Pocos dientes pero con garras: Gobierno Regional de Magallanes debuta con dos demandas en contra del Estado

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A cinco días de la aceptación de la nueva autoridad regional, el Gobierno, a través de la Dipres, había despachado un decreto en que le restaban más de $700 millones al presupuesto de los gobernadores regionales, para traspasárselos a los delegados presidenciales. Todo esto en medio de una refriega que ha evidenciado en el tiempo una postura reticente de La Moneda frente a la nueva institucionalidad, misma que intentó evitar que se consumara durante su mandato, aunque no tuvo la fuerza suficiente para detenerla.

El gimnasia gubernativo finalmente tuvo que retrotraerse delante la presión impuesta tanto desde la Asociación de Gobernadores Regionales, como desde sectores de la concurso que se pusieron de su costado y que acusaron al Ejecutor de “seguir poniendo trabas” al rol que asumen este miércoles las nuevas autoridades. De esta forma –coinciden diversas fuentes–, el Presidente Sebastián Piñera evidenció aún más su de amor, y expandió el espacio de los cuestionamientos a una error de visión y logística política.

En este contexto, y ahora sí, en su calidad de estafermo autónomo, el nuevo dirigente regional de Magallanes, Jorge Flies, anunciará esta mañana, a nombre de la Gobierno Regional, la interposición de dos demandas en contra del Estado de Pimiento. Un entrenamiento que, encima de su componente simbólico –donde se buscará demostrar la capacidad política de la nueva institución–, da cuenta de un espacio de actividad que se abre y revela la autonomía de la entidad respecto del poder central. Una argumento que podría encontrarse replicada en las otras quince regiones en diversas materias y que explicaría, en parte, el temor de ciertas autoridades al denominado como primer –y no postrero– paso con destino a la descentralización.

De esta forma, el exintendente en el Gobierno de la antiguamente Presidenta Michelle Bachelet, inmediato a su equipo jurídico-administrativo –el mismo que lo acompañó en su última aventura–, ingresarán entreambos libelos a partir de la próxima semana.

Se trata –como puntualizaron desde la Gobierno– de uno de carácter crematístico y otro político.

El primero apuntaría a los daños y perjuicios provocados a la región por la –como acusan– no transferencia de fondos sobre la cojín de la Ley Espejo, promulgada en el año 2009 y que buscó equiparar en algún calidad el consumición estatal dirigido a subsidiar al Transantiago, asimismo para regiones. De esta forma, el presupuesto admitido para el transporte sabido metropolitano se replicaba alrededor de las demás regiones, con el objetivo de mejorar las condiciones de transporte y conectividad.

Durante los últimos abriles ha habido una serie de acusaciones que apuntan, más que a la no entrega de los dineros, al desvío que sufrirían estos. De todas maneras, en el capítulo 2 del artículo 4, se explican cuatro opciones para el uso de las platas mencionadas. Mientras que tres de ellos se relacionan directamente con el objetivo primario, el posterior indica que el mismo presupuesto podría financiar “cualquier otro proyecto de inversión, distinto a los señalados anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o regiones”.

Según los cálculos que hace el director regional, serían cerca de $150 mil millones los adeudados.

La segunda demanda apunta a la responsabilidad que tendría el Estado, luego que en 1976, en plena dictadura cívico-militar, se enajenaran los caudal y disolviera la Corporación Magallanes, la misma que –como recordaron– formaba parte del patrimonio cultural de la región.

La saco de esta demanda se sustentaría –detallaron– en que ya existe legislación en cuanto al inspección de parte del Estado respecto del daño provocado en diversas áreas, como la patrimonial, con la devolución de la infraestructura expropiada durante el régimen marcial a los partidos políticos. En esta oportunidad lo que se buscaría sería ocasionar un precedente, al incorporar el gratitud del daño al demarcación, a través de la desposeimiento de los posesiones públicos, luego privatizados.

Recordaron que la extinta corporación –que se buscará poner nuevamente de pie–, como una de sus primeras medidas, ayudó en su momento no solo a la construcción del aeropuerto, sino asimismo a la pavimentación de calles, la evaporación, construcción de casas, adicionalmente de contar con una editorial para la comunidad, un patrimonio de “máximo valor” para la comunidad.

El cientista político y clásico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que “los gobernadores saben que llegan a su cargo con escasas atribuciones, sin perjuicio de que hayan sido popularmente electos. Sin embargo, es esa legitimidad popular la que les entrega un poder simbólico inigualable dentro de la región. Entonces, ante la carencia de atribuciones y la obligación de convivir y repartir poder con el delegado presidencial, el gobernador regional optará por un camino distinto. Ese camino consistirá en reproducir el poder simbólico y la legitimidad popular en acciones concretas contra el Estado, lo que se puede interpretar como una segunda etapa en la lucha contra el centralismo”.

Un pedregoso camino que no termina hoy

Como es sabido, y así fue detectado, no solo desde quienes salieron electos sino igualmente de parte de quienes fueron candidatos, este Gobierno nunca tuvo la voluntad actual de desobstruir camino y empoderar a una institución que, sabido por todos, le restaría poder al gobierno central, fuese quien fuese quien estuviera al mando de La Moneda.

Le tocó a la filial del Presidente Sebastián Piñera hacerse cargo, y varios fueron los intentos para descender las elecciones que, en un principio, se habían amalgamado a las de alcaldes y cores.

Previo al estallido social, en La Moneda los cálculos daban resultados en celeste, y se apostaba a obtener al menos 11 de las gobernaciones, pero el descrédito que fue carcomiendo a la delegación, sumado a un oficialismo que se plantaba cada vez más desagregado, todo entremezclado con que sus candidatos más fuertes no dejaron sus cargos oportuno al estallido social, fueron rudimentos que dieron como resultado un cóctel inasequible para competir como esperaban.

Todo aquello llevó a que en enero del 2020, y tras una cita de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el entonces Subdere Claudio Alvarado –responsable de darle viabilidad a la Ley de Transferencia de Competencias–, se prendieran todas las alarmas.

Y es que, una vez finalizada la reunión, el presidente de la instancia agrupado, el RN Germán Codina –en entrevista con La Tercera– salió a cuestionar la viabilidad de tener esta autoridad, señalando que “es una falacia de la descentralización y es una mentira. No van a tener ninguna atribución real para abordar los problemas de las regiones”. Sus palabras luego fueron tomadas por el Subdere Alvarado, quien agregó que “si los alcaldes dicen que puede existir una dificultad en la elección a gobernadores, hay que ponerles atención”, lo que desembocó en una denuncia pública respecto a un intento de Palacio por dar de muerto la instancia electoral.

A esa prestigio, desde La Moneda ya reconocían fuera de micrófono que “está claro que una elección menos, en este contexto donde hay que estar tapando hoyos todos los días, sin duda que es una buena noticia para nosotros”.

Luego, todos los reclamos se fueron concentrando en lo que acusaron como un intento por arropar a los delegados presidenciales a través del aceleramiento en los concursos para acomodarse cargos que, hasta ayer, pertenecían a la Gobierno Regional, pero que a partir de hoy pasaron a ser parte del equipo del representante del Gobierno en la zona.

A eso se le sumaron los varios desencuentros por el inmueble que van a habitar las nuevas autoridades. En sensación, hasta ayer, solo dos regiones de dieciséis (Aysén y Magallanes) habían traspasado las oficinas del exintendente a la Gobierno.

Por ahora queda esperar los próximos pasos a seguir, pero desde la Asociación de Gobernadores Regionales ya hicieron pública su petición al Gobierno para que finta la emergencia simple de las dos leyes complementarias de descentralización, como lo son la del traspaso de competencias y la del financiamiento, pues estiman que ambas resultan insuficientes tal como se tramitan al día de hoy.