Reforma al Código de Aguas: Cámara Baja rechaza parte de indicaciones del Senado y proyecto pasa a Comisión Mixta

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Un intenso debate se desarrolló hoy, a través de dos sesiones, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en torno a la reforma al Código de Aguas. La iniciativa volvió a la Corporación tras estar casi cinco abriles en el Senado y terminó por ser enviada a una Comisión Mixta para dirimir las diferencias entre ambas instituciones.

Abrió el debate el ministro de Obras Públicas, Alfredo Oscuro, quien calificó la propuesta como de la viejo importancia. Ello, considerando la situación de estrechez hídrica que afecta a Pimiento desde Atacama hasta la región del Biobío. El hecho, según acotó, impacta al 80% de la población y al 75% de la actividad económica.

Valoró que la iniciativa entregue nuevas facultades a la Dirección Universal de Aguas (DGA) y se reconozcan principios como el privilegiar el consumo humano y el cuidado del caudal ecológico.

Asimismo, resaltó que, de las 130 modificaciones realizadas por el Senado, solo un congregación último serían parte de las controversias.

Para Ramón Barros (UDI), la reforma perfeccionamiento aspectos como el fijar el acopio humano y inodoro. De igual modo, fomenta el incremento productivo y otorga longevo estabilidad. Destacó aspectos como que se puedan establecer caducidades por derechos no usados y planteó su preocupación por los pequeños agricultores, para quienes pidió apoyo al Ejecutor para el trámite del registro de sus derechos.

Frank Sauerbaum (RN) incluso reconoció el avance que significa el texto judicial. Observó que un tema de larga discusión en Agricultura fue dar certeza jurídica a las inversiones de los agricultores. Encima, coincidió con la preocupación por los pequeños productores, punto que volvió a ser tocado luego por el diputado Luis Pardo (RN). “Hago un llamado para acompañar con asesoría a los pequeños agricultores para regularizar sus títulos en los plazos de la ley”, acotó.

Finalmente, el PREP r remarcó que, si acertadamente el plan lleva diez abriles de trámite, no es una ley liviana de invadir. Estimó que, en genérico, las modificaciones del Senado son adecuadas. La excepción estaría en el plazo para la inscripción de los derechos de utilización para los que no los tienen inscritos (cinco abriles).

Defender lo admitido por la Cámara

Gabriel Ascencio (DC) destacó el texto que en noviembre de 2016 despachara la Cámara. En tal plano, pidió rebotar algunos cambios del Senado que significan un retroceso. En dicha hilera, citó una norma que permite una prórroga cibernética de los derechos de agua. Igualmente, se mostró contrario a ampliar de tres a diez abriles las solicitudes de prórroga anticipada.

Cristina Girardi (PPD), en tanto, criticó algunas de las enmiendas del Senado, como la relativa a las “aguas reservadas”. De igual forma, refutó el tema de las prórrogas automáticas, la flexibilización de trámites y que las “aguas halladas” no deban suceder por una solicitud de derecho de conveniencia.

Por su parte, Leonardo Soto (PS) planteó que el cambio que se promueve es histórico y respaldó priorizar el consumo humano y entregar mayores facultades a la DGA para la fiscalización. Adicionalmente, destacó que se avance en terminar con la especulación.

Diego Ibáñez (PCS) recordó que muchos de los parlamentarios presentes no estuvieron cuando se tramitó en la Cámara. Observó que la propuesta es parte de las demandas de muchas movilizaciones sociales que pedían cambiar el maniquí de dirección. Encima, estimó que la reforma no es un cambio estructural, pero sí un avance, aunque llamó a efectuar nuevos acuerdos en una comisión mixta. Asimismo, dijo que era pertinente chocar el tema de los derechos constituidos.

En una ristra similar, Daniel Núñez (PC) sostuvo que es fundamental que los derechos ya entregados no sean indefinidos, sino que sean provisorios, como los que se vayan a entregar ahora. Adicionalmente, se expresó contrario a relativizar algunas normas. En este ámbito mencionó temas como “el agua del minero”, la reserva de aguas y las zonas de prohibición para que se reconstituyan los acuíferos.