Pez Gordon: las declaraciones que mencionan al ex general director de Carabineros en nueva arista del fraude investigado por la Fiscalía

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“No es efectivo, eso es una mentira, nunca influí en nadie para que se hiciera algo. Esos son malos comentarios. Lo que sucedió es que el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, fue modificado durante algún período, en el cual se procedió a discutir por muchos funcionarios ya retirados el tema de ‘asimilación de grado’, por lo que legítimamente, las personas que se sentían afectadas por ello, podían recurrir a la vía administrativa o judicial. Por ello, es que mi cónyuge –y muchas personas más de diferentes profesiones–, se asesoró y solicitó vía procedimiento judicial, el reconocimiento de este derecho. Un tribunal de la República lo reconoció y se cumplió, pero por ser una resolución judicial de la Corte Suprema”.

Eduardo Gordon, ex común director de Carabineros –entre junio de 2008 y septiembre de 2011–, declaró delante el fiscal Eugenio Campos, el 26 de mayo, a pocas semanas de conocerse el fraude al interior de la policía uniformada, que todavía no se calculaba en los $25 mil millones de la ahora. Gordon reiteró que nunca tuvo ninguna señal de que hubiera malversación, asegurando que todo el trabajo contable se hacía en la Dirección de Finanzas, a cargo del entonces caudillo Iván Whipple, imputado en el caso. Encima, reconoció que luego de tomar el mando de la institución, tras la homicidio de José Bernales, decidió nutrir a Whipple en el mismo puesto que ocupaba como semblante de confianza. Pero insistió en que nunca supo de un orden de oficiales concertados para vulnerar los controles financieros.

De lo que sí reconoció estar al tanto, es del mecanismo que describe en su manifiesto. Mediante un diseño permitido, casi 1.500 personas han sido compensadas económicamente por Carabineros, quienes –como explicó Gordon– son funcionarios civiles beneficiados con una “asimilación de grado” respecto del personal uniformado y, a partir de una resolución procesal, la institución les ha pagado legalmente importantes sumas de billete.

Entre los beneficiados está su esposa, María del Pilar Orduña, quien fue enfermera de Carabineros y dejó su puesto en 2005, cuando Gordon asumió como subdirector.

El abogado y ex carabinero

No fue casualidad que el fiscal Campos abordara este tema con Gordon, consultándole si había influido en alguno para que los pagos, por dicha vía admitido, se activaran más rápido.

Semanas antaño, en una testimonio el 3 de abril de este año, el coronel Rodrigo Orellana Madeja –hoy formalizado en el caso– describió el apuro del universal Whipple para que se pagara un cheque asociado a un opinión jurídico de este tipo y mencionó a Gordon:

“En 2011, me llamó el general Whipple a su oficina y me ordenó que girara un cheque a nombre de un abogado que estaba patrocinando a varios funcionarios, no recuerdo si el monto fue 9 o 19 millones. En esos momentos, el general Whipple recibió un llamado telefónico y comenzó a hablar con una persona a la que se refería como ‘Lalito, Usía’, yo asumí que estaba hablando con el general director de la época, el general Gordon. Ahí el general Whipple le dijo que estaba hablando con el mayor que sacaría el cheque, o sea, yo. Entonces el general Whipple me ordenó que girara el cheque con cargo a la cuenta de desahucio, yo le representé que con qué respaldo y él me insistió. En definitiva giré y firmé el cheque, documento que por intermedio del ayudante pasó a la firma del en ese entonces coronel Echeverría, desconozco en definitiva a quién le pasaron el cheque”, aseguró Orellana.

El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Moreno Villalobos, universal director de Carabineros, a través de un arbitrio de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 abriles han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño sumarial, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.

En el solicitud, Badilla se queja de que el militar Villalobos ha omitido contestar a una carta en la que, semanas antaño, le recordó que estos beneficios para el personal civil están dispuestos en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y ha sido precisamente esta disposición, con impresión retroactivo, la que ha permitido, en la actos, vencer la gran mayoría de los bienes, que –de acuerdo a este diseño reglamentario–se presentan en pedrusco para luego repartir el pasta conseguido.

Badilla Drago sabe de lo que palabra. Desde que la Corte Suprema aceptó el criterio de equivalencia entre civiles y uniformados de Carabineros, el 3 de diciembre de 1996, su diseño para obtener el suscripción desde la policía uniformada ha sido exitoso. Antiguamente de ser abogado, Badilla fue carabinero y egresó en la misma promoción que Gordon.

Según las cifras que se calculan al interior de la institución, Badilla a lo extenso de estos abriles ha recibido en honorarios ocho mil millones de pesos. A sus clientes les exige el 30% de lo rebaño.

