Parlamento de Bolivia abrió juicio contra el expresidente Carlos Mesa por el pago de una millonaria multa a minera chilena

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El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) cargó este jueves contra el oficialismo y el Ocupación Notorio por un proceso reactivado en su contra por un falta internacional que obligó al Estado boliviano a fertilizar una multa millonaria a una empresa chilena en el que el rival asegura no tener responsabilidad alguna.

Mesa explicó en una rueda de prensa en La Paz los historial del caso conocido como Quiborax un día posteriormente de que una comisión mixta del Parlamento aprobara el inicio de un sumario de responsabilidades en su contra por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

«Me van a empapelar por deber nacionalizado el sazonar de Uyuni y por activo expulsado a una empresa pirata e ilegal de Bolivia», manifestó el exgobernante.

En 2004, durante el Gobierno de Mesa, fueron revocadas concesiones mineras en el estropear de Uyuni para explotar ulexita a la empresa con mayoría de caudal chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax.

Las firmas presentaron una controversia frente a el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Faja Mundial, que en 2018 cerró el caso a crédito de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley.

El Estado boliviano firmó entonces un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

Los informes

Mesa explicó que durante su trámite decidió nacionalizar el sazonar de Uyuni declarando «de dominio estatal a toda la costra salina» de ese reservorio, uno de los principales yacimientos mundiales de litio.

Según el expresidente, todavía se detectó que «Non Metallic Quiborax había recibido una concesión ilegal», adicionalmente de no fertilizar impuestos, no respetar temas medioambientales y determinar exportaciones «muy inferiores a lo que efectivamente» estaba enviando al exógeno.

El exgobernante acusó a la firma de tener falsificado su reseña de conformación para «establecer una mayoría accionaria extranjera» y comparecer al CIADI, una acto de la que, según Mesa, estaba enterado el entonces Gobierno de Evo Morales y frente a la cual «no hizo el incentivo que tenía que hacer».

Mesa recordó que la Filial de Morales rechazó un primer acuerdo para compensar con 3 millones de dólares a la firma, luego caldo una demanda que reclamaba 27 millones y finalmente el entonces Gobierno acordó con los demandantes el suscripción de 42,6 millones.

El exmandatario apuntó por ello a los exprocuradores Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, al extitular de Minería César Navarro y al entonces ministro de Posesiones y presente presidente, Luis Arce.

Mesa aseguró que en su momento presentó varios «escritos de delación» contra los exfuncionarios que fueron rechazados «porque el Ocupación Notorio está al servicio del Gobierno» del Movimiento al Socialismo (MAS).

Condonación presidencial

Todavía recordó que en 2018, Evo Morales decretó una condonación avalada por el Asamblea para él y para el expresidente Jorge Quiroga en casos judiciales que tenían pendientes para que colaboren autónomamente en la causa marítima boliviana frente a Pimiento.

Mesa rechazó en su momento la indulto al considerar que eso suponía que se presumía su culpabilidad en el caso Quiborax, lo que, según dijo este jueves, «no elimina la compromiso del cumplimiento» de ese decreto.

Para el expresidente, Morales le dio la perdón «para proteger y respaldar la impunidad» de sus excolaboradores a quienes acusó de ser los «verdaderos autores del delito de complicidad y pignoración de 42 millones de dólares en beneficio de una empresa pirata».

Agregó que volverá a presentar acusaciones contra estos exfuncionarios cuando se tenga en el país «un sistema jurídico factible».

El partido de Mesa considera que el avance del cordura contra el exmandatario en el Constituyente examen «presionar» a la concurso para conseguir que se aprueben juicios de responsabilidades de interés del MAS, entre ellos los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez.