Presidente del Colegio de Profesores califica de «presión indebida» dictamen que obliga a establecimientos educacionales a retomar las clases presenciales

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El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz rechazó el juicio de la Superintendencia de Educación que obliga a retomar las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país, calificándolo como una «presión indebida» del Empleo de Educación (Mineduc).

«Es una obligación de los sostenedores surtir en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes», dice el parecer que establece una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para los establecimientos que no cumplan esta disposición.

En esa ringlera, el superintendente Cristián O’Ryan sostuvo que «la voluntariedad del regreso presencial es para las familias y no para los establecimientos».

Frente a esto, Carlos Díaz argumentó la mala condición de muchos establecimientos educacionales: «Hay muchos establecimientos como lo han mostrado los mismos alcaldes y sostenedores, conveniente transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y rasgar sus puertas conveniente al desaliño en el que están estos establecimientos educacionales».

«Entonces más que preocuparse hoy día el empleo de deambular multando a estos sostenedores para que abran las puertas de la escuela, debiera el empleo preocuparse de entregar los posibles para que las escuelas estén en condiciones, porque el nivel de desaseo en el que están es el que ha impedido que se puedan desobstruir», agregó, según consigna Radiodifusión Universidad de Pimiento.

«Nosotros hemos viendo el tema y la verdad es que no hemos sabido si se han incorporado nuevos ingresos, de que llegaran medios frescos o de que haya efectivamente preocupación respecto a las condiciones en las que están los establecimientos, por lo menos con los sostenedores que hemos conversado y con los informes que tenemos es que no hay nueva inyección de posibles», sostuvo Díaz.

Por otra parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), quien presentó la cargo constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, consideró que este informe vulnera a las comunidades educativas al imponerles multas.

«Las clases presenciales son irremplazables, pero evidentemente para ello se requieren condiciones dignas y de seguridad. Hay escuelas que no han rajado no por capricho, sino porque no están las condiciones necesarias, ya sea de infraestructura o de implementación para cumplir con estos mínimos. Establecer la tolerancia por la fuerza mediante un juicio, y amenazar con multas de millones de pesos creo que es una nueva canallada de este gobierno con estudiantes, contra trabajadores y comunidades educativas, y en definitiva, es no hacerse cargo de la verdad precaria de cientos de escuelas del país», dijo la parlamentaria.