Pagos duplicados

El militar Flavio Echeverría, señalado como uno de los participantes más activos del fraude, se refirió a estos pagos durante el mandato de Gordon en su confesión frente a los fiscales Miguel Donaire Orellana y Patricio Macaya:

“Desde mi punto de tino había dos situaciones irregulares. La primera tiene que ver con los altos montos pagados a los abogados por parte del área III Tutela y remuneraciones, quienes defendían en tribunales a ex funcionarios de Carabineros que presentaban disconformidad con sus remuneraciones percibidas durante los abriles de servicio, en comparación a otros de su mismo porción y de otros escalafones (Artículo 6). El criterio de cuota lo aplicó la Dirección Doméstico de Personal y fue para ciertos grupos con prescripción de cinco abriles y para otros grupos sin prescripción. Los informes se encuentran en la contabilidad de esos abriles”, manifestó Echeverría.

El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Moreno Villalobos, militar director de Carabineros, a través de un medio de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 abriles han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño legal, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.

Un prueba esencia en relación con este asunto es el de Nelson Valenzuela, veterano de Carabineros que implementó el software de pagos en la institución y que después participó del fraude. Valenzuela aseguró a los fiscales que, en su llamado a retiro de la institución, influyó el hecho de que cuestionara los pagos mediante el diseño del abogado Badilla:

“Un categoría de 50 personas demandó a Carabineros por el gratitud de este artículo 6. A mí se me dio la orden de satisfacer todo retroactivo, pero yo era de la opinión contraria, de que solo se debían retribuir los últimos cinco abriles. Eso nunca fue entendido, lo que me desgastó mucho, sosteniendo reuniones en las que traté de convencer al mando, entre ellos al común Gordon, que eso no era lo oportuno, me daba hidrofobia que se pagara todo, ahí debía aplicar la prescripción civil de este beneficio, pero no se entendía. Me daba pena que se estaba botando plata con este artículo 6”, declaró Valenzuela a los fiscales.

Valenzuela, que conocía a la perfección el sistema informático, admitió adicionalmente que en un momento estos pagos fueron duplicados por error y el capital debió ser restituido.

“Dentro de ese mismo tema, recuerdo que en un momento se pagó dos veces, pero también reconocer que se produjo el reintegro”, afirmó.

Este episodio del cuota duplicado lo menciona todavía otro de los imputados, el ex coronel Arnoldo Rivero, quien reconoció tener sustraído unos 300 millones desde 2004, cuando Valenzuela les propuso abultarse los sueldos a través de las planillas a las que el policía con conocimientos de informática tenía paso.

Rivero detalló a los fiscales cómo fue que se generó el suscripción duplicado a los funcionarios civiles, ocurrido a mediados de 2010:

“En una oportunidad se dispuso que había que pagar unos reintegros de dineros a médicos, enfermeros, oficiales de secretaría, etc. A esto se le denominaba el pago del artículo 6to, a raíz de un fallo legal que dispuso esos pagos. Entonces el mayor Valenzuela ideó el pago por intermedio del nuevo sistema que él había diseñado. Yo autoricé este pago y de esa forma entonces, luego y por algunos reclamos, me percaté que muchas personas recibieron el pago duplicado. Entonces le dije al mayor Valenzuela que había quedado la escoba, y que reuniera a las personas que habían recibido pagos de más, para explicarles que tenían que reintegrar los dineros, me reuní con ellos y luego de explicarles comenzaron a reintegrar, los dineros comenzaron a ingresar a la cuenta de reintegros, producto de esto el general Whipple me trasladó y llegó el coronel Luis Torres Rebeco. A mí me relegaron a una oficina en la que prácticamente no hacía nada”, reconoció Rivero.

Gordon paga la fiesta

Todavía en el año 2010 ocurrió el episodio que obligó a Gordon a fallar nuevamente delante la Fiscalía, el 17 de julio. Se trata de la fiesta de Navidad para ese año, que dejó un saldo de poco más de 21 millones que fueron objetados por la Contraloría. El militar Jorge Serrano, encargado entonces de Asuntos Públicos, pidió un préstamo a la propia institución por el total de ese monto y lo reintegró antiguamente de que comenzaran procedimientos administrativos en su contra, en junio de 2011. El 21 de ese mes, el caudillo Eduardo Gordon le dio un cheque que Serrano depositó de su cuenta personal, por un total de $21.703.000, según publicó The Clinic. Gordon, como trascendió de su afirmación, le señaló a la Fiscalía que restituyó el fortuna a Serrano porque “encontraba injusto” que asumiera la deuda.

Entreambos oficiales, Gordon y Serrano, se conocen desde que fueron parte del staff escolar de la Escuela de Carabineros, donde el primero fue director. Durante el período de José Bernales a cargo de la dirección de Inteligencia, en 2003, Serrano trabajó bajo su mando en la sección de Asuntos Internos, encargada de detectar a los Carabineros que comenten delitos. Gordon, en tanto, era el común a cargo de la zona policial en la Región de Valparaíso.

El apuro de Whipple

Una vez que el coronel Arnaldo Rivero fuera removido a posteriori del episodio del suscripción duplicado a los funcionarios civiles, asume como director de Finanzas y Contabilidad el coronel Luis Torres Rebeco.

El retraso en el suscripción a los clientes de Badilla, en la experiencia la ejecución del parecer legal, asimismo le significó a Torres ser removido a otro puesto.

En su afirmación del 26 de mayo, el oficial, actualmente en retiro, detalla lo posterior:

“En el mes de marzo o abril, no recuerdo muy bien la fecha, llegó un dictamen judicial, el cual disponía el pago de remuneraciones no percibidas por personal civil que cumplía y cumplió funciones dentro de Carabineros, por lo cual fui citado por el general Whipple a su oficina, el cual me preguntó cuándo se haría efectivo dicho pago, para lo cual consulté al mayor [Nelson] Valenzuela, quien estaba a cargo de realizar los cálculos respectivos para dicho proceso, el cual me indicó que estaría en condiciones de ejecutarlo a fines del mes de mayo, eso fue lo que le informé al general Whipple”, afirmó Torres.

Y continúa detallando el enojo de Whipple por el involución en el suscripción:

“Posteriormente, a una semana de que se cumpliera el plazo para realizar el pago respectivo, solicitándose la información faltante a los estamentos involucrados, determinándose como nueva fecha de pago el mes de junio. De lo anterior fui personalmente a poner en conocimiento al general Whipple, el cual se ofuscó y me llamó la atención, aduciendo que la primera información ya la había entregado a la jefatura superior, desconociendo los motivos de su reacción (…) el pago definitivo se realizó entre los meses de junio y julio de ese año. A posterior de esta situación me comentan que el general Whipple manifestó que me trasladaría del Departamento de Finanzas, por no haber dado el ancho como jefe de repartición, estamos hablando del mes de junio, es decir, no llevaba ni seis meses y ya sabía que sería trasladado”, reconoció Torres en su testimonio.

El afirmación que apunta a la Dipres

Otro de los interrogados, el coronel Renato Sarabia, deje de los pagos a partir del artículo 6º y los describe como un proceso especialmente rápido, en el que involucra al funcionario de la Dipres Hugo Zúñiga, que ha público –tanto en la investigación penal, en condición de imputado, como en la comisión investigadora de la Cámara– que efectuaba “asesorías” en materia de presupuesto a algunas ramas de la Defensa, incluyendo Carabineros.

Esto fue lo que dijo el coronel Sarabia, el 26 de mayo:

“Respecto del artículo 6, esas platas para pagar: nunca existió un atraso entre Dipres e Intendencia de Carabineros para pagar. Es decir, salía el dictamen de la Corte, cuando salía la resolución, al par de días llegaban los dineros. Yo asumo que esto salía con esta celeridad por los honorarios pagados por Carabineros a Hugo Zúñiga. Con Hugo Zúñiga se trabajaba contra boletas de honorarios, los cheques eran por el total de la boleta”, aseguró Sarabia, que desde junio cumple prisión preventiva.

“Nunca vi a Hugo Zúñiga haciendo algún curso, o alguna acción laboral en Carabineros, él solo llegaba a cobrar sus honorarios”, declaró Sarabia delante los fiscales Orellana y Macaya.

Versiones con whisky

La Fiscalía asimismo incluyó en el expediente de la investigación un prueba donde se menciona a Eduardo Gordon, pero sobre la almohadilla de una interpretación “de oídas”, en que el veterano Diego Valdés Bustamante contó, con varios vasos de whisky en el cuerpo, que le había entregado un maletín con patrimonio al ex militar director, por orden de Iván Whipple, en ese momento director de Finanzas de la institución.

Esto fue lo que dijo a los fiscales el 24 de abril, el decano Fabián Cárdenas, igualmente involucrado en el fraude, sobre la interpretación que escuchó de Bustamante durante una reunión social en el sección de otro carabinero:

“En algún momento mi general Whipple me dio la misión de entregar personalmente un maletín a quien llamaba ‘Lalito’, que era el general director Eduardo Gordon, en cuyo interior, suponía, iban muchos millones en dinero efectivo, ya que se encontraba cerrado con llave, no teniendo oportunidad de abrirlo, debió seguir las instrucciones de subirse al vehículo fiscal del general director, quien lo recibió directamente de sus manos en el estacionamiento ubicado atrás de calle Alameda Libertador Bernardo O’Higgins nº 1196. Una vez entregado el maletín, a poco andar el vehículo –una cuadra– se bajó del vehículo sin el maletín. Cabe hacer presente que quien conducía era uno de los conductores asignados al citado general”.

Fuentes allegadas al proceso afirman que la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los pagos gestionados por el abogado Badilla a los funcionarios civiles que representó en esta serie de bienes de protección. En ese contexto, y asimismo para dilucidar un eventual mal uso de gastos reservados, es que el Tarea Conocido pidió rebelar el secreto bancario de los generales que componen el detención mando de Carabineros. Sin bloqueo, la petición fue rechazada hace algunos días, con el argumento de que puede vulnerar garantías constitucionales.

Luego de dirigir un cuestionario a Carabineros sobre los pagos derivados de esta “asimilación de grado”, la institución no se refirió al tema. Siquiera lo hizo el abogado Juan Badilla.

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