Los retos del gobierno de España para hacerse con el control en Cataluña luego de su declaración de independencia

0
247

“Toda la actuación del gobierno español llega tarde. Esto ya es una República. Jurídicamente Cataluña ya es un nuevo Estado”.

No todos estarán de acuerdo con la afirmación de Agustí Carles, el abogado de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pero todavía hay muchos catalanes que piensan lo mismo.

Y esa es será la principal dificultad que enfrentará el gobierno de Mariano Rajoy en su intento por hacer efectivas las medidas adelantadas por el propio presidente castellano el viernes, luego de que el parlamento catalán proclamara la independencia de Cataluña.

  • El Parlamento de Cataluña aprueba iniciar el proceso para la independencia de España
  • Destitución de Puigdemont y elecciones regionales en diciembre: la respuesta del gobierno de España a la exposición de independencia de Cataluña

Las medidas -que incluyen la destitución del gobierno autonómico encabezado por Carles Puigdemont, la disolución del Parlament presidido por Forcadell y la convocatoria a elecciones-, fueron aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Pero este sábado Puigdemont hizo transmitir un mensaje por la televisora pública catalana con el que -a su manera- dejó en claro que no aceptaba la destitución ordenada por Madrid.

Carles Puigdemont

“Son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas, los que saben perfectamente que en una sociedad democrática son los parlamentos los que escogen o cesan a los presidentes“, declaró el antiguo corregidor de Girona.

“Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos (…), entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza”, recalcó.

  • “Seguiremos trabajando para construir un país libre”: Carles Puigdemont no acepta su destitución como presidente de Cataluña

Aguas inexploradas

Las dificultades a las que tendrán que hacer frente Puigdemont y sus aliados para hacer efectiva una revelación de independencia son muchas y muy grandes.

Pero, como se desprende de sus declaraciones, la restauración del vetusto orden constitucional en Cataluña siquiera será una tarea realizable para el gobierno castellano.

  • 3 claves que dificultan que Cataluña se convierta en un Estado independiente
Edificio de gobierno sin la bandera de España.

Desde la aprobación del texto constitucional, en 1978, esta es la primera vez que el gobierno central recurre al artículo 155 para usurpar temporalmente competencias propias de las instituciones autonómicas.

Y el mismo Rajoy aseguró que hubiera preferido no tener que navegar por esas aguas inexploradas y llenas de peligros.

“Madrid aprieta el botón nuclear constitucional”, fue, de hecho, la forma de resumir el asunto que encontró del diario inglés Financial Times, en un artículo donde un analista advierte que el gobierno central difícilmente va a poder asegurar su implementación sin “niveles de violencia inaceptables”.

Aunque a la hora de anunciar las medidas el presidente castellano prometió comportarse “con prudencia y proporcionalidad”.

  • España empieza a tomar control del gobierno catalán

“El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad justo y disolver las amenazas que [los independentistas] están volcando sobre la convivencia”, aseguró Rajoy.

“Oposición democrática”

Lo cierto, sin bloqueo, es que el talante de la implementación del artículo 155 dependerá en buena medida de la respuesta del pueblo catalán.

Aunque, por el momento, no hay razones para creer que los escenarios más apocalípticos -como el de un estudio de Citi que advertía que la aplicación del 155 podría conducir a una “insurrección civil, con posibles grandes disturbios y enfrentamientos violentos”- vayan a materializarse.

Protesta a favor de la independencia de Cataluña

Por un costado, un círculo de violencia callejera no le interesa al gobierno de Rajoy, quien parece ocurrir entendido que una repetición de las imágenes de violenciaque marcaron la celebración del referendo del 1 de octubre solo alimentaría la causa independentista.

Pero adicionalmente este movimiento siempre se ha enorgullecido por su capacidad para padecer su lucha delante sin veterano violencia. Y este sábado Puigdemont pidió no marcharse “en ningún momento, una conducta cívica y pacífica”.

“No nos desviamos: seguimos perseverando en la única actitud que nos puede hacer ganadores. Sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva”, insistió al pedir “una concurso democrática al artículo 155“.

Protesta a favor de la independencia de Cataluña

Según varios medios españoles, la partida de violencia interesa particularmente a los líderes políticos del independentismo porque ese es un criterio esencia para la aplicación del delito de alzamiento, por el que la Fiscalía tiene previsto achacar el lunes a varios de ellos.

Y los miembros del gobierno autonómico cesados por el gobierno central que se resisten a dejar sus cargos corren encima el peligro de ser acusados por usurpación de funciones.

De hecho, este mismo sábado el gobierno castellano dijo que no iba a pronunciarse sobre las declaraciones de “el señor Puigdemont” por considerar que la valoración de sus conductas ahora “corresponde al ámbito judicial”.

¿Resistor pasiva o activa?

Todo esto significa que no habrá que esperar mucho antaño de examinar hasta dónde están dispuestos a conmover Puigdemont, Forcadell y otros posibles imputados que elijan desconocer lo organizado por unas instituciones que algunos ya califican de “extranjeras”.

Y siquiera para descubrir hasta dónde está dispuesto a obtener el gobierno de Mariano Rajoy para hacer cumplir tanto las destituciones como una eventual orden procesal, especialmente si los partidarios de la independencia intentan impedirlo en las calles.

Parlamentarios catalanes

Por lo demás, todo parece indicar que los miembros del gobierno autonómico más reacios a desconocer lo arreglado por Madrid ya se dieron de depreciación del Govern, pero los que quedan se aprestan a tratar de seguir ejerciendo sus funciones como si no pasara carencia.

Lo que significa que muchos funcionarios intermedios tendrán que designar entre obedecer a sus viejos jefes en Cataluña o los nuevos nombrados desde la caudal.

Para el periodista de El País Rubén Amón, es precisamente interiormente de las instituciones autonómicas catalanas donde el gobierno de Mariano Rajoy podría encontrar su principal obstáculo.

“Ya han anunciado los periodistas de TV3, de Cataluña Ràdio y de la Agencia Catalana de Noticias que no acatarán la intervención de los nuevos gestores”, advirtió Amón en un artículo publicado antaño de la aplicación del artículo 155.

“Y les han secundado la gran mayoría de Ayuntamientos, los estamentos educativos (…) y hasta el cuerpo de bomberos, reacia por completo a indagar la legalidad de un ‘Estado invasor’“, agregó.

Mossos d'Esquadra

Por el momento, sin confiscación, todo parece indicar que la policía autonómica -los Mossos d’Esquadra– ha optado por no desafiar las órdenes de Madrid, con su director universal, Pere Soler, aceptando su destitución con una carta en la que le pide a sus subordinados seguir actuando con profesionalismo.

Una atrevimiento que no es último si se considera que, según el disección de Citi, “una alianza de la policía regional con los partidos independentistas podría hacer que la situación escale rápidamente”.

Elecciones sí, pero…

Finalmente, está el tema de las elecciones convocadas por el presidente Rajoy para el próximo 21 de diciembre, a las que muchos ven como la mejor opción para tratar de solucionar la crisis.

Algunos sectores del independentismo han dicho que sería “letal” para la causa no tener presencia en el parlamento y parecen considerar la posibilidad de participar en los comicios convocados desde Madrid.

Protesta a favor de la independencia de Cataluña

Otros, sin confiscación, han descartado completamente la idea y se rumora incluso que el Govern está considerando convocar sus propias elecciones, las que presentaría como “constituyentes”.

La posibilidad de una nueva votación -o dos- en la que solo participe una parte de la sociedad catalana, más que una alternativa parece sin confiscación una nueva forma de profundizar la crisis.

O, cuando menos, de simplemente retornar a ponerla en evidencia.