Relatores de la ONU emplazan a los gobiernos de Chile y Suecia a dar una solución definitiva a los desechos tóxicos en Arica

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Desde hace más de 35 abriles que permanecen desechos mineros mucho tóxicos en Arica a 650 metros del cerro Chuño, donde hay viviendas sociales. Fueron remitidos a Pimiento por una empresa sueca con la anuencia e indiferencia del Estado chileno. Pese a las permanentes y constantes acusaciones de violación de los Derechos Humanos y Ambientales, los residuos siguen ahí. Por esta razón y urgente situación es que seis relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron el 23 de marzo de este año, una carta emplazando al Estado chileno y al gobierno sueco a dar un decisión definitiva a lo que consideran como un seguro crimen ambiental.

El documento, enviado por los relatores Marcos A. Orellana, David R. Boyd, Tlaleng Mofokeng, Balakrishnan Rajagopal, Felipe González Morales, Olivier De Schutter y Pedro Arrojo-Agudo, explica detalladamente los hechos ocurridos desde el arribo a Pimiento de los residuos tóxicos hasta la plazo, cercano con siete puntos en los que se requiere, entre otras solicitudes,  disponer de todas medidas que sean necesarias para repatriar los desechos a Suecia a fin de remediar la transgresión a los Derechos Humanos, proteger los derechos a la vida y a la salubridad física y mental, al derecho a una vivienda adecuada, al agua potable y al saneamiento de las comunidades afectadas en Arica.

“Deben tomarse medidas urgentes para repatriar los desