Para Punta Peuco no alcanza: Oposición introduce indicación a proyecto de indultos del Gobierno para que no beneficie a violadores de DDHH

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Una de las inquietudes que surgen a partir de la pandemia de Covid-19 es la situación de las personas que se encuentran en encerradas en las cárceles y otros lugares de confinamiento donde representan una posibilidad ingreso de propagación del virus. La Reincorporación Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, asi como representantes de otros organismos internacionales han llamado la atención sobre esta parte del problema.

“Las autoridades pueden examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al Covid-19, como los reos enfermos y los más mayores, para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han comenzado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a las personas que están encarceladas sin la suficiente base legal”, pidió Bachelet a través de un mensaje en redes sociales ayer.

En Pimiento, para hacer frente a este asunto, el gobierno a través del Ocupación de Rectitud, presentó un plan de ley que se vota hoy en la Comisión de Constitución del Senado, luego en la sala y mañana debería tramitarse en la Cámara de Diputados.

El plan comprende indultos generales conmutativos, de penas privativas de facilidad, tratándose de personas que tengan más de 65 abriles de años, que sean mujeres embarazadas o que tuvieren un hijo o hija beocio de dos abriles de etapa. El indulto consistirá en la conmutación de la pena privativa de sencillez por la de aislamiento domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.

La iniciativa consideraba una  situación anormal  constituida por  la población penal anciano de 75 abriles, pues a diferencia de todos los otros grupos beneficiados, se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento leve de condena, y se prescinde asimismo de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir. Lo previo, por considerarse el peña de longevo peligro, conveniente a que dicha etapa de la vida se caracteriza por procesos degenerativos, tanto físicos como psicológicos, lo que impacta de forma negativa en las posibilidades de sobrevivencia frente al contagio del COVID-19.

En este punto es donde surgió la controversia porque se abría la puerta para que accedieran al beneficio personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos. Contra el tiempo, los senadores Alfonso de Urresti (PS) Juan Ignacio Latorre (RD) y la senadora Yasna Provoste introdujeron al esquema una indicación para impedirlo.

“Ni respecto de los condenados que la sentencia en conformidad con el derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación que dicjas conductas hayan tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la Ley 20.357”, dice la indicación al articulo 15 del esquema, que ya fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado