Piñera, Guerra, Gajardo y los dilemas del caso Bancard

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Por Christian Rendic.

Erradicación-Gajardo: el tándem que complica a Piñera

Primera semana de marzo de 2015. Centro de Equidad. Fueron tres los días que duró la formalización de cargos en contra de 10 imputados en el caso Penta por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Entre los acusados estaban Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del holding.

La maratónica trayecto en que los fiscales debían exponer los fundamentos de su imputación al enjuiciador de Seguro fue transmitida en vivo y en directo. En el equipo de persecutores destacaba Carlos Gajardo, quien a la hora de describir la arista vinculada a la firma de contratos forwards irregulares llamó la atención de todos con la posterior descripción de un pacto en particular: “¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III, por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB… y $50 millones de salida… ¿para qué empresa? Para administradora Bancorp, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”.

La sugerencia a “Apoquindo 3000” no era casual. Ese es el edificio donde tiene su centro de operaciones, hace abriles, Sebastián Piñera. Sus oficinas están ubicadas dos pisos más en lo alto de las de Bancard, el family office que hoy enfrenta una querella por los supuestos delitos de uso de información privilegiada y negociación incompatible, tras la negocio a partir de 2010 de acciones en una pesquera peruana cuando era Presidente, y Pimiento y Perú mantenían el proceso marino en La Haya.

Desde entonces se ha especulado que, para Gajardo -fiscal patrón de la Dispositivo de Delitos de Suscripción Complejidad que en octubre del año pasado formalizó por un entendimiento forward a Santiago Valdés (ex administrador electoral de la campaña de Piñera y ex administrador común de Bancard)-, el ex Presidente sería un “botín” apetecido.

En el caso Bancard, Gajardo trabaja bajo las órdenes de Manuel Cruzada, el fiscal regional Metropolitano Oriente, quien quedó a cargo de esta investigación porque las oficinas de la sociedad de inversiones están ubicadas en Las Condes.

Quienes conocen detalles del caso aseguran que la relación de la defensa de Bancard –encabezada por el penalista Juan Domingo Acosta- es con Conflagración, no con Gajardo. Y que si proporcionadamente ha existido un entendimiento frecuente para esta etapa de la investigación, otras fuentes de Pimiento Vamos desconfían del perfil del Fiscal Regional.

Ex militante del Partido Radical y cercano al ministro de Defensa José Antonio Gómez,

Supresión es activo en redes sociales –tal como Gajardo, con quien comparten adicionalmente ser hinchas de la U-, donde públicamente ha sido un crítico de las AFP, por ejemplo, y ha escrito mensajes contra quienes, desde otros poderes del Estado, “pretenden influir en las decisiones judiciales”. Asimismo, ha aseverado que “claramente tenemos dos derechos penales, uno para los pobres, que es durísimo y otro para los acomodados, que es muy cómodo y blando”.

Armageddon

Bancard: entre la celeridad y la privacidad

Andrés Velasco tuvo que ceder a sus aspiraciones presidenciales y ahora desafío por el Senado; Ámbito Enríquez-Ominami ve cada vez más acullá aquel 20% de votación obtenida en 2009 y hoy casi nada se empina por una fracción de ese respaldo; los ex alcaldes Vittori y Plaza perdieron sus sillones edilicios en Maipú y Cerro Navia, respectivamente; Jorge Pizarro tuvo que dejar la presidencia de la DC y Fulvio Rossi renunció al PS.

Estos son algunos ejemplos de los bienes que puede tener entre las figuras públicas las causas judiciales que involucran peculio y política. Más allá de si asoman en calidad de imputados o testigos, de si median o no querellas en su contra y de que aún no sean llevados a sumario para que un tribunal declare inocencia o culpabilidad.

Los plazos, tanto para Piñera como para el resto de los aspirantes a La Moneda, se estrechan y impresionar admisiblemente posicionado a las primarias legales de 2017 es imperativo.

Por lo mismo, desde Bancard se han propuesto actuar con celeridad para tratar de cerrar este caso lo antes posible y no enfrentar el año electoral con dos investigaciones abiertas (la sumarial y la comisión Bancard de la Cámara de Diputados), cuyos plazos amenazan con ocupar más allá de lo deseado para la concurso.

Para ello, la idea es colaborar con la neutralidad. La duda interna es ¿hasta qué punto?

En este sentido, la desafío de quienes están a cargo es acotar lo más que se pueda el tipo de información que entregarán a la Fiscalía. De momento, los planes apuntan a inaugurar sólo correos puntuales y que sean atingentes al negocio que se indaga, es asegurar la adquisición de acciones de la pesquera peruana Exalmar. Ir más allá -como pretenden los persecutores- sería aclarar la puerta a eventuales nuevas aristas, tal como pasó con los correos del ex hombre cachas de SQM, Patricio Contesse, de cuyos emails nació de guisa casi fortuita la cargo de cohecho y soborno que lo involucra a él y a Pablo Longueira.

Las lecciones aprendidas

La celeridad no es el único delegado que conjugan en Apoquindo 3000; esencia es, para la defensa de Bancard, entregar sólo la información “pertinente” para la investigación que pretende desarrollar el Servicio Manifiesto.

Para la defensa del family office de Piñera es importante –como ya está dicho- que el Empleo Manifiesto acceda sólo a aquellos correos relativos a la adquisición de acciones en Exalmar, pero no destapar todo el intercambio epistolar entre Noguera y Piñera Morel durante los cinco abriles que pretende la Fiscalía.

Para ello, la alternativa es que sea un tribunal el que termine determinando si esta osadía de la defensa garantiza a la vez que la investigación cumpla sus objetivos, pero que a la vez se respeten las garantían de protección a la correspondencia privada.

La solicitud amplia de historial es parte del modus operandi de Carlos Gajardo –y de varios fiscales a cargo de investigaciones de esta complejidad- y si proporcionadamente la entrega voluntaria de estos referencias podría luego ser considerada como una “colaboración efectiva”, en círculos cercanos al ex Presidente dudan de los beneficios de una comportamiento de completa tolerancia.

Ejemplos le sobran a Piñera, dicen en su entorno. Sin más, Carlos Alberto es uno de sus amigos más cercanos y estuvo casi 50 días preso en el anexo Capitán Yáber, luego de que el propio Gajardo solicitara al tribunal la medida cautelar más dura. Esto, pese a que la defensa de Délano y Carlos Eugenio Lavín alegan favor prestado toda la colaboración con el Tarea Conocido.

Las dudas en torno a los beneficios de contribuir con el tribunal fueron cristalizadas en su momento por Jovino Novoa, quien asumió una aspecto desafiante poniendo en duda este principio y acusando sesgo en la investigación, aunque luego optó por ir a juicio abreviado, aceptando los hechos y antecedentes imputados, pero no la culpabilidad.

“Colaborar con estos fiscales no es ninguna garantía”, resume una suscripción fuente de Pimiento Vamos al respecto, mientras que un destacado penalista de la plaza arguye, respecto de la solicitud de lograr a los correos, que “es evidente que lo que está haciendo la Fiscalía es salir a pescar. Más que nada los quieren (los emails) para buscar y ver qué encuentran”.

La “pesca” a la que alude este abogado se refiere a la guisa que en el mundo jurídico definen la organización de los fiscales de pedir más información que la necesaria, en pesquisa de referencias que les permitan eventualmente rajar nuevas aristas.

Las filtraciones

“La filtración de información de la Fiscalía es un delito”. Lo dijo este miércoles Piñera, luego de que La Tercera revelara que, entre la documentación aportada por Bancard a la Fiscalía, se habían excluido los correos electrónicos solicitados por los persecutores.

Los dichos del ex Presidente tenían un destinatario claro: la Fiscalía Oriente, donde está radicado el caso Bancard.

A comienzos de año hubo un encendido debate por las normas para castigar a quienes no respetaran el secreto de las investigaciones judiciales. En el ámbito de la emplazamiento Memorándum Corta Antidelincuencia, la polémica estuvo concentrada en los castigos que incluirían a la prensa.

Más allá de que fuera el propio fiscal Querella quien salió a descartar que haya sido su entidad la que hizo trascender la información –“no hay ninguna filtración que se le pueda imputar al Ministerio Público” -, las palabras de Piñera encierran una clara advertencia, cuyo correlato caldo desde las filas de Pimiento Vamos, que pidieron investigar de dónde provino la filtración.

En círculos políticos se comenta que las filtraciones -selectivas, por lo demás- provocan un daño profundo a la imagen de los personeros aludidos, a la vez que obligan a los aludidos a tener que referirse una y otra vez a las publicaciones en las que son nombrados. Con esto, agregan, se crea un clima de opinión pública desfavorable que mantiene constantemente a estos políticos girando en torno a una memorándum determinada. Y esta opinión púbica que se genera en torno a los casos, encima, puede terminar presionando a los Jueces de Seguro a la hora de tener que autorizar las medidas que solicitan los fiscales.

No obstante, hay fuentes en Pimiento Vamos que dudan de la efectividad de una arremetida que busque contener o frenar las filtraciones. Esto porque las publicaciones de historial ya fueron objeto de debate desde el manifestación del caso Penta, cuando la entonces directiva encabezada por Ernesto Silva se reunió con el ex Fiscal Doméstico Sabas Chahuán para indagar el tema. La cita no surtió propósito y los detalles de la causa siguieron siendo publicadas.

A esto se suman otros factores, como las dudas que existen en torno al poder positivo que tiene el titular del Ocupación Sabido, Jorge Abbott, para contener a los fiscales. Sin requisa, en los últimos días ordenó indagar las filtraciones en varias causas, para lo que nombró a Andrés Montes, y en agosto removió al fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, luego de que éste dijera que en la origen de la Ley de Pesca hubo corrupción.

Con todo, si aceptablemente determinar quién filtró información es una tarea compleja, sostienen distintas fuentes, el éxito de este tipo de ofensivas tiene precedentes. Lo dijo el propio Gajardo en mayo de 2016: “Sería ingenuo pensar que lo que aquí había era una preocupación por las filtraciones. Lo que hubo fue una maniobra exitosa destinada a sacarnos, al fiscal Pablo Norambuena y a mí, de los casos Corpesca y SQM, que nosotros iniciamos”, dijo a revista Hacienda, en la que uno de los personeros más mediáticos del Tarea Notorio igualmente aseguró que “nunca he filtrado información”.

Las alternativas de la Fiscalía

Si efectivamente Bancard no hace entrega voluntaria de los correos pedidos por el Empleo Notorio y mantiene esta atrevimiento, la alternativa de los fiscales Aniquilamiento y Gajardo es exigirlos judicialmente.

En este paso, el tribunal de Fianza deberá analizar la orden en su mérito. Destacados penalistas consultados por T13.cl explican que, para autorizar la medida, deben conjugarse al menos dos principios: pruebas de la existencia del delito denunciado (en este caso uso de información privilegiada y negociación incompatible) y de la décimo de los sujetos individualizados en la querella.

Encima, de concederlo, el paso a los correos electrónicos debería ser en términos que por un flanco permitan investigar el delito, pero con la beocio afectación posible de las garantías de los afectados.

Este punto es especialmente sensible en los casos de financiamiento irregular de la política, pues hace menos de un mes la justicia declaró ilegal la forma en que la Fiscalía accedió a los correos del ex gerente general de SQM, lo que pondría en jaque el caso de cohecho en contra de Pablo Longueira. Esto, porque fue en los emails de Contesse donde se descubrió el vínculo con el entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Piñera y el rol que tuvo la minera en la redacción de los cambios a la ley de royalty.

Este es, según quienes conocen detalles del caso Bancard, uno de los nudos principales: los representantes de la empresa han intentado puntualizar con la fiscalía la entrega acotada de correos, más que desplegar los registros completos del intercambio epistolar entre Noguera y Piñera Morel entre 2009 y 2014, como exigen Enfrentamiento y Gajardo.

Fuente:T13.cl

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