Los detalles del oficio que envió la Fiscalía al SII por caso Laureate en 2014

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Durante los últimos días el liga internacional Laureate ha estado en el centro de la discusión en materia educativo luego de que, en un documento oficial presentado a las autoridades estadounidenses, describiera su maniquí de negocios.

Al surgir estos referencias, la ministra de Educación, Adriana Delpiano anunció un sumario investigativo por supuesto utilidad al especie que controla las universidades Andrés Bello, de las Américas y Viñedo del Mar y aseguró que el maniquí entra “en colisión con leyes que el país tiene en materia de educación”.

Sin incautación, el provecho no es lo único que se está investigando. El fiscal Carlos Gajardo advirtió que todavía podría tener delitos tributarios, por lo que ya fueron enviados los historial al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Hay antecedentes de la existencia de posibles delitos tributarios, los que le fueron comunicados en su momento al SII vía oficio“, había expresado ayer miércoles Gajardo a T13.cl. 

Lo cierto es que ya en marzo del año 2014, y a raíz de una denuncia por ganancia presentada por un camarilla de diputados, la Fiscalía ofició al SII dando cuenta de presuntas irregularidades relacionadas con el suscripción de más de US$ 83 millones en dirección a empresas relacionadas.

En el documento, fechado el 25 de marzo de 2014 —al que accedió T13.cl— el Ocupación Conocido se refiere a los pagos. 

Según consta en ese crónica, estos pagos fueron “realizados por las Universidades Viñedo del Mar, de Las Américas y Doméstico Andrés Bello con Laureate Trademark, BV y Laureate Education, Inc, por montos durante los abriles 2011 a 2013 de US$ 28.707.839 dólares (UDLA), US$ 47.763.657 dólares (UNAB) y US$ 7.212.134 dólares (UVM)”.

En el oficio de la Fiscalía se indica que “dichas cantidades de moneda (más de ochenta millones de dólares en tres abriles) de acuerdo a lo que se indica en el oficio referido no habían pagado el impuesto adicional del artículo 59 de la Ley de Renta atendido lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley 16.840 de 1968, modificado por la Ley 18.247″.

En el documento todavía se cita la respuesta del Consejo Doméstico de Educación a una apelación presentada por la Universidad de las Américas respecto a los pagos de servicios: “en cuanto a los contratos de servicios operacionales y educativos, surgen dudas razonables acerca de su pertinencia y utilidad”.

“No es evidente que estos servicios sean claves para la sustentabilidad de la Universidad”, añade el consejo.

Fuente:T13.cl

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