciones financieras”. Asimismo destacó que la publicación de compromisos económicos quedó fuera del esquema de Protección de Datos Personales, por lo que el esquema debería ceñirse a estándares internacionales que “asegure la libre circulación de la información”.

A pesar que públicamente la ABIF no se refirió en profundidad al plan, fuentes del sector crematístico afirmaron a El Mostrador que “hay preocupación al interior de la banca”. Aseguraron que la aprobación de este plan marca “un inicio de no retorno” que podría afectar de sobremanera al sistema financiero y al “propio fisco, que es plata de todos”. Agregaron que los bancos han tenido reuniones bilaterales con autoridades, principalmente para “definir la transición del actual sistema CAE al sistema solidario”, mecanismo por el cual aún no habría consenso.

Quienes conocen las negociaciones, aseguraron que el Mineduc “está en un zapato chino”, que no cuenta con los votos para aprobar el plan tal cual ingresó en 2018, pero que en la concurso varios parlamentarios han cedido a la idea de que el Fisco liquide la deuda de créditos CAE la cual llega a los US$8.742 millones, según las últimas cifras de Comisión Ingresa. A dicho valencia se le debe ampliar el interés pactado con los bancos en cada concurso, el que varía entre un 6% y hasta un 27%, dependiendo de la cartera de deudores re-comprada.

El Mostrador se contactó con la ABIF para conocer su punto de panorama respecto al plan admitido, la nueva Ley de Sistema de Créditos Solidario Unificado y la iniciativa de la senadora Yasna provoste, que investigación despenalizar las deudas educacionales, pero no se obtuvo respuesta.

Equifax fue la principal detractora de este plan, según señalaron parlamentarios que fueron parte de la tramitación. En el segundo noticia de la comisión de Educación del Senado, quedó plasmada su intervención en la Cámara Reincorporación. Su director legítimo, Ignacio Bunster, señaló que el tema de la deuda educativo “es extremadamente sensible” y que las casas de estudios están teniendo “severos problemas para cobrar sus créditos”.

Según Bunster, las deudas educacionales no merman la vida financiera de los deudores. Destacó que el 15,2% de los deudores educacionales accedió a otro crédito consumo, mientras que en los deudores por otros ítems solo un 9,7%, adicionalmente, un 14,6% de los deudores educacionales accedieron a un crédito hipotecario.

El apoderado aseguró que los principales afectados por la asesinato de las deudas estudiantiles morosas de Dicom serán los estudiantes del futuro, ya se disminuiría el retorno de los créditos a universidades e instituciones financiera, lo que podría elogiar los aranceles y aumentar las condiciones e intereses para los créditos. En la comisión de finanzas del Senado, Bunster recargó sus argumentos y recordó la discusión del año 2003 en donde los parlamentarios de centro-izquierda respaldaron la inclusión de las deudas en el boletín comercial propuesta por el gobierno de Lagos.

Bunster consignó que el entonces senador, Carlos Ominami, señaló que “se justifica porque no se trata de deudas tradicionales”. El exministro Bitar pidió que el plan se aprobara, ya que “los compromisos se cumplen. No puede una persona adquirir un crédito y luego hacer tabla rasa de su pago”.

Según los datos proporcionados por el directivo de Equifax, con la aprobación de la “Ley Chao Dicom”, la empresa dejaría de obtener la información sobre 200 mil deudores, más de la centro de la que tiene publicada actualmente la empresa. Cerca de destacar que el negocio de Dicom Equifax se sustenta en traicionar perfiles financieros, sus informes son pedidos para arriendos, postulaciones a trabajo y hasta para las matrículas en colegios privados.

En el Congreso destacaron que marzo es un mes esencia para la discusión en materia de endeudamiento estudiantil. En la examen reconocieron que le han “dado tiempo al Gobierno y a la ministra Cubillos” para elaborar una nueva propuesta para terminar con el CAE y otras fórmulas de cláusulas abusivas en créditos de educación superior. La mesa anunciada por el subsecretario Figueroa puede ser una salida al conflicto, pero en el mismo oficialismo reconocen que “hay un sector que no quiere aliviar la deuda con la que cargan estudiantes y sus familias”.