Otra vez Herman Chadwick Jr.: ahora enfrenta nueva querella por infringir Ley de Quiebras y apropiación indebida

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“Nos hemos hecho cargo de las quiebras más grandes de Pimiento en los últimos cinco abriles, las cuales se han fiscalizado siempre y nos hemos sometido en forma voluntaria a ello, porque la política de nuestro equipo es transparencia y eficiencia”. Así explicaba Herman Chadwick Jr., el año pasado, los siete expedientes que acumuló en un año la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir, ex Superintendencia de Quiebras), el organismo estatal encargado, entre otras cosas, de fiscalizar la actividad de los síndicos de menoscabo y que en la carátula llevan su nombre.

Hasta ahora a Chadwick parece lloverle sobre mojado. Actualmente está con raigambre y firma mensual en el situación del proceso por el caso Caval, donde la rectitud civil le ordenó devolver $127 millones a la sociedad Wiesner S.A., que era dueña de los terrenos en Machalí que dieron origen a la causa que involucra a la grupo presidencial. Chadwick habría usado este hacienda para gastos operacionales que no fueron aprobados por la concilio de acreedores. El Ocupación Manifiesto lo acusa de obtener “ventajas indebidas” desde su rol en el proceso de hendedura de la firma ligada a la grupo Wiesner. En su peor momento, Chadwick cumplió arresto domiciliario, medida que fue rebajada por las actuales, el pasado 21 de julio.

Balde de agua fría

Para empeorar las cosas, a mediados de julio se presentó una querella por la eventual comisión de varios delitos relacionados con la Ley de Quiebras y con el Código Penal, por supuesta apropiación indebida. La movimiento legal fue presentada por los abogados que representan a Inversiones El Coigüe, una sociedad de administración inmobiliaria. Todo esto en el ámbito de la menoscabo del Instituto Chileno Norteamericano, en la que Chadwick fue designado síndico. El año pasado el abogado ya pagó una multa por irregularidades en este proceso, equivalente a poco más de $3 millones.

Sin secuestro, los historial contenidos en la querella involucran sumas mucho más altas. Todo comenzó en 2010, cuando Inversiones El Coigüe arrendó dos propiedades al Instituto Chileno Norteamericano. La entidad fue declarada en hendedura en 2012. El instituto, según los querellantes, les debe 4.500 UF más costas, unos $119 millones al valencia presente.

Hasta ahora a Chadwick parece lloverle sobre mojado. Actualmente está con raigambre y firma mensual en el situación del proceso por el caso Caval, donde la probidad civil le ordenó devolver $127 millones a la sociedad Wiesner S.A., que era dueña de los terrenos en Machalí que dieron origen a la causa que involucra a la clan presidencial. Chadwick habría usado este plata para gastos operacionales que no fueron aprobados por la articulación de acreedores. El Tarea Manifiesto lo acusa de obtener “ventajas indebidas” desde su rol en el proceso de ruina de la firma ligada a la comunidad Wiesner. En su peor momento, Chadwick cumplió arresto domiciliario, medida que fue rebajada por las actuales, el pasado 21 de julio.

Los detalles

Los querellantes reclaman que Chadwick, en calidad de administrador del síndico, es una especie de “gerente” a cargo de los posesiones para retribuir a los acreedores; en ese context, vendió propiedades del instituto por debajo de los precios de mercado. Adicionalmente, al mantenerse a cargo de la “continuidad de libranza”, es decir, del funcionamiento de la entidad para que siguiera generando recursos, según dicen, en su mayoría desembolsos hacia terceras personas sin “coartada plausible”. Este extremo punto es similar a la inculpación que se le hace en el caso Caval.

En ese orden, la continuidad de vuelta, como se nombra en términos jurídicos a la situación de la empresa que sigue operando posteriormente de ser aceptada la pérdida, registró perdidas -indican los querellantes- que no tienen correlato con el desenvolvimiento del negocio. De esta forma se aumentó el “pasivo social”. Por ultimo, acusan que Chadwick aparece “cobrando y percibiendo honorarios por la distribución de la continuidad de viraje, en exceso de lo acreditado por la articulación de acreedores”.

El 30 de enero de 2012, el 12º Curia Civil de Santiago acepta la bancarrota que semanas antaño había solicitado el instituto. Algunos de sus principales acreedores, el Bandada BCI, el Asiento BBVA y un factoring conexo al Cárcel Internacional, habían determinado tres días antaño designar a Chadwick como síndico para tener la llave de la despensa la deterioro y la “continuidad de giro”. Solo por este postrer ítem se estableció que los honorarios de Chadwick serían de $15 millones mensuales.

El instituto tomó la osadía de pedir la ruina luego de estimar que tenía una deuda equivalente a US$13 millones, derivadas de los cambios en la industria de la capacitación, particularmente la competencia en la ofrecimiento de cursos de inglés, que disminuyó los ingresos y la suma de gastos en expansiones fallidas, como la materialización de un Instituto Profesional y préstamos para cumplir con las obligaciones con destino a sus trabajadores. De hecho, la entidad reconoció una deuda cercana a US$4 millones con sus trabajadores: 200 profesores y 100 administrativos con sueldos y cotizaciones previsionales impagas a la data de ser aceptada la quebranto.

En este ámbito, el 19 de abril de 2012 los acreedores ratifican a Chadwick como síndico titular, pero cambia al suplente para nombrar a la abogada Mariclara Sánchez, que trabaja con Chadwick en el estudio Chadwick & Raymond.

Vínculos no explicitados

El 13 de julio y a posteriori que en la reunión inicial la congregación de acreedores acordara “vender en licitación privada todos los bienes muebles, marcas y permisos de la sociedad en quiebra”, Chadwick informa que existe la posibilidad de acoger una ofrecimiento en los días siguientes.

En el armonía sucesivo, efectuado el 25 de julio de 2012, Herman Chadwick Jr. informa que ha recibido una proposición de un particular, Patricio Centeno González, quien ofrece $5.300 millones, un poco menos de la deuda total. La ofrecimiento es aceptada por los acreedores, que establecen que el suscripción debe ser “al contado en efectivo, o en documentos bancarios a la pinta”, según consignan los historial de la querella. El reseña en que se aprueban estas condiciones, no decía nulo respecto del vínculo de Centeno con el Instituto. El ingeniero comercial está adherido a la sede en Valparaíso de la entidad y fue, en períodos consecutives, presidente de su directorio. Siquiera se detallaron eventuales gestiones de Chadwick para averiguar la mejor proposición y de qué forma se valoraron los intereses para durar al monto concertado.

Esa fue la última rendición que Chadwick hizo de su trabajo, hasta el 12 de diciembre del 2012. Ese día el síndico, de acuerdo a los querellantes, informa que se firmaron los contratos de compraventa. Pero no entrega detalles de las operaciones. Los contratos no se adjuntan al expediente.

En los meses siguientes no se registran movimientos relevantes en el cuaderno principal del expediente relacionado con la raja. A querella de los querellantes, las únicas actuaciones realizadas por Chadwick se limitan a adjuntar los informes financieros sobre el funcionamiento del instituto, lo que se denomina como “continuidad de giro”. A partir del mes de agosto de 2014, el síndico deja de emitir dichos informes, limitándose a adjuntar un certificado mensual dando cuenta de que la respectiva reunión de acreedores no se celebró “por yerro de quórum”, consigna la hecho procesal.

Durante 2013 hubo dos repartos de los fondos recaudados. Pero no alcanzan para satisfacer a todos los acreedores. Se privilegia a los trabajadores y a los bancos. Para inversiones Los Coigües no alcanza. El proceso queda sin movimientos, hasta que el audiencia, el 29 de febrero de 2016, ordena a Chadwick rendir cuenta definitiva de su papeleo en un plazo de 10 días. Pero el plazo se cumple y no pasa mínimo. El tribunal insiste y pide que lo haga en cinco oportunidades, incluso bajo “admonición de arresto” y la cuenta se presenta recién el 28 de junio de 2017. Su aprobación todavía se encuentra irresoluto.

“Arresto” y peritajes especiales

En el desliz en que el proceso estuvo detenido, la sospecha se instaló entre los querellantes que contrataron peritajes independientes, basados en los datos que contiene el proceso en la carpeta de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. “Los hallazgos realizados dan cuenta de hechos en apariencia constitutivos de delito”, dice la energía jurídico.

Entre lo que se logró establecer, según los querellantes, es que Chadwick vendió a la sociedad de Patricio Centeno, “Inmobiliaria Don Federico Ltda.”, la sede de Holanda del instituto, contigua a las propiedades que arrendaba a Inversiones Los Coigües, que es la que se querelló en $420 millones. Menos del precio de mercado, que -según una tasación experta encargada en este contexto- costaba $733 millones. Por otro costado, en la contabilidad del instituto, esta propiedad estaba registrada por un valencia de $933 millones.

A la misma sociedad representada por Centeno se vendieron las sedes de calle Moneda y Avenida Vicuña Mackenna.

En los contratos se estipula que la Inmobiliaria Don Federico se “obliga a no enajenar, prometer la enajenación, gravar en cualquier forma, constituir derechos de cualquier naturaleza a favor de terceros, ni arrendar en todo ni parte la propiedad materia de este contrato, sin consentimiento previo otorgado por escrito por un representante del B.I. (Banco Internacional), con excepción del arriendo por el comprador de los inmuebles a las sociedades ‘Organismo Técnico de Capacitación Instituto Chileno Norteamericano Limitada’ y ‘Sociedad de Educación ChilenaNorteamericana Limitada’”, consigna la querella.

Ambas sociedades a las que se pueden arrendar los inmuebles, están ligadas a Inmobiliaria Don Federico y los querellantes insisten en que hubo traspasos de los fondos derivados de la “continuidad de giro” cerca de estas sociedades, que -según manifiestan- configuran una infracción a la Ley de Quiebras, al materializarse un “concierto entre el síndico y el deudor”, lo que está expresamente prohibido. Un cercano al proceso afirma que “el síndico aparentemente traspasó los recursos que se iban generando por el funcionamiento del instituto a la OTEC, cuando su destino era pagar las cuentas a los acreedores”, asegura.

Aparecen encima pagos a prestadores de servicios que no están justificados de ninguna guisa. “Lo propio ocurre respecto de los asientos contables, en apariencia artificiales, registrados en la continuidad del giro y los honorarios cobrados por el síndico Herman Chadwick en exceso de las tasas acordadas por la masa (los acreedores)”, indica la querella.

Los montos misteriosos

En palabras simples, esto significa que en la tabla de los gastos de funcionamiento o “continuidad de giro” entregada por Chadwick a la Superintendencia, se aprecian dos montos o “asientos contables” $258.451.328 anotados como “pérdida por activo fijo” y otros por “servicios de facturación” por un total de $219.899.926. A pleito de los querellantes, basados en los informes disponibles en la carpeta de la superintendencia donde se detallan los activos y el pasivo, a partir del funcionamiento del instituto, “estos montos no responden a ninguna operación económica real, incorporándose por esta vía pérdidas en apariencia inexistentes”, afirma la hecho legal.

Sobre la almohadilla de este cálculo y de los $6 millones que Chadwick habría cobrado en exceso a cuenta de sus honorarios, es que en el texto se incluye el delito de apropiación indebida.

Todo esto tendrá que probarse en la investigación que lleva delante el fiscal Pablo Norambuena, uno de los que estuvo a cargo de los casos Penta y SQM. Hasta ahora Chadwick no ha sido llamado a determinar. Contactado para la presente nota, no respondió a las solicitudes de este diario.

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