Procesan a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en una causa por fraude

0
585
loading...
loading...

Un enjuiciador argentino dictó este lunes el procesamiento de, entre otros, la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de 88 abriles, en una causa en la que se investiga supuesto fraude al Estado, informaron fuentes jurídicas.

En concreto, el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la anciana en calidad de partícipe necesaria de un delito de malversación a la sucursal pública por suministro fraudulenta.

El árbitro abrió igualmente un proceso penal por supuesto fraude contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido exsecretario de Obras Públicas José López (2003-2015), entre otros.

El expediente aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos argentinos (unos 12,8 millones de dólares) en el programa “Sueños compartidos”, plan estatal impulsado por el Ejecutor de Cristina Fernández (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

La Conciencia considera probado que los Schoklender, en su calidad de apoderados de la fundación, “tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución”, y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en la institución, desviaron 206,43 millones de pesos argentinos (13,29 millones de dólares).

La resolución procesal señala que el “éxito de la maniobra” fue posible gracias a la utilización del “prestigio y la trayectoria” que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el dominio de la defensa de los Derechos Humanos, y “al infiel desempeño” de López y Abel Caludio Fatala, quienes tenían a cargo la asignación de los fortuna del Estado.

López está detenido por supuesto lucro ilícito desde junio de 2016, cuando trataba de recoger casi 9 millones de dólares en un convento.

A De Bonafini se la consideró “partícipe necesaria de la maniobra”, en tanto se valoró que “conocía los desmanejos financieros” que realizaban los apoderados y que “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.

El caso estalló en 2011 y suscitó duras críticas de la concurso en dirección a el Gobierno de Fernández por la supuesta equivocación de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la estructura humanitaria, cuyo origen se remonta a abril de 1977, cuando un asociación de mujeres comenzó a apostarse frente a la Casa Rosada de Buenos Aires para exigir a la última dictadura marcial (1976-1983) noticiario de sus hijos desaparecidos.

El 10 de agosto de 2016, De Bonafini, convencida de no poseer cometido ningún delito y tal y como ya había anticipado, se negó a contestar las preguntas del magistrado, quien acudió a la sede de Madres para tomarle confesión como investigada en la causa.

“Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri; ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia” y “nunca vamos a ponernos de acuerdo” porque “ellos responden al poder de turno”, sostuvo.

“Peor que lo que nos pasó ya no nos puede pasar, yo no le tengo miedo de ir presa”, declaró, encima de defender nuevamente la licitud de las operaciones realizadas por la asociación.

Martínez de Giorgi aceptó ir a tomarle manifiesto allí posteriormente de que a principios de ese mes la anciana declinó por segunda vez venir al tribunal para resolver, lo que derivó en una orden de detención contra la provocador que generó una rocambolesca situación en el país austral.

La presidenta de la asociación salió en furgoneta el 4 de agosto alrededor de la plaza de Mayo, lado donde cada jueves desde el 30 de abril de 1977 la estructura realiza la tradicional ronda frente la sede del Gobierno doméstico, armadas de sus pañuelos blancos.

Su marcha, en la que se vio secundada por centenares de personas, coincidió con la aparición del personal del sección de delitos federales a la sede de la asociación.

Al día futuro, Martínez de Giorgi levantó la orden de detención tras conmover a un acuerdo con los representantes legales de De Bonafini.

Adyacente a ella, el árbitro citó en 2016 a determinar en la causa a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.

loading...