Maduro decreta nuevo estado de excepción que restringe garantías en Venezuela

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El presidente de Venezuela, Nicolás Prudente, aprobó un nuevo decreto de “estado de excepción y emergencia económica” que restringe las garantías constitucionales en todo el región doméstico como una medida para “preservar el orden interno”, según publicó este martes la Diario Oficial.

El decreto establece la universidad del Ejecutor doméstico para que adopte “la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios”.

La norma señala encima que “podrán ser restringidas las garantías” para el entrenamiento de los derechos constitucionales, indemne las excepciones que estable la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

El Gobierno venezolano podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.

El presidente se facultó incluso para lanzarse “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político” contra autoridades del poder manifiesto y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de bienes sin control del Parlamento, así como de fortuna y mercancías de empresas privadas para respaldar el abasto, encima de restringir el sistema monetario y el comunicación a la moneda recinto y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden crematístico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto previo de “excepción y emergencia económica”.

A través de este nuevo texto reglamentario, el Ejecutor venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”.

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la concurso y que actualmente se mantiene en “desacato” por parte del Tribunal Supremo de Rectitud.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para resolver su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.

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