Los informes malditos del Sename que complican la llegada del juez Carreño a la presidencia de la Suprema

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En agosto de 2014, un congregación de diputados se unió en una causa popular: formalizar una recriminación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño. ¿La razón? La señal comisión investigadora Sename I concluyó, entre otras cosas, la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un noticia –manufacturado por el Poder Legal y por la Unicef-, donde se detectaron casos de infracción de derechos de menores en hogares del Sename.

Aunque finalmente la recriminación no prosperó porque fue rechazada por la Cámara, es un aparición que envuelve la figura del magistrado a 4 meses de que Hugo Dolmestch abandone la presidencia del mayor tribunal y fiordo paso a los nombres que más suenan para su reemplazo: Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el propio Carreño.

Carreño era en 2013 el encargado de la Dispositivo de Apoyo a la Reforma de Comunidad y la denuncia constitucional trató de apuntar a su responsabilidad “por notable abandono de deberes” y “prevaricación” adecuado al ocultamiento del documentación que constató y registró casos de incumplimiento de derechos de menores en diversos hogares del Sename.

Respecto al nombre de Carreño como mayor representante del Tribunal, el diputado René Saffirio -quien presidía la comisión en 2013 y encima lideró la idea de una delación constitucional contra el magistrado-, no vacila: “Es una vergüenza. Primero no estuvo disponible para concurrir el año 2013 a la comisión investigadora y hacerse responsable ante el Congreso de lo que ocurría con la justicia de familia y un magistrado que se asila en la autonomía del poder judicial para impedir se investigue de niños niñas y adolescentes es un magistrado que no tiene ni la estatura jurídica ni ética”, señala el parlamentario.

Los polémicos informes

Respecto a las investigaciones que viene realizando el Poder Legal sobre la situación de los niños y niñas vulneradas del Sename desde el año 2011 no existe solo un documento, pero sí uno final. Al principio se publicaron dos boletines: el primero se refería a los niños susceptibles de ser adoptados sin enlace de la Villa Región; el segundo era sobre la situación de las Aldeas SOS.

Hubo un tercer crónica, referido a cerca de 6.500 fichas de niños y niñas, con nombres, apellidos, situación puntual de quebrantamiento y residencia dónde se encontraban. Ese postrero es el que se conoció popularmente como “informe Jeldres”, porque era coordinado por la jueza Mónica Jeldres.

El producto final de todo esto fue la sistematización del trabajo en ámbito por parte de la Corporación Administrativa del Poder Sumarial (CAPJ)), que levantó un crónica “estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile”.

Al estudiar las páginas de este documento, aparece como evidente que si cualquier magistrado de grupo, en cualquier región, contaba con esa información tan detallada, podría suceder aupado un proceso de intervención capaz, incluso, de exceptuar la vida de un último.

En el documentación de la CAPJ, publicado ayer por El Mostrador, se muestra en cifras el sufrimiento de niño en Pimiento. En el Maule, por ejemplo, delante la pregunta de si los había agredido algún adulto al interior de las residencias donde vivían, entre el 25 y 30 por ciento contestó que sí. Este resultado se elevó incluso al 67% en una residencia, cuando la pregunta apuntó a los pares. La violencia psicológica quedó registrada en 5 de las 6 residencias. En otras regiones quedó en evidencia la descuido de escolaridad y la desliz de atención de enfermedades crónicas.

Al interior del Poder Sumarial insisten en que este extremo documento nones ha sido secreto y que se lo han pasado a quien lo pida; sin secuestro esa opinión no es coincidente. “Una cosa es que no esté oculto y la otra es que no la compartan y no sirva para guiar el trabajo de los jueces de familia en cada zona y región. Debió ser un material guía, pero muchos jueces no conocen esa información”, señala un abogado.

En referencia de la CAPJ, publicado ayer por El Mostrador muestra en cifras el sufrimiento de niño en Pimiento. En el Maule, por ejemplo, frente a la pregunta de si los había agredido algún adulto al interior de las residencias donde vivían, entre el 25 y 30 por ciento contestó que sí. Este resultado se elevó incluso al 67% en una residencia, cuando la pregunta apuntó a los pares. La violencia psicológica quedó registrada en 5 de las 6 residencias. En otras regiones quedó en evidencia la descuido de escolaridad y la desidia de atención de enfermedades crónicas.

De hecho, en noviembre de 2012 -como quedó registrado en las conclusiones de la Comisión Sename I- el magistrado Héctor Carreño detuvo el trabajo en ámbito; por esa razón están ausentes regiones como Valparaíso y La Araucanía. No sólo eso, según reza una de las páginas finales del mismo documento: “La información obtenida por el equipo original, no tuvo el destino natural proyectado, que era ser enviada –en cuanto estuviese completamente sistematizada- a los jueces de familia presidentes de los respectivos tribunales de cada región, con vistas a trabajar, a partir del año 2013, en la implementación de todas las soluciones necesarias, con los equipos interdisciplinarios, de jueces de Familia, consejeros técnicos, representantes del Sename”, etc.

Carreño presidente

La Corte Suprema se encuentra a solo cuatro meses de designar un nuevo presidente y no existe claridad de quién será el sucesor del presente dignatario del mayor tribunal del país, Hugo Dolmestch.

El árbitro Patricio Valdés es el que sigue en pasado a Dolmestch, pero en febrero del próximo año cumple los 75 abriles, el término de tiempo establecido en el Poder Contencioso para apartar. Si admisiblemente al ser electo Presidente de la Suprema se le prorrogaría dicho plazo para cumplir las funciones, ya habría señalado al interior del tribunal que no va a aceptar la nominación.

El cuarto en la tira es el magistrado Guillermo Silva, pero según explicaron en el tribunal el árbitro es partidario de respetar el criterio de caducidad, no anteponerse a cuatro de sus pares para que él asuma la presidencia, por lo que asimismo ya habría dejado en claro su negativa de aceptar.

Quienes conocen la trastienda del mayor tribunal y se codean cotidianamente con los jueces, dicen que Carreño –que es mirado con buenos luceros por Sergio Muñoz y Milton Juica- se caracteriza precisamente por “tratar de pasar inadvertido”, que “nunca se mete en nada, menos en problemas”, y que es conocido por “su timidez”.

Tiene un cachas peculiaridad exquisito, puntualmente la música. Es fanático del tango, toca el bandoneón y admira a Astor Piazzolla. Más de una vez ha animado retiros de los magistrados y asimismo tenía un liga musical con dos de sus hijos.

Quienes le conocen cuentan que encima de su timidez, se le conoce por ser muy sensible como quedó demostrado el 2014, año de la idea de acusarlo constitucionalmente. Los que compartieron con él en esas semanas, recordaron que estaba “muy afectado” por la presentación del pasquín, lo consideraba injusto y lo atribuyó a los costos que se deben acreditar por calar al mayor tribunal del país.

El folleto fue presentado por un rama transversal de diputados: René Saffirio, los DC Yasna Provoste, Iván Flores y Ricardo Rincón; Andrea Molina (UDI), los PPD Cristina Girardi y Tucapel Jiménez; la independiente Alejandra Sepúlveda, y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull. En el texto, los parlamentarios aseguraron que Carreño dictó un instructivo para acelerar las causas y conseguir más sentencias a cambio de “bonos por eficiencia”, lo que quedó establecido en el relación 98-2009 sobre “Gestión y Administración en Tribunales de Familia”.

En la defensa que hizo Carreño en ese momento, argumentó que estaba tranquilo. “Pienso haber hecho las cosas bien. He actuado dentro de la legalidad”, explicó, próximo con resaltar que no hubo “ocultamiento. Yo he hecho todo conforme a la ley, he procurado poner de mí lo más posible en beneficio de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes”. En ese mismo tiempo, Carreño consideró que aprobar la delación constitucional en su contra implicaba “una natural inhibición del órgano máximo del Poder Judicial” e intervenir por “vía oblicua” en la independencia de las atribuciones de la Corte Suprema.

Explicó que no hizo la denuncia frente a el Ocupación Sabido pues los referencias de que dispuso “no tenían mérito para ello”, ya que “por haber sido recogidas en encuestas anónimas, no contenían la identificación de sus víctimas. Tampoco el relato permitía identificar las circunstancias en que habrían ocurrido tales ilícitos”.

El 14 de septiembre del 2013, la incriminación constitucional contra Carreño fue votada en la sala de la Cámara de Diputados y rechazada por 71 votos,  30 a cortesía y 10 abstenciones.