Los «golazos» que ha buscado meter el Gobierno para materializar la agenda de Seguridad del Estado en medio de la pandemia 

0
131

En medio de la pandemia por coronavirus, entre gallos y medianoche, el Presidente Sebastián Piñera ha intentado aguantar a parte algunos de sus proyectos o iniciativas insignes para el comisionado de su segundo periodo. Es así como la memorándum de Seguridad Doméstico e Interior del Estado, que resultó fortalecida tras la revuelta de octubre, en sitio de acontecer a un segundo plano en medio de la crisis sanitaria que azota al país, ha sido impulsada con veterano intensidad en un contexto de Estado de Excepción Constitucional. Estas contingencias han propiciado –según los especialistas– el avance con destino a un Estado de carácter “policial”, más propio de un régimen mandón que tolerante.

Es así como iniciativas como la modernización de la Ley de Inteligencia, el sistema de televigilancia con agradecimiento facial, el resguardo marcial de infraestructura crítica, entre otras que no han conseguido ver la luz, han sido apuntaladas por La Moneda en los últimos meses. Según Eduardo Vergara, exjefe de la División de Seguridad Pública del Empleo del Interior, el Gobierno de Sebastián Piñera, en medio de la pandemia, “optó por hacer política de seguridad por medio de pautas de prensa y aprovechando el estado actual de miedo y empatía para empujar su agenda de populismo de mano dura. Los proyectos que empuja no tienen sustento en evidencia y buscan enviar una señal política a costa de ampliar el castigo hacia los más vulnerables. De paso, siguen lentamente avanzando hacia grados de militarización de la seguridad ciudadana que son inaceptables”.

En esa ristra, uno de los proyectos más controvertidos es la ley que moderniza el sistema de Inteligencia, la que ha sido calificada internamente en La Moneda como uno de los proyectos “vitales” para el comisionado de Piñera II. El plan fue diseñado por el exministro del Interior Andrés Chadwick, contiguo al exsubsecretario Rodrigo Ubilla, adicionalmente del principal de la cartera de Razón, Hernán Larraín, y el ministro de la Defensa Doméstico, Alberto Peso. En medio de la revuelta social, el Ejecutor impuso su discusión inmediata al Congreso y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados con “suma urgencia” legislativa, en plena pandemia por COVID-19.

Según los especialistas, su eje central es la ampliación y fortalecimiento de las facultades del Sistema de Inteligencia y la reconfiguración del dechado de la “contrainteligencia”, dando cabida al consabido concepto del “enemigo interno” en el país. El esquema amplía las facultades de los agentes de inteligencia a una búsqueda proactiva y almacenamiento de datos e información, permitiendo el uso de agentes encubiertos, adicionalmente de otorgar golpe a fuentes cerradas, sin dar mayores detalles a los ministros de la Corte de Apelaciones respectiva para su autorización. En dicha monasterio de información se incluye a las Fuerzas Armadas, ampliando su trabajo a la contrainteligencia interna, oportuno a que se les obliga a entregar la “información residual” de civiles a las autoridades.

El esquema asimismo establece que grupos y organizaciones nacionales podrán ser objeto de contrainteligencia, lo que ha destacado críticas interiormente del mundo social y de la defensa de los Derechos Humanos, adecuado a que daría paso a investigar a organizaciones sociales, estudiantiles, feministas, ambientalistas, mapuche y de trabajadores, bajo el ejemplo del “enemigo”, expresión que ha sido acuñada en reiteradas ocasiones por el Presidente Piñera. La Comisión Chilena de DD.HH. señaló que la iniciativa “abre paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social” y que donado “el contenido de las modificaciones propuestas, más parecen estar encaminadas a adecuar el actual sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social”.

