Pensiones: Bermúdez dice que "hubo una omisión en la aplicación de la ley" en Contraloría

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Estamos convencidos que lo que acá hubo fue una omisión en la aplicación de la ley y de la aplicación de la derecho de esa ley. Por eso estamos haciendo nuestras propias investigaciones para entender qué pasó al interior de la propia Contraloría cuando se cursaron estas pensiones”.

Esta fue una de las declaraciones que marcó la intervención del contralor Jorge Bermúdez en la Comisión Investigadora de la Cámara que aborda la polémica por la entrega de pensiones en Gendarmería por sobre el tope constitucional de 60 UF, y que tuvo como su caso más alegórico el de Myriam Olate, ex subdirectora técnica y ex esposa del diputado Osvaldo Andrade. 

En la oportunidad, Bermúdez reconoció que “donado que esto (la toma de razón de las pensiones) estaba delegado en un nivel jerárquico tal bajo era muy difícil el control, y dada la magnitud de los documentos que se cursaban. Hemos tratado de adoptar algunas medidas para ir en contra de esos problemas, para solucionarlo. Pero todavía estamos en la etapa indagatoria”. 

Según explicó el contralor la razón por la cual este proceso se delegaba a un funcionario apuntaba a “la alta cantidad de documentos que deben ser tramitados no hace posible que todos ellos sean directamente tomados de  razón por parte del contralor general”. 

Es en el situación de la polémica por las pensiones en Gendarmería que se elevó el rango de la persona encargada de este proceso. Mientras que entre 2006 a 2016 estaba radicado al patrón de ámbito de beneficios previsionales, ahora está en manos del jerarca de división. 

Luego de más de una hora de exposición delante los diputados, la parlamentaria independiente Karla Rubilar le consultó a Bermúdez sobre los detalles del sumario, que fueron dados a conocer hoy por T13.cl.  Marta Morales, subjefa de la División de Personal de la Distribución del Estado de Contraloría,  declaró que antaño de que estallara la polémica por Olate, algunos altos funcionarios advirtieron a la entonces contralora subrogante, Patricia Arriagada, de la improcedencia de refrendar pensiones por sobre el tope de 60 UF. 

Del mismo modo, Rubilar le consultó sobre la información del  dirigente del radio de Beneficios Previsionales Samy Meinemer, quien sostuvo que encontró dictámenes de 2004 y 2012 en que se permitía la entrega de pensiones sin tope.  “Los dictámenes de 1995 y 1998 fueron derogados tácitamente sin mencionarlo, por dictámenes posteriores que no los aplicaron”, señaló.

El funcionario -dice el sumario- aseguró tener informado desde 2012 al entonces contralor Ramiro Mendoza tanto de la entrega de pensiones sobre el tope, así como de aumentos en remuneraciones previo a la data de retiro. 

La respuesta de Bermúdez fue la posterior: “la informe que acaba de citar y que es la pregunta más compleja para nosotros...Estamos realizando un sumario, y al parecer las declaraciones que aparecen ahí citadas entre comillas son las declaraciones de funcionarios en el sumario”.

“Ese sumario está a cargo de la fiscal de la controlaría, dada la importancia del caso ella es la que está llevando adelante el sumario administrativo. Sin embargo estamos obligados a remitir sumarios al Ministerio Público, y ahí lo hicimos a la fiscalía de alta complejidad. Una fiscal nos solicitó copia del sumario y nosotros se la hicimos llegar. Está ahí desde hace más de un mes”, dijo Bermúdez.

Un tercio de las pensiones desde 2010 estaría sobre el tope

Según el contralor, entre 2010 a 2016 se ha tomado razón de 433 pensiones de retiro, de las cuales un tercio son por sobre el tope. Una número que en todo caso comprometió entregar de forma oficial vía oficio. 

“La pensión se calcula de acuerdo a la última remuneración. Eso hace evidentemente que haya un incentivo perverso a que se paguen más asignaciones en el último mes”, reconoció. 

El contralor destacó que desde junio el organismo ha desestimado la entrega de pensiones por sobre el tope. “Consideramos que con la aplicación de la ley, a partir de este año, sucesivamente el Estado va a dejar de perder una determinada cantidad de dinero”, afirmó. 

Si aceptablemente son cálculos preliminares, la Contraloría estima que al décimo año aproximadamente el Estado “dejaría de perder 8 mil millones de pesos anuales”.

Fuente:T13.cl

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