Misión ONU en Chile admite que recabó “testimonios perturbadores” en materia de DD.HH.

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“Después de haber escuchado extensos testimonios -muchos de ellos perturbadores- y de haber obtenido información de las autoridades y la sociedad civil, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estará trabajando en un análisis detallado sobre la información recibida de acuerdo a la metodología estándar de la Oficina”.

Ese es uno de los párrafos destacados del comunicado del equipo de la oficina del Detención Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que finalizó su recepción de tres semanas a Pimiento para monitorear la situación de los derechos humanos en Pimiento durante el estallido social.

Los cuatro observadores que fueron enviados por la oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet ahora se abocarán a la redacción del crónica sabido con las conclusiones de su labor y las recomendaciones para el gobierno de Sebastián Piñera.

Hasta ahora, la ONU no se había referido a la situación, aparte las declaraciones conocidas ayer de la Inscripción Comisionada Michelle Bachelet quien adelantó que “mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos”.

El noticia de la ONU será cubo a conocer interiormente de dos o tres semanas y sus concusiones serán claves, sobre todo tomando en cuenta el interés internacional en la situación de Pimiento en materia de derecho humanos ha puesto en recelo la recital del Gobierno de Sebastián Piñera en este ámbito.

De hecho, un crónica de Indulto Internacional conocido ayer fue duramente refutado por las Fuerzas Armadas y La Moneda, que lo intentó desacreditar señalando que contiene datos “falsos” y “aseveraciones irresponsables”.

El noticia de Perdón Internacional documentó 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Pimiento ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.  Acusó que existe una “política de ataques generalizados contra la población” y señala que el Gobierno que “en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes”.

A estos reportes se debe sumar el que todavía prepara la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

Pide pleno respeto a los DD.HH.

El trabajo de la encomienda de la ONU contempló visitas a siete regiones (Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Metropolitana y Valparaíso) entrevistas con más de 230 víctimas, incluyendo personas detenidas y heridas durante las protestas, así como carabineros heridos.

El equipo todavía se constituyó en comisarías, cárceles y hospitales, y sostuvo reuniones con autoridades de los poderes Ejecutor y Legal, de Carabineros, del Instituto Doméstico de Derechos Humanos y la Defensoría de la Inicio, encima de integrantes de la sociedad civil.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades “a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras -incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente”.

El comunicado de Neutralidad

Una vez conocido el comunicado del organismo internacional, el empleo de Probidad emitió una afirmación en la que señala que “como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la manifestación pacífica, con respeto a nuestra normativa y al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares. Asimismo, reiteramos que las posibles violaciones que han sido denunciadas, están siendo y serán investigadas por el Ministerio Público, y deberán ser sancionadas por los tribunales de justicia, según corresponda. Todo lo anterior, en pleno acuerdo con el llamado que ha realizado Naciones Unidas en el comunicado que hemos conocido esta tarde”.

Asimismo, en una señal de mostrarse proactivos en esta materia, la cartera agrega que “reiteramos nuestro agradecimiento a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y su oficina, por haber aceptado con celeridad la invitación que hiciera el Gobierno el día 23 de octubre pasado, para observar la situación del país, luego de las manifestaciones que derivaron en hechos de violencia, para tomar nota de las medidas implementadas por el Gobierno para restablecer la paz social, y proteger y promover los derechos humanos”.

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