Presentan querella por falsificación y uso malicioso de instrumento privado que podría anular última licitación de Junaeb

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Esta mañana el abogado Juan Ignacio Piña, en representación de la Empresa Fedir Spa, presentó una querella criminal delante el Séptimo Tribunal de Fianza contra quienes resulten responsables del delito de falsificación y uso desconfiado de aparato privado, que fueron utilizados por tres empresas para apropiarse parte de la última oferta de Junaeb.

Esto podría anular la adjudicación de más de 1.800.000 raciones de alimentos diarios a entregar entre 2021 y 2024 en parte de la región Metropolitana, Valparaíso, Ñuble y todo el Biobío.

El fraude

En la oferta de Junaeb del 15 de enero de 2021, las empresas Las Lagunas SPA, Aliservice y la UTP Tekarera —todas vinculadas a Luis Alberto Yapur, mismo patrón a quien un año antes la Intendencia Metropolitana le compró 150 mil cajas de alimentos para repartir en el contexto de la pandemia, por 5.250 millones de pesos—, se adjudicaron contratos por un monto total de $501.455.293.934 correspondiente a 1.041.070 raciones diarias a repartir en los territorios asignados.

Sin confiscación, según sostiene la querella, para conseguir la adjudicación las empresas “fingieron un capital de trabajo presente y futuro superior al real, lo aumentaron de manera artificial por un total de $8.976.700.000, cuestión que les permitió obtener una calificación más ventajosa y adjudicarse la Licitación Pública”.

Con esta manipulación, que consistió en hacer sobrevenir pasivos de corto plazo entre las empresas relacionadas como si fueran de generoso plazo, las tres empresas aseguraban 1.141.111 de potenciales raciones a financiar.

Comida en peligro

El documento adicionalmente señala que “a través de estas artimañas contables, no solo consiguieron la adjudicación ilegítima de los contratos licitados, si no que han puesto en riesgo la alimentación de escolares y párvulos. Además, causaron perjuicios económicos a todos los proponentes que se vieron ilícitamente desplazados y postergados en la licitación (…) adulteraron el contenido de los antecedentes esenciales y requeridos por las Bases de la Licitación Pública, consiguiendo, en perjuicio del Estado y de terceros, hacerse de contratos que, por capacidades económicas reales, ordenes contables y financieros, capacidades logística, entre muchos otros atributos, simplemente, no contaban”, lo que constituiría eventuales perjuicios para el Fisco.

En 2015, en una situación con características similares, Junaeb debió interrumpir anticipadamente los contratos con las Empresas Ibasa, que no contó con los bienes financieros que le permitieran cumplir con las 140 mil raciones de alimentos diarias que le habían sido adjudicadas en tres regiones, y Sercomaule, que contaba con un convenio por $ 14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias, pese a que tenía impagos por más de 500 millones.

La responsabilidad de la Junaeb

La influencia legal asimismo podría afectar a los funcionarios de la Junaeb involucrados en el proceso, puesto que es el víscera oficinista encargado de velar por una óptima ejecución del pacto que adjudican. A esto se suma en la querella, que existieron múltiples artificios contables que habrían sido posibles de identificar contrastando la información de los estados financieros con otros informes aportados por las empresas relacionadas.

Para el querellante, “si la detección de la alteración contable no reviste mayor complejidad, y menos aún para una comisión evaluadora experta, es, al menos, llamativo que esta no lo haya identificado, por lo anterior, esperable resulta entonces que la presente investigación también se aboque a ello”.

Es por ello, que en la misiva se solicita pulsar a fallar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, y a toda la Comisión Evaluadora de la mencionada oferta.

Celebrar al CDE

En el documento asimismo se solicita que “del Ministerio Público se oficie al Consejo de Defensa del Estado, haciéndole llegar todos los antecedentes que son materia de la presente querella, para que éste resuelva según las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica, ejercer las acciones penales que estime pertinentes en atención a los perjuicios patrimoniales que pudieren haberse ocasionado al Fisco”.

Cerca de memorar que en 2015 el CDE presentó una querella por supuesto fraude al fisco, al comprobarse que en la oferta de Junaeb de ese año se le adjudicó a la Empresa Vertti Frutti y Hendaya con sobreprecio cercano a $5.000 millones. El caso costó la salida del cargo al entonces Director de la Junaeb, José Miguel Serrano (DC), quien finalmente fue formalizado por fraude al fisco.

Anejo con la entusiasmo penal, esta mañana igualmente se presentó una solicitud de invalidación de la mencionada subasta delante la Junaeb, oportuno a que en atención a las adulteraciones de los Estados Financieros, la adjudicación a Las Lagunas, Aliservice y la UTP Tekarera serían contrarias a derecho.