El Partido Republicano ingresó la tarde de ayer una incriminación constitucional contra el ministro de Progreso Social, Giorgio Jackson, por infracciones o inejecución a la Constitución, funcionamiento de los servicios locales de Albor, vulnerar el principio de probidad, entre otras materias.
El diputado Johannes Kaiser explicó en un video subido a sus redes sociales que la imputación incluso se manguita en «la imparcialidad en el interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al acontecer imputado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones ilícitas e ilegales que le dio a dicha funcionaria”.
El caso al que alude el diputado corresponde a la exseremi metropolitana de Ampliación Social, Patricia Hidalgo, quien acusó activo recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental.
Después, el Tarea de Avance Social indicó en un comunicado que el Gobierno pidió la renuncia de Hidalgo frente a una pérdida de confianza “por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.