Encima, este plan le da más atribuciones al director de la Agencia Doméstico de Inteligencia (ANI) y entrega un fondo de emergencia de $6 mil millones, al que la agencia puede acogerse para aumentar su dotación de personal. El esquema unifica la logística de inteligencia doméstico en la dirección de turno de la ANI por un periodo de cuatro abriles, integra al SII y a Gendarmería al sistema de inteligencia y crea un Consejo Asesor integrado por la PDI, Carabineros, las FF.AA. y los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Una estructura sin contrapeso en el Poder Parlamento, ya que aumenta a ⅗ el quorum necesario para citar a la Cámara de Diputados al director(a) de la ANI.

Pero la Ley de Inteligencia no es la única actividad del Gobierno que ha reforzado el activar de la Agencia Doméstico de Inteligencia. En abril de este año, los funcionarios del Sename denunciaron la firma de un convenio entre la institución y la ANI, con el objetivo de allanar el comunicación a información que posee el Sename, “para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI”. Según fuentes gubernamentales, el acuerdo fue impulsado por los ministros de ambas carteras durante el verano, y asimismo buscaba incluir al Registro Civil en el trato con la Agencia. Pero, tras las diversas críticas, la idea fue desestimada por el presidente de la cartera de Probidad y DD.HH., Hernán Larraín.

Otra idea que asomó en medio de la pandemia fue la de otorgarles atribuciones policiales a los guardias municipales, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las cuarentenas. El 7 de mayo, el Presidente de la República ingresó un decreto a la Contraloría para transferir facultades de fiscalización a los funcionarios municipales, una idea que finalmente todavía fue desechada por el Ejecutor, tras la presión de alcaldes y parlamentarios.

Para el coordinador de Cátedra de DD.HH. de la Universidad de Pimiento, Claudio Nash, el Gobierno de Sebastián Piñera ha asumido “la lógica de la doctrina de la Seguridad Nacional”, en la que “el enemigo está al interior del país, particularmente ese enemigo está en las organizaciones que lideraron los movimientos sociales desde el 18 de octubre en adelante. Eso explica los cambios en la política de inteligencia y el nuevo rol que se les asigna a las Fuerzas Armadas en materia de orden público”.

Esta política “criminalizadora de la protesta social afecta el derecho a reunión, libertad de expresión, derechos políticos y derecho de igualdad ante la ley. Pero, también, esta política criminalizadora pone en riesgo los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la calidad de la democracia en Chile, generando un contexto de fragilidad institucional que no veíamos desde la dictadura”.

Militarización del orden manifiesto

Otra ruta que impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera apunta a la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para el control civil e interno en el país, denominada por los especialistas como “militarización del orden público”. Ya en la Ley de Inteligencia se abre un espacio al involucrar a las FF.AA. en tareas de contrainteligencia para grupos nacionales, pero hay otras iniciativas o acciones del Ejecutor que apuntan en la misma raya y que se han trillado reforzadas en medio de la revuelta social y por el Estado de Excepción en medio de la pandemia por el coronavirus.

“El Gobierno de Sebastián Piñera ha aprovechado la pandemia para avanzar en el fortalecimiento de un Estado autoritario, en el cual las Fuerzas Armadas pasan a tener un rol activo en el control del orden público, a través del proyecto de ley que permite desplegar FF.AA. para la protección de ‘infraestructura crítica’, como ocurrió en el estado de emergencia decretado por la revuelta popular”, explica Javier Pineda, abogado de la Corporación de DDHH 4 de Agosto.

Dicho esquema, presentado en pleno estallido social por los senadores oficialistas Carmen Reputación Aravena y Kenneth Pugh. La iniciativa –que todavía ha sido impulsada por los ministros Alberto Pesadumbre y Gonzalo Blumel– le da potestad al Presidente de la República para destinar a las Fuerzas Armadas a resguardar la infraestructura de empresas o servicios estatales, que sean de utilidad pública y cuya perturbación tendría un agonizante impacto sobre la población. La fórmula para determinar qué servicios son, dependerá del Tarea de Equidad mientras no se emita una ley que los defina. El esquema ya fue suficiente por el Senado y actualmente está siendo tramitado en la Cámara de Diputados.

El contexto de la pandemia y el aplazamiento del Estado de Excepción hasta mediados de octubre, ha llevado a que las FF.AA. estén desplegadas por todo el comarca. Las autoridades de Gobierno, como los ministros Gonzalo Blumel y Alberto Peso, han destacado su rol en tareas de transporte, fiscalización de cuarentenas y apoyo en medio de la pandemia por coronavirus. En Puente Parada, por ejemplo, se prohibieron las ollas comunes sociales y se dio paso a que el Ejército se hiciera cargo de la preparación y entrega de alimentos calientes. Sin incautación, en la última semana, el rol de dicha rama castrense se ha hecho extensivo al control civil y policial, en la denominada Macro Zona Sur del país.

Hace una semana Blumel y Pesadumbre, de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente, llegaron hasta la Región del Biobío para coordinar un plan de seguridad para esta y La Araucanía, tras distintos ataques a camiones de forestales y a una torre de telefonía en Tirúa, hecho que Carabineros tardó 12 horas en informar al Fiscal Distinto para la zona. El avenencia de los ministros terminó en la osadía de remitir a la zona a 80 efectivos militares de la Dispositivo Fundamental de Orden Notorio, según informó La Tercera.

Esta incorporación de uniformados fue la primera movimiento del Gobierno, en medio de la pandemia, para una zona que ha estado marcada por el conflicto entre comunidades mapuche que han iniciado procesos de recuperación de tierras, propietarios y Carabineros. Fue en este período en el que murió el werkén Alejandro Treuquil (37), quien a mediados de mayo había denunciado amenazas por parte de Carabineros. A esto se suma la huelga de deseo de nueve comuneros mapuche en la prisión de Angol y una serie de manifestaciones en la zona.

En una carta del Peña de Descomposición de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), integrado por académicos del dominio, señalan que este contingente singular del Ejército “se agrega a una lista de desaciertos del Gobierno. Esta decisión no hará más que escalar el conflicto y avanzar por el peligroso camino de la intervención de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interior”. Añaden que esto se suma a “la preocupación por la participación de militares en políticas de control al narcotráfico en la frontera norte del país”, autorizadas tras un decreto presidencial de julio de 2019.

A esto, se debe sumar un plan de ley ingresado el 4 de junio, que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de la Defensa Doméstico, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Clave. El ministro de Defensa, Alberto Pesadumbre, señaló que este esquema se enmarca en el nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. y tiene dos objetivos: regular el sistema de compras y adquisiciones, y establecer los controles civiles para este. Las compras a regular están relacionadas con el material agresivo y la infraestructura asociada.

En su carta, los miembros de GADFA sostienen que, pese a que la presencia de militares en las calles, el toque de queda y el control de datos personales “son situaciones propias de un estado de excepción”, no se debe perder de apariencia que la incertidumbre, impactos económicos y sociales que arrastra la pandemia, sumado al descontento ciudadano con la democracia, “abren una ventana para avalar el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. La sensación de que para hacer frente a la crisis se necesita más autoridad y menos democracia, no está ausente en algunos sectores de la sociedad”.

Los ciberintentos

En medio de la pandemia todavía han surgido diversas iniciativas que tienen como objetivo la cibervigilancia o seguimiento de la población, principalmente aquella que ha resultado contagiada con coronavirus. La primera idea que surgió fue CoronaApp, una aplicación móvil puyazo por el Empleo de Sanidad, con el fin de compartir y hacer seguimiento a las personas afectadas por el virus, tratando de imitar el proceso de seguimiento que se implementó en Corea. Pero de inmediato sus políticas de privacidad sembraron la duda respecto al almacenamiento de los datos, que incluían la geolocalización de las personas y informes médicos. La política no generó gran repercusión en la población y menos del 1% de los habitantes la había descargado para fines de mayo.

María Paz Canales, directora de Fundación Derechos Digitales, explica que “hubo tan poca transparencia en los rudimentos de sumario y uso de datos, que afectó en que la ciudadanía se entusiasmara en usar la aplicación. Aun cuando la descarga y uso en la app es absolutamente voluntaria, aún así es aceptablemente cuestionable que el Gobierno haya arrojado una aplicación como esa, sin hacer un investigación normativo profundo, de suceder dictado una ley particular con compromisos sobre las forma en que se iban a usar datos personales y de sanidad”.

La experto plantea que es difícil compararse con Corea, ya que en dicho país la app fue un complemento de tres sistemas distintos para la trazabilidad de contactos estrechos, basados principalmente en rastreo telefónico y de equipos de seguimiento. “Corea tiene un nivel de penetración mucho más alto de la tecnología, con mayor nivel de alfabetismo digital y conexión”, puntualiza Canales. Adicionalmente, agrega que en dicho país tuvieron las pandemias del Sars y el Mers y, tras dichas experiencias, “en 2015 dictaron una ley específica en temas de datos personales en donde regulan específicamente el uso de datos en pandemia. Establecen un mecanismo con criterios mínimos de protección para utilizar los datos”, reglamentación que en Pimiento no existe.

Otra iniciativa fue la idea de utilizar el examen facial para entregar la esencia única con la cual se podrían pedir los permisos en Comisaría Potencial de Carabineros, para circular en el contexto de la cuarentena. Una idea en medio de la pandemia que asimismo terminó en el tacho de la basura y se terminó validando el permiso solo con el RUT en Comisaría Aparente, la que aún permite sacar permisos con la cédula de identidad de personas fallecidas.

Para María Paz Canales esta iniciativa era un sinsentido y apunta que “hay una desproporción en el mecanismo” y que no se entiende “para qué era necesario tener una medida de autenticación tan alta como el reconocimiento facial”, que podía originar una almohadilla de datos sin uso específico. Explica que “el Estado, cuando recoge datos, solo puede procesar esos datos para fines propios del organismo (…). Cuando uno trata de saltarse ese sistema, creando bases de datos paralelas, como estas cámaras de reconocimiento facial o de este sistema de autenticación de reconocimiento facial para obtener otros permisos, lo que tú estás haciendo es replicar esa base de datos para otros usos, pero el día de hoy yo no puedo afirmar que lo están haciendo”.

Pero no todo ha sido fracasos en televigilancia para el Gobierno. A fines de marzo, cuando la pandemia acaparaba toda la atención, el Gobierno adjudicó la subasta para cámaras de vigilancia del programa Calle Segura, un programa que incluye examen facial. “Como la atención se desvió hacia la pandemia en marzo, nadie investigó ni publicó mucho sobre este tema. Se venía discutiendo desde el año pasado, ocupando una interpretación que nos parece extensiva de las facultades que tienen los gobiernos locales y regionales para poder implementar este tipo de tecnología y es una licitación por $14 mil millones. Creemos que, si no hubiésemos estado en contexto de pandemia, hubiese generado mucho más ruido en la opinión pública”, explica Canales, quien agrega que “el despliegue de esta tecnología puede tener un impacto en el derecho a protesta”.

A esta iniciativa se sumó un plan de la Intendencia de la Región Metropolitana, que tenía como objetivo la implementación de Santiago como Ciudad Inteligente, el que iba en coordinación con el plan de las cámaras con examen facial y, así, producir un centro de monitoreo. “Era una especie de panóptico, gran hermano, para monitorear a Santiago en base a las cámaras instaladas”. El esquema iba a ser votado el 3 de junio, pero finalmente el intendente desistió de presentarlo a votación en el Gore y fue retirado para modificaciones.

Al interior del Gobierno reconocen que una de las metas internas que ha planteado el Presidente Sebastián Piñera es avanzar en el sistema de televigilancia, pero que para ello hace equivocación tener una almohadilla de datos importante para cruzar con el examen facial. Señalan que actualmente en la PDI se ha renovador en crear dicha colchoneta de datos, pero que aún desatiendo legalizar en la disponibilidad de las bases públicas ya existentes.