Presos del estallido y Celestino Córdova: los «intransables» de la oposición que tensionan el Acuerdo Transversal del Gobierno

Todo comenzó la semana pasada, en medio de las declaraciones públicas del Presidente Gabriel Boric en el ámbito de su viaje por la Región de Magallanes, cuando desclasificó una conversación informal que sostuvo con el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, donde se deslizó la requisito de convocar a todas las fuerzas políticas para una mesa de diálogo, con el fin de conquistar un gran acuerdo transversal en materia de seguridad, una de las agendas que ha causado más complicaciones al Ejecutor en sus primeras semanas de diligencia.

Un llamado que en un principio fue atendido positivamente por los partidos políticos que forman parte del Gobierno y ciertos sectores de la concurso, como la UDI, pero que en los últimos días ha generado discrepancias y respuestas de actores que han condicionado su décimo en este acuerdo, como la propia UDI y Evópoli, y de otros que derechamente han decidido restarse, como Renovación Doméstico (RN), desde donde acusan que lo concerniente a seguridad ciudadana es competencia monopolio del Ejecutor y sus diferentes estamentos, temiendo que estas reuniones respondan a una logística que busque extender alrededor de sus sectores la responsabilidad de enredar los hechos de violencia.

En tal sentido, comienzan a emerger las primeras tensiones respecto de las diferencias en las prioridades en materia de seguridad por parte de cada colectivo y partido político y que asoman como posibles focos de conflicto, a pocos días de que se anunciara la intención estatal de empujar el acuerdo y que cada sector comenzara a delinear las materias intransables que pondrían sobre la mesa, las cuales dividen al espectro político en una mesa de diálogo que desafío por ser transversal.

Desde la concurso coinciden en que es muy importante que el Gobierno deje de entregar señales equivocadas, en relación principalmente con el plan de indulto a los presos del estallido social y el beneficio carcelario al curandero Celestino Córdova, dos temas que resultan intransables para dicho sector y que son vistos como trabas para su eventual décimo en el acuerdo. Desde RN, por una parte, apuntan a que las prioridades deberían ser en torno a mejorar el presente estatuto de las policías, la implementación de Estados de Excepción y una preocupación permanente por la usurpación de tierras o robos de madera, puntualmente en la zona del conflicto mapuche.

En la UDI coinciden en la exigencia de modernizar a las policías y agregan que para ellos es fundamental apuntar a un estimular concreto sobre los activos del narcotráfico, adicionalmente de la inclusión de los alcaldes en las políticas de seguridad. En Evópoli, en tanto, creen que es de total aprieto tocar temas que actualmente son abordados por proyectos de ley que duermen en el Congreso, específicamente con respecto a la ley de usurpaciones, antinarcotráfico y crimen organizado, y la ley de infraestructura crítica. Esta última, tendrá una oportunidad a partir de hoy en Comisión Mixta a través de una indicación del Ejecutor.

En la DC, por su parte, consideran que una materia intransable para discutir en este acuerdo es la tenencia y tráfico de armas, encima de la carestia –a su sensatez– de implementar Estados de Excepción intermedios en todo lo que es infraestructura crítica (Cesfam, bencineras, hospitales, entre otros). Apuntan asimismo a la importancia de tener claridad en no entregar indultos a presos por hechos de violencia, señalando que el Gobierno deberá ceder en su deducción, si su intención es alcanzar acuerdos con las otras fuerzas políticas.

Al interior del oficialismo, específicamente de la coalición Apruebo Dignidad, dicen no estar de acuerdo con la propuesta de estados intermedios y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. En el colectivo Batalla Humanista creen que los ejes de este acuerdo deberían ser la reformulación de Carabineros, control de armas, la creación de una nueva ley de inteligencia, legitimación de la cannabis y el control financiero del narcotráfico.

En el partido Unión Regionalista Verde Social, finalmente, apuntan a la restricción de la licencia del uso de armas y la desarticulación financiera del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, adicionalmente de la reestructuración de las policías por medio de la concepción de medidas que eviten ser populistas y que resulten eficaces.

Al respecto, a continuación conocemos cuáles son algunos de los partidos políticos que serían, en definitiva, parte de este posible “gran acuerdo” convocado por el Mandatario, el que podría no alcanzar la transversalidad que quisieran desde La Moneda. Asimismo, revisamos en detalle cuáles son las medidas intransables que –a proceso de los diferentes jefes de partido– debiesen estar presentes en la instancia.

Las condiciones de la concurso

El primer aludido por el Presidente Gabriel Boric fue el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya. “No creo que se vaya a enojar, pero estuve conversando por teléfono con él sobre la necesidad de convocar a todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo transversal en materia de seguridad”, señaló el Mandatario la semana pasada, en Punta Arenas. Horas más tarde, Macaya debió salir al paso y buscar la conversación, asegurando que desde su sector existía un compromiso por desavenir con firmeza la delincuencia y los hechos de violencia.

Pero no fue sino hasta este fin de semana que los dos pudieron reunirse para iniciar una serie de conversaciones que forman parte de la ya mencionada logística del Gobierno para suscitar acercamientos con las fuerzas de examen en la materia. En conversación con ‘Mesa Central’ de Canal 13, el presidente de la UDI valoró la posición de diálogo político con todos los actores, pero alertó que el Gobierno “debe hacerse cargo de sus deficiencias y cambiar su actitud del pasado”, agregando que “las señales que se han entregado son súper equivocadas: proyecto de indulto al estallido, el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior, el beneficio carcelario a Celestino Córdova, en fin”.

Desde la UDI emplazaron al Ejecutor a tomar una postura sólida al respecto y representar con una longevo firmeza, condición mínima para que puedan sentarse a conversar. En cuanto a los ejes que deberían –a su inteligencia– cruzar este “gran acuerdo”, se encuentran los siguientes: la modernización de las policías, un mover concreto sobre los activos del narcotráfico y la inclusión de los alcaldes en las políticas de seguridad.

En Evópoli, por su parte, condicionaron su décimo en esta mesa de diálogo al hecho de que se les otorgue emergencia legislativa a los proyectos que actualmente se discuten en el Congreso, como son la ley de usurpaciones, la ley antinarcotráfico y crimen organizado, y la ley de infraestructura crítica. Esta última ya tuvo una respuesta positiva del Gobierno, conveniente a que será a través de una indicación al plan de los senadores RN Kenneth Pugh y Carmen Delicia Aravena –que comienza a discutirse hoy en Comisión Mixta–, que se llevará a mango la implementación del Estado de Protección y Resguardo con que el Ejecutor averiguación disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas en la zona del conflicto mapuche. Un plan que, eso sí, no es acertadamente manido en algunos sectores del oficialismo.

Al respecto, la presidenta de la colectividad, Luz Poblete, agregó que “el primer gran acuerdo debe ser poner a las personas víctimas de la delincuencia al centro de cualquier política pública; además de no relativizar la violencia como lo han hecho las ministras en sus dichos los últimos días”. Lo precursor, en insinuación a las declaraciones de la ministra de Imparcialidad, Marcela Ríos, quien –en una entrevista concedida a El Mercurio– dijo que el indulto a los presos de la revuelta es una “prioridad” del Gobierno y dudó cuando se le consultó si consideraba al curandero Celestino Córdova un preso político.

Desde RN, en tanto, tienen una visión más drástica sobre la memorándum de seguridad del Gobierno. Varios de los senadores asistentes al conferencia de este lunes con el Presidente Boric no concuerdan con esta convocatoria y sostienen que debe ser el propio Ejecutor el que se ocupe de la delincuencia y que, en tal sentido, debe aplicar la ley al respecto. Así, el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, instó al Mandatario a “asumir la responsabilidad de gobernar”, adicionalmente de corregir el habla y evitar señales contradictorias. “No es posible que se promueva una agenda de impunidad y, por otro lado, se llame a un acuerdo transversal”, puntualizó.

Chahuán profundizó en lo que cree que es un discurso gubernativo, que –a su discernimiento– resulta contradictorio con la existencia, donde no detecta una voluntad vivo de avanzar en la memorándum de seguridad. Para conseguir un acuerdo en la materia, el senador RN cree necesario establecer un asfalto reducido que refleje “una voluntad real de avanzar”, legislando sobre el estatuto de las policías y del Estado de Excepción, tanto en el sur como en el norte, encima de los temas de usurpación de tierras o robos de madera.

Por su parte, y entre los partidos que no forman parte de la coalición oficialista, desde la Democracia Cristiana se mostraron a disposición de replicar a la convocatoria de La Moneda y ser parte de este “gran acuerdo”, en cuyo ámbito, eso sí, todavía plantean sus reticencias con respecto a, por ejemplo, el indulto a los presos del estallido, adicionalmente de la obligación de que el curandero Celestino Córdova cumpla con su condena por homicidio, en insinuación a quien actualmente hace uso de su beneficio de salida trimestral en Padre Las Casas.

“Nosotros no estamos dispuestos a indultar ningún delito violento, lo cual está absolutamente claro por parte de nuestros parlamentarios. En eso hay que tener absoluta claridad y el Gobierno debe ser claro en eso, para poder generar los consensos para llegar a un gran acuerdo que tenga por objetivo la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo el presidente de la DC y corregidor de La Quinta, Felipe Delpin, que agregó que otro tema que les preocupa particularmente es la tenencia ilegal y el tráfico de armas, donde –en su opinión– deberían endurecerse considerablemente las penas.

Las voces del oficialismo

Entre los timoneles de Apruebo Dignidad y Socialismo Tolerante existe una visión positiva sobre esta convocatoria transversal al diálogo por parte del Presidente Boric y creen que es un paso adecuado, siempre y cuando se refiera solo a las medidas inmediatas. Al interior del oficialismo plantean que la memorándum misma de seguridad le corresponde íntegramente al Gobierno, y que alega a las medidas de mediano y espacioso plazo contempladas en el Programa ministerial.

En ese sentido, desde los partidos que conforman la coalición oficialista consideran que se debe sospechar por la aptitud, más que por la búsqueda de propuestas populares o rimbombantes. Al respecto, el diputado y presidente del partido Pacto Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, señaló que “algo fundamental es trabajar en instrumentos que sean eficaces, y no caer en el populismo penal en el que ha caído la derecha tradicionalmente, desde que, por ejemplo, el expresidente Piñera anunció terminar con la puerta giratoria, y los aumentos de pena que después no tienen sentido práctico. Creo que hay que ser muy eficaces y eso hay que conversarlo”.

Mulet agregó que desde su colectividad consideran fundamental restringir el uso y autonomía respecto de las armas, encima de desarticular financieramente el crimen organizado y el narcotráfico. Al respecto, propuso un plan de ley de su autoría relacionado con el “decomiso sin condena” y que averiguación extraer rápidamente los riqueza a las organizaciones criminales, sin la requisito de esperar el resultado de los juicios penales, por el solo mérito de que no acrediten cómo obtuvieron dichos intereses.

Otro aspecto relevante, donde coinciden otros timoneles de partido, es la condición de avanzar en la reformulación de una institución de Carabineros que le dé garantías a la sociedad de que nunca más va a estar involucrada en situaciones de corrupción y que garantice que en todas sus acciones va a respetar los derechos humanos plenamente. Un proceso de reestructuración de las policías que ha sido parte incluso de la discusión en la Convención Constitucional, y que debería zanjarse en los próximos días.

Para el diputado y líder de Batalla Humanista, Tomás Hirsch, debe ser prioridad avanzar en las leyes actuales de control de armas y en la creación de una nueva ley de inteligencia, oportuno a que –a su razón– la ley que está tramitando el Gobierno aludido no cumplía con los “estándares mínimos necesarios para ser aplicada en forma totalmente democrática”. En relación con esto, su sector retraso que el Ejecutor cumpla con su compromiso de retirar ese plan y avanzar en una nueva propuesta, entendiendo que se requiere de una ley de inteligencia adecuada que permita alcanzar la información necesaria para evitar hechos de delincuencia, sobre todo vinculados con el narcotráfico.

Al respecto, desde Batalla Humanista están por avanzar en la controvertida propuesta de confirmación de la cannabis, “de tal modo de quitarle un negocio gigantesco que hoy día maneja el mundo del narcotráfico”. Por otro costado, apuestan por avanzar en el control financiero del narcotráfico, que permitiría, entre otras cosas, poder requisarles los caudal como medida precautoria, “de tal modo de cortarles la línea de financiamiento que hoy en día es la que les permite seguir operando con tanta impunidad”, puntualizó Hirsch.

En Apruebo Dignidad, eso sí, creen que es fundamental acorazar las instituciones actuales preocupadas del orden conocido, evitando involucrar a otras, como podrían ser las Fuerzas Armadas o cualquier otra. Una materia que genera discrepancias al interior del piedra oficialista, precisamente el día en que el Gobierno ingresó al Congreso la propuesta que examen crear un estado de “protección y resguardo constitucional”, periódico al Estado de Excepción, pero muy similar en la actos, y que les otorga facultades a las FF.AA. en el control de caminos y vías en la zona del conflicto mapuche.

A diferencia de otros casos de estado anormal, esta propuesta considera que los militares asuman labores de control, supeditados a un control civil y no a un patrón de control doméstico. Según explicó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, el plan será ingresado por medio de una indicación sustitutiva a la moción de infraestructura crítica, actualmente en Comisión Mixta, y que apunta a disponer de las Fuerzas Armadas “sin afectar ninguno de los derechos que la Constitución asegura”.

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