Los nudos de la Convención para aplicar la figura de la renuncia en el caso del fraude del «Pelao Vade»

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De la sorpresa, la Convención Constitucional (CC) pasó a la duda. La confesión del constituyente Rodrigo Rojas Vade –conocido como el «Pelao Vade»–, quien reconoció no tener cáncer, abrió un pericón de preguntas sobre su futuro. Si correctamente en La Tercera manifestó que «siento que me tengo que retirar. No tengo nulo más que hacer en la Convención», hoy el único mecanismo reglamentario que existe tiene varias piedras en el camino, y las opciones para resolverlas son pocas y sin un consenso mayoritario aún.

La reglamento que rige a la Convención es la misma que está sobre los parlamentarios, por lo que la única vía para renunciar al cargo es por una enfermedad arduo, que en el caso del Congreso es calificada por el Tribunal Constitucional (TC), y que para el reemplazo solo tiene reglas respecto a quienes son parte de partidos políticos o para independientes que pactaron con colectividades. En esa cadena, las particularidades de la CC hacen que ese camino sea más admisiblemente complicado.

¿Las razones? Que el Tribunal Constitucional no tiene facultades sobre la CC, ni ninguna otra instancia, excepto la Corte Suprema. De hecho, la misma Contraloría Universal de la República declaró que «la Convención es una entidad autónoma y debe resolver cómo regula todos sus aspectos, incluyendo la ley de probidad”, por lo que el colectividad fiscalizador no podría realizar acciones sobre ella. El víscera contralor recordó adicionalmente una resolución donde se estableció que «el artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por esta, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que ‘Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o fortuna vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo’”.

Por lo susodicho, el TC siquiera tendría competencias, por lo que, si proporcionadamente se puede renunciar por enfermedad profundo, no hay víscera que la califique y autorice la renuncia. Por eso es que adicionalmente en la propuesta de reglamento, que comienza a revisarse hoy, se incluyó una fórmula, estableciendo al Pleno de la CC como la instancia calificadora. «Las y los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando los afecte una enfermedad oneroso que les impida desempeñar su cargo y así lo califique el pleno», dice textual la propuesta.

La iniciativa de reglamento incluso incluye una forma de reemplazo para los convencionales independientes, que hayan competido en una nómina de independientes, poco que no existe como aptitud para elecciones parlamentarias. En ese punto, la propuesta estipula que «las y los convencionales elegidos como independientes, que hubieren postulado integrando una tira de independientes, serán reemplazados por la persona del mismo condición que haya obtenido la ulterior más suscripción mayoría de la misma serie».

Sin secuestro, hay sectores de constituyentes que reclaman que la CC no está facultada para realizar este tipo de modificaciones a la reglamento válido y que, por lo tanto, el enredo debería destrabarlo el Congreso, a través de una reforma constitucional corta. Esto, de todos modos –advirtieron algunos–, «puede ser un armamento de doble filo», porque dejaría la puerta abierta para que estas mismas disposiciones se aplicaran ahora en el Congreso, poco que grupos de parlamentarios no miran con buenos luceros.

Tal como en el Congreso, no existe una forma de expulsión de un convencional constituyente, pero sí el desmán, que debe cumplir ciertos requisitos. En este camino será importante lo que resuelva la probidad sobre la almohadilla de eventuales delitos. Ayer la mesa ampliada de la CC presentó una denuncia contra Rodrigo Rojas Vade delante la Fiscalía, para que se investiguen eventuales delitos respecto a la Confesión de Intereses y Patrimonio, por determinar una deuda de 27 millones de pesos oportuno al cáncer que nunca padeció.

Distintas miradas y el desafío de los acuerdos

La constituyente Alondra Carrillo, de los Movimientos Sociales, defendió que sea el víscera constituyente el que ajuste las normas, y enfatizó que «la Convención no tiene por qué privarse de proponer todos los marcos que necesite para poder tener una norma que facilite y fortalezca el explicación de su tarea histórica. Así lo ha hecho en muchos puntos (sedes para sesionar, ampliación de la mesa directiva, paridad sin techo, plurinacionalidad y descentralización como criterios permanentes del quehacer, entre otras), y en esto incluso aplica el mismo criterio, pues las normas previas sobre elecciones desconocen la particularidad de la selección que le da su composición a la Convención: la irrupción de listas de independientes y, luego, no es sino la Convención quien puede diseñar una norma adecuada a la sinceridad que le da forma».

El constituyente DC Fuad Chahin, incluso resaltó las facultades de la Convención. «Nosotros creemos que es perfectamente posible que lo no regulado por la Constitución, es sostener, una renuncia voluntaria sin expresión de causa, establecerla en el reglamento. Hoy día la propuesta de reglamento solo considera la misma causal de la Constitución, solo que establece que quien la tramita es el pleno y no el Tribunal Constitucional», sostuvo.

Sin requisa, el convencional Mauricio Daza se hizo parte de las advertencias sobre las trabas que podrían levantarse. «Si se cambian, podría ser objeto de un atractivo en la Corte Suprema, porque estaríamos vulnerando las reglas de procedimientos aplicables a la Convención. La forma más expedita de que esto se solucione sería que el flagrante Congreso Doméstico complemente las disposiciones relativas a la renuncia de parlamentarios fijando algún mecanismo que nos sea aplicable y dejando fuera la calificación del TC. La otra situación muy compleja se vincula con el mecanismo de reemplazo. Podría alterar el número de votos para alcanzar mayorías para aprobar normas que vayan en la nueva Constitución y la representación política adentro de la Convención del especie al que representa (quien renuncie)», agregó.

En la centroderecha algunos tienen aprensiones asimismo en que avance lo que establece la propuesta de reglamento de la Convención, como lo manifestó el convencional Raúl Celis, de RN. «Un reglamento interno no suple la norma y es absolutamente cuestionable que pueda ser empollón como fórmula de remplazo de Rodrigo Rojas. Mejor idea me parece que el Congreso resuelva el problema dictando una norma para este caso. Esa es la salida más limpia de todas», manifestó.

Importante será igualmente –según reconocieron varios constituyentes– lo que se establezca en materia de ética, y que se aprueben las propuestas ahí planteadas. Uno de los coordinadores de la Comisión transitoria de Ética, Marcos Barraza (PC), puso ceremonia en que «el cronograma tiene que cumplirse, y lo más moderado es que se priorizara el reglamento de ética para que, de esa forma, se active el proceso de constitución del futuro Comité de Ética y de la institucionalidad que norme la convivencia democrática y de buen estar al interior de la CC. En segundo espacio, yo creo que ahora hay que esperar la información que provean las entidades pertinentes. La mesa directiva dispuso los informes en la Fiscalía y hay que esperar qué dice la Fiscalía. Hay que tomar decisiones que cautelen el funcionamiento apegado a probidad y transparencia, pero siquiera tomar decisiones impulsivas, y hay que esperar que se apruebe el reglamento».

De acuerdo al cronograma, esta semana se debería elegir en común la propuesta de reglamento y la próxima semana en particular, donde se podrían incorporar indicaciones, para luego revisar detalles de armonización por parte de la Comisión de Reglamento.