Protestas en Chile: “Si tú no tienes plata en este país, te mueres”, la dura realidad de la salud pública del país sudamericano

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Berta Aparicio tiene 49 abriles. Es empleada doméstica, pero no trabaja con regularidad desde hace más de seis abriles. Sin requisa, luce cansada, adolorida y sobre todo, triste. Berta tiene una artrosis lumbar severa, que no la deja estar en paz.

“Los dolores son terribles, a veces no me dejan dormir, ni caminar, ni moverme. Otras veces, no me puedo levantar de la cama”, asegura.

Mientras muestra su columna evidentemente desviada, dañada, cuenta que el dolor de su espalda apareció hace muchos abriles, pero nunca pensó que determinaría el resto de su vida.

“A los 43 años fui al consultorio de Cerrillos, me hice la primera resonancia y me dijeron que tenía dañadas dos vértebras, que necesitaba una operación pero no me la podían hacer ahí, así que me derivaron al Hospital El Carmen de Maipú”.

En ese momento, el año 2013, si Berta hubiese tenido el fortuna para atenderse en una consulta privada, probablemente el tema se habría solucionado.

Sin incautación, Berta, como la gran mayoría de los chilenos, se atiende en FONASA, el servicio de vigor pública. Nunca imaginó que entraría en un ciclo de esperas interminable.

“Esperé tres años la interconsulta (ser derivada de un centro asistencial a un hospital, con un especialista) y cuando llegué al hospital la doctora me dijo ‘lo siento, acá no atendemos ese tipo de problemas, no tenemos esos especialistas’”.

Era 2015 y Berta, ya de 46 abriles, tuvo que retornar al mismo consultorio donde comenzó su periplo.

“Volví al consultorio y pedí una interconsulta para el hospital San Borja Arriarán, que me corresponde por la zona, pero mientras tanto pasó el tiempo y yo no podía más de dolor”.

“Un kinesiólogo me dijo que la enfermedad ya había avanzado mucho, y que él no me podía ayudar sin la opinión de un especialista”.

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Berta esperó tres abriles más, hasta que finalmente creyó que le darían una opción.

“Me llamaron del San Borja Arriarán el 9 de abril de este año, 2019. Me dijeron que me iban a infiltrar la columna. Yo estaba tan feliz, tan contenta, aunque no fuera la operación que necesito. Pensé, al fin mi problema se va a solucionar, aunque sea con una solución parche, no tendré más dolor”.

De las 10 sesiones de infiltración que le ofrecieron en abril de este año, aún no la han llamado para la primera.

“Siento que están jugando conmigo. Cada vez que voy a preguntar me dicen ‘señora, no venga, tiene que esperar, el sistema es así’. Es una rabia, una impotencia… porque tú vas con la ilusión, y no te toman en cuenta ¿sabes lo que es que no te tomen en cuenta?…”.

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Berta vive en un pequeño área de dos dormitorios en la comuna de Cerrillos, en Santiago, adjunto a su Cónyuge Juan Véjar y sus tres hijos.

Juan es ayudante de bodega y apetencia el sueldo leve que equivale a 301.000 pesos (US$405), hacienda con el que se mantiene toda la clan, delante la imposibilidad de trabajar de Berta.

FONASA (Fondo Doméstico de Vigor) le garantiza cobertura completa de sus gastos médicos.

Sin secuestro, nadie le contó cuánto tiempo debería esperar para lograr a ese beneficio. Ya van más de seis abriles de sujetar el dolor.

“Ya perdí la esperanza. Siento que esto es una burla. Una vida de puras injusticias. Si tú no tienes plata en este país, te mueres”.

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Frente a la situación extrema, Juan ha pensado incluso en medidas desesperadas.

“Averiguamos en una clínica privada y la operación cuesta unos 5 millones de pesos (US$ 6.345) entonces mi marido me dice… ‘vendamos el departamento para que te puedas operar’, me lo ha dicho muchas veces… pero yo le digo qué le vamos a dejar a nuestros niños… Dejémoslo así. Aprendí a vivir con el dolor”.

“He estado súper mal, anímicamente, físicamente y emocionalmente. He sufrido depresión. Siento que en este país es como un pecado ser pobre. Estamos en una sociedad que no te ve, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres somos más pobres”.

Las cifras de la desigualdad

El doctor José Miguel Bernucci, secretario doméstico del Colegio Médico de Pimiento, asegura que “el problema que estamos teniendo, y que se ha ido incrementando con el tiempo, es el de las marcadas diferencias en las experiencias que están teniendo los pacientes en el sistema público versus el privado”.

En el sistema de salubridad chileno, la desigualdad se hace presente con fuerza.

FONASA, el organismo manifiesto que administra los fondos estatales destinados a la vigor, atiende al 80% de la población y divide a sus beneficiarios en cuatro tramos, del A al D, según sus ingresos económicos, siendo el A el más bajo.

Un 17% de los chilenos pertenece a ISAPRE o Instituciones de Lozanía Previsional y el porcentaje restante corresponde al sistema de sanidad de Fuerzas Armadas.

Las Isapre son entidades privadas de lozanía, con las que se firma un anuencia y al igual que en FONASA se cotiza el 7% del sueldo mensual bruto: mientras más billete pagues a anciano cantidad de beneficios puedes lograr.

Ahí comienzan las diferencias.

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“En Chile el 50% de los gastos en salud se los lleva el sector privado y el otro 50% el sector público. Suena como equitativo, pero hay que entender que el 80% de la gente se atiende en el servicio público”, asegura el doctor Bernucci.

El médico remarca que existe un desventaja.

“Hay algo que se llama determinantes sociales en la salud, que dicen que generalmente la persona que es más pobre o que tiene menor nivel socioeconómico tiende a enfermarse más y por lo tanto tiende a gastar más que las personas que son más ricas”.

Es afirmar, la población más abandonado en Pimiento, es la menos protegida.

Existe otro concepto, llamado “gastos de bolsillo”, en el que Pimiento siquiera sale muy perfectamente parado.

El compra de faltriquera es el moneda que sale directamente desde los ahorros primarios de cada hogar para remunerar por la lozanía.

Según el extremo crónica de la OCDE (OECD Health Statistics 2019), el promedio en este tipo de gastos en sus países miembros es de 20,6%. Sin secuestro, en Pimiento sube al 35,1%, quedando en el tercer sitio de los países con más altos gastos de faltriquera, solo por debajo de Letonia y México.

Para el doctor Bernucci, este es un referencia que palabra por sí solo. “Eso genera inequidad inmediatamente, porque diferencia entre los grupos de pacientes que no pueden pagar, los que pueden pagar menos y los que pueden pagar más”

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La salubridad, la vida y la homicidio dependen del faltriquera.

Si perfectamente la gran mayoría de la clan debe atenderse en el servicio notorio de vigor, lo primero es conseguir una cita y la tarea no es sencilla.

Según información del Tarea de Vigor, a junio de 2019, más de 1,5 millones de personas se encontraba en una cinta de demora, ya sea aguardando una atención con un doble o una cirugía.

En total, hay más de 1,8 millones de solicitudes que deambulan en una índice de pendientes de la vigor pública.

Más de 130.000de estas solicitudes llevan esperando entre dos y tres abriles y poco más de 80.000 llevan incluso más de tres abriles a la aplazamiento de una atención.

“Alrededor de un 54% de las horas de médicos en Chile están en el sector privado y el 46% restante en el sector público”, cuenta el doctor Bernucci. O sea, el 80% de la población tiene muchas menos posibilidades de conseguir atención que el 20% más privilegiado.

Las historias de concurrencia que ha muerto esperando una cita y la llamaron luego de fallecida se cuentan por cientos.

Bernucci asegura que se necesita desobstruir más espacio en la vigor pública, y por supuesto inyectar fortuna.

“Necesitamos un cambio en la lógica del financiamiento que tenemos en salud para disminuir la inequidad”, dice.

Afirma incluso que la desatiendo de médicos en el servicio notorio no es un tema de patrimonio, sino que de dirección y financiamiento: “Hace unos años existía esa figura de que los médicos no querían trabajar en el sector público… hoy en día, no están las horas disponibles, no están los cargos disponibles, ni el financiamiento, el recurso humano, para que los médicos trabajen en el sector público”.

¿Qué soluciones propone el gobierno?

En conversación con BBC Mundo, la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salubridad Pública de Pimiento, se hace cargo de las interrogantes sobre cómo el gobierno enfrenta esta situación, que si admisiblemente se arrastran de hace muchos abriles, se están visibilizando hoy más que nunca.

“Nos hemos ido dando cuenta que efectivamente ha mejorado el sistema, tenemos un servicio de salud sólido, tenemos un número importante de hospitales públicos, tenemos profesionales de la salud, pero seguimos haciendo las cosas de la misma manera”.

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“El número de especialistas que tenemos no nos da respuesta al número de personas que tenemos que atender y eso es una realidad”, asegura.

Para eso, cuenta, hay un plan singular en el que se ya se está trabajando desde hace un tiempo y está avanzando sistemáticamente.

“Hoy día tenemos un sistema que funciona, pero evidentemente no da respuesta a los resultados. Y es por eso que hoy día se están implementando nuevos sistemas para dar respuestas”. Una de ellas es el Hospital Digital.

Se trata de una oficina colchoneta, con médicos especialistas y personal preparado para contestar las consultas desde distintos lugares del país y impulsar los procesos.

“El Hospital Digital fue una creación nacional, del doctor Emilio Santelices (ex ministro de Salud), quien sacó muchas ideas de muchas partes y logró crear esto. No va a solucionar todos los problemas, es un apoyo a los servicios de salud, pero claramente es una mejora de gestión, de atención, de oportunidad”

Pese a que el presupuesto de Lozanía para 2020 se incrementará en un 5,7%, el Hospital Digital vio disminuido sus medios.

Sin bloqueo, la subsecretaria de Salubridad Pública asegura que sigue siendo prioritario para el Servicio.

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Solo eso no es suficiente y ya hay más propuestas en marcha.

“Una de ellas es el proyecto de ley del seguro que pretende cubrir enfermedades catastróficas, que tiene suma urgencia y esperamos que salga prontamente”, cuenta la subsecretaria, recalcando sobremanera la palabra aprieto, porque hoy, en medio de la crisis social que vive el país, todo parece tenerla.

Este plan está en la tendencia de disminuir las listas de calma y disminuir los gastos de faltriquera.

A su vez, el viernes 9 de noviembre el ministro de Salubridad, Jaime Mañalich, anunció que en diciembre presentará una gran reforma a la sanidad pública.

“Estamos proponiendo una reforma muy importante, yo diría la más importante para Fonasa en los últimos 40 años, en consonancia con las demandas de los movimientos sociales”, afirmó el ministro.

La subsecretaria, por su parte, asegura que “los que trabajamos en salud somos los más sensibles con el tema”.

“Entiendo perfectamente la angustia y el drama que viven los pacientes. Este es un tema muy complejo, tremendamente sensible, es importante resolverlo de forma urgente”.

Luego del acuerdo entre gobierno y concurso para plebiscitar la opción de redactar una nueva Constitución para Pimiento, el Secretario Doméstico del Colegio Médico repara en la importancia de que esta, incluya a la salubridad como prioridad.

“La Constitución de Chile dice que el ciudadano tiene derecho a elegir el sistema de salud, sea este público o privado, pero no tiene una consignación sobre el derecho a la salud propiamente tal. Un cambio en la Constitución referente a asegurar el derecho a la salud, como un derecho constitucional, es fundamental y va en la tónica de las manifestaciones actuales”.

Tal vez Berta, posteriormente de todo, pueda ser atendida y esta agitación social le entregue lo que no ha conseguido en más de seis abriles: una atención digna.

“Me pone un poco contenta que hayan surgido estas protestas. Por mí y por tanta gente que está mal. La juventud se atrevió. Si yo pudiera moverme, saldría con un cartel que dijera todos los años que llevo esperando por salud”, dice, sintiéndose al menos respaldada por la gentío.

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