Los conflictos de intereses y la falta a la probidad en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que salpica al ministro Juan José Ossa

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Un documentación emanado desde la Contraloría Genérico de la República (Investigación Peculiar n.989, de 2019), del 14 de enero del 2021, presentó el resultado de una investigación solicitada a raíz de una denuncia anónima por irregularidades en la contratación de la auditora internacional Ernst & Young (EY), realizada vía trato directo por el entonces subsecretario de Ecuanimidad, Juan José Ossa, hoy ministro de la Secretaría Universal de la Presidencia (Segpres). En el documento se acusa equivocación de probidad del director ejecutor de la consultora EY, Jorge Vio Niemeyer, pues al momento de acaparar el anuencia era al mismo tiempo maestro del Consejo de Auditoría Interna Militar de Gobierno (CAIGG), una dependencia ministerial estratégica para el Estado, conveniente al parada fracción de información confidencial que maneja.

El estudio encargado a la señalada empresa por Juan José Ossa, cuando estaba en Conciencia, con evidente conflicto de intereses, era ni más ni menos que el de realizar un “Análisis, Revisión Especial, y Generación de un Plan de Riesgo para Procesos Estratégicos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y Gendarmería de Chile». El gran problema es que la doble función que cumplió Vio Niemeyer, y el visto bueno de La Moneda, encendieron las alarmas de sus pares al interior del CAIGG, quienes, al ver que no se tomaban cartas en el asunto, decidieron hacer público el informe del ente contralor, acusando “lamentar profundamente que el conflicto de interés y la falta de probidad lleguen al máximo órgano de auditoría interna del gobierno (CAIGG)”.

Cerca de consignar que el Consejo de Auditoría Interna Genérico de Gobierno es el único organismo que consolida, a nivel de la Establecimiento Central, la información financiera y operativa de tipo clave, producto de los requerimientos de transparencia y rigor de la Dirección de Presupuestos (Dipres). De esta forma, los servicios públicos reportan trimestralmente información detallada al CAIGG sobre cuentas por abonar, licencias por recuperar, saldos contables, conciliaciones bancarias, entre otras, por lo que cualquier tipo de “ruido” en materia de probidad debiese ser de “extrema preocupación”, adecuado, principalmente, a lo sensible de la información que adentro se maneja y el interés notorio que arrastra, señalaron las fuentes consultadas.

Su función consiste en desarrollar, permanentemente, una coordinación técnica de la actividad de las unidades de auditoría interna de los Servicios Públicos dependientes o relacionados con el Ejecutor, apoyar la vivientes y mantención de adecuados ambientes de control, elaborar documentación técnica, prestar orientación genérico y consultorio en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa y efectuar un seguimiento permanente de los objetivos de control definidos en cada nivel de la Suministro.

En lo principal, el noticia de Contraloría concluyó que Jorge Vio Niemeyer –quien actualmente ejerce como socio líder del ámbito forense y servicios de integridad de la consultora EY– participó directamente en los servicios prestados por la misma empresa a la Subsecretaría de Honestidad, lo que potencialmente afectaría el deporte de su entonces función todavía como consiliario del CAIGG.

Aquello, oportuno a que el CAIGG está a cargo de la tuición técnica de los servicios en materia de auditoría interna, en este caso, de la misma subsecretaría que los contrató. En particular –y tal como consignaron las fuentes consultadas–, “dirige el proceso de generación de matrices de riesgo de los servicios sujetos a su control, aspecto que se vincula con el objeto del contrato de que se trata, por lo que este debió abstenerse de formar parte del equipo de trabajo que desarrolló la consultoría, como también, de haber participado en las reuniones sostenidas entre la consultora en la que trabaja de forma remunerada y la aludida cartera de Estado”.

En el mismo documento se considera a Jorge Vio –según dictámenes de CGR– como «autoridad» en su rol de guía del Consejo de Auditoría Interna Universal de Gobierno, resultándole aplicables todas y cada una de las disposiciones sobre probidad administrativa y, en particular, el referido deber de renuncia, cosa que no hizo en la consultoría prestada. Todo ello, bajo la anuencia y conocimiento de La Moneda.

Es más, Vio Niemeyer no solo es socio principal de la consultora contratada por Ossa sino que incluso fue todavía auditor genérico de Gobierno (secretario ejecutor del CAIGG) en el primer Gobierno de Sebastián Piñera –periodo 2011-2014– y, luego, consiliario en el CAIGG en el periodo 2018-2020, segundo mandato del Presidente Piñera. Según lo consignado, este personero solo habría renunciado al cargo de guía a posteriori de que se iniciara la investigación en enero de 2020, pero –según pudo corroborar El Mostrador en documentos– la acogida de su renuncia (mediante Decreto Supremo) solo se produjo un año posteriormente (enero 2021), lo que aumentó «la percepción de abierta corrupción» al interior del clave consejo de la establecimiento del Estado.

Contrariados, desde La Moneda aseguraron que, una vez que presentó su renuncia, nunca más habría oficiado en su rol de asesor.

La motivación primaria de quienes decidieron hacer sabido el documento fue, en sus palabras, que “potencialmente, a la consultora EY le interesaría obtener información financiera y operacional de las entidades del Estado, a nivel individual y agregado. Esta información es muy importante para generar futuros negocios en el sector público y privado”.

Igualmente, en el referencia de CGR se solicitó a la Subsecretaría de Rectitud iniciar un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. En específico, se señala que dicha subsecretaría no acreditó la concurrencia de las circunstancias que comprueben que la consultora EY poseía las facultades especiales que permitieran asignarle la adquisición por trato directo, responsabilidad política monopolio de Juan José Ossa, flagrante ministro secretario genérico de la Presidencia.

De esta guisa –agregaron las fuentes consultadas–, se habría contravenido lo previsto el artículo 49 del referido decreto N° 250, de 2004, y que dispone que solo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o en el artículo 10 de dicho reglamento, las entidades deberán autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de una resolución fundada. En la ocasión, fue el Ocupación de Equidad y Derechos Humanos, encabezado por el ministro Hernán Larraín, el que dio el vamos a la argumento dispuesta por el subsecretario.

Ernst & Young, ahora asimismo conocida como EY, es una empresa multinacional y de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo –de acuerdo a lo que relatan varias biografías y testimonios que conocen de cerca su trabajo– y que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, consultorio lícito, servicios de cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la administración de la empresa.

La multinacional es parte de las llamadas Big Four, las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría, adjunto con PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Según la revista Forbes, a finales del año 2013, por su tamaño, era la décima viejo compañía privada de Estados Unidos.

En el documento emanado desde el estafermo contralor, se constató igualmente que el auditor ministerial de la Cartera de Equidad y Derechos Humanos, Dan Muñoz Silva –quien en su momento fue designado como contraparte técnica del convenio de consultoría en revisión–, no se abstuvo de conocer ese asunto, situación que debió ocurrir según la CGR, ya que técnicamente estaba relacionado con el CAIGG y, por ende, pudo hallarse afectada la independencia e imparcialidad del mismo.

En el momento de la investigación realizada por Contraloría, se reveló la «vulnerabilidad» del sistema de control en esta radio, poliedro que no se contaba con un Reglamento para el CAIGG, por lo que quedaban a completa discrecionalidad los criterios para determinar los consejeros y sin delimitar las conductas prohibidas para dichos consejeros durante el control de sus funciones. Siquiera se regulaban las sanciones. De esta forma, quienes conocen del quehacer de la institucionalidad estatal, reparan en que en modo alguno esta desliz de control implica coartada, sino todo lo contrario, puesto que deja cédula la “evidente falta a la probidad”.

Otro hecho de importancia incluido en el referencia de la CGR, corresponde a la equivocación de dictación del reglamento por parte del Consejo de Auditoría Interna Común de Gobierno (CAIGG).

Respecto a por qué en el tiempo de Ossa se decidió hacer el negocio por trato directo, desde la Segpres –que actualmente dirige– señalaron que si se hacía una oferta previa, el objeto de la auditoría contratada sería conocido por mucha multitud, lo que pudo deber hexaedro pie a que eventuales ilícitos o malas prácticas fueran ocultadas al conocerse que habría una consultoría en esos servicios. A eso agregaron que las razones que se entregaron fueron consideradas, por ellos mismos, como suficientes para configurar la causal mencionada, resguardándose en que la misma CGR, a pesar de no poseer mostrado conformidad, no les habría formulado penalidad alguna.

En torno a por qué se eligió a Ernst & Young y no otra, siendo que Contraloría señaló que la Subsecretaría de Rectitud en su momento no acreditó la concurrencia de las circunstancias que comprueben que la consultora EY poseía las facultades especiales que permitieran asignarle la adquisición por trato directo, desde la misma repartición argumentaron que se la eligió porque, hasta donde conocían, era la única empresa que contaba con herramientas modernas en estudio masivos de datos y cruces de información, agregando que la consultoría tenía un foco forense, destinado a identificar eventuales fraudes en esos servicios.

Los «hombres» de EY en el Gobierno

El conflicto de intereses entre el mundo conocido y privado ha sido tema de debate constante desde el retorno a la democracia, y varias páginas se han escrito respecto a cómo la industria, en sus diversos ramajes, costal y devuelve personeros desde el Gobierno de turno, con el fin de comprar redes, influencia, pero, por sobre todo, información a la que no se tiene paso tan fácilmente desde fuera.

En este caso, entre los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y la internacional Ernst & Young, existe una serie de idas y venidas, esto con el anexo de que es la institución del Presidente de la República la que está cargo de la designación de los integrantes del CAIGG.

Tanto así que –más allá del caso de Jorge Vio– el contemporáneo auditor militar de Gobierno, Eugenio Rebolledo Suazo, y tal como aparece mencionado en su currículo, asimismo participó como abogado senior en la consultora EY. Rebolledo Suazo –según señalaron fuentes conocedoras del día a día de su trabajo–, es cercano a Vio Niemeyer, y habría sido este posterior el que lo recomendó para el contemporáneo cargo que desempeña.

En el caso de José Monsalve Assef, flagrante consiliario del CAIGG (lo fue asimismo en el periodo 2011-2014), incluso fue socio líder de Ernst & Young, y quien recomendó a Vio Niemeyer, luego de su paso por el primer mandato de Piñera, para que se integrase al radio de Gobierno y sector conocido de la consultora en cuestión.

Vio Niemeyer, una vez que dejó el Ejecutor en su primera estancia, aterrizó inmediatamente en EY. Con él se llevó desde la entidad estatal a Rolando Muñoz Villa e Ignacio Valenzuela. Este extremo formó parte del trabajo que encargó la Subsecretaría de Equidad, como fue consignado por la Contraloría.

Iniciada la segunda suministro del Presidente Piñera, y con Jorge Vio Niemeyer como maestro del CAIGG, retorna incluso Muñoz Villa desde la consultora, asumiendo el cargo de coordinador caudillo de la instancia.

Con todo ello, cerraron el círculo.