Magistrada Verónica Vymazal desmiente acusaciones de esconder pruebas en caso de menor enviada al Sename en Valdivia

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En relación con una nota que el medio digital La Otra Diaria publicó bajo el título “Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados fue denunciada por desaparecer pruebas de la tortura a una niña en un hogar colaborador del Sename”, y cuyo contenido ha sido reproducido y citado por otros medios, manifiesto públicamente lo próximo:

1° La pupila cuyo caso motivó el reportaje nunca estuvo ingresada en un centro residencial. El texto recoge la traducción del padre de una último de vida respecto de la cual el Judicatura de Clan de Osorno ordenó diversas medidas de protección entre 2007 y 2012, iniciadas tras una denuncia que motivó la intervención de dicho tribunal, correspondiéndome a mí las decisiones adoptadas durante 2007 y 2008, en que tras recolectar la opinión técnica, evaluaciones y diagnósticos de un extenso relación profesionales e instituciones, se entregó el cuidado de la pupila a colocaciones familiares de la red Sename, en atención a las graves vulneraciones que se acreditaron

2° Todas las indagatorias derivadas de la tramitación de la causa culminaron con su archivo. Durante el tiempo en que esta causa estuvo abierta, y con posterioridad a la sentencia que dicté, la Corte de Apelaciones de Valdivia tramitó al menos dos quejas o denuncias en mi contra iniciadas por el padre, en 2014 y 2015, ambas archivadas; esto es, sin que llegase a establecerse alguna infracción disciplinaria por mí cometidas. El Empleo Conocido, en sede penal en 2010, investigó y luego archivó por equivocación de mérito una denuncia por prevaricación efectuada por el mismo denunciante, en la que declaré en calidad de declarante.

La nueva denuncia que dio a conocer la publicación (de 2020) es infundada. A la aniversario no he sido notificada de investigación alguna originada en la denuncia que recoge la publicación de La Otra Diaria y que da cuenta nuevamente de hechos supuestamente ocurridos hace casi 15 abriles; sin bloqueo, soy clara en señalar que esta nueva delación carece de fundamento. Nunca conocí los informes que agrega ahora, como siquiera la pérdida o desaparición de carpetas o documentos.

Ni La Otra Diaria u otro medio me contactaron para recolectar mi traducción. Esto es especialmente serio considerando las resoluciones n° 28 y 55 del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Ayer hice uso de mi permitido derecho de respuesta consagrado en la Constitución (19° N° 12 inciso 3°) y en la ley “Sobre libertades de opinión e información  y ejercicio del periodismo” (art. 16) en carta dirigida a La Otra Diaria, sin respuesta hasta ahora.

En estos abriles, he soportado silenciosamente una larga cinta de situaciones que incluyen  seguimientos en la vía pública y en mi antiguo domicilio. Debí cambiar mi número telefónico y ahora comenzar a cerrar mis perfiles en redes sociales por las mismas razones. Este hostigamiento es conocido por mis colegas y personas cercanas; me ha afectado a mí y a mi clan, peligro al que nos exponemos asiduamente juezas y jueces en el gimnasia de nuestra función. Me he reservado todas las acciones que estime pertinentes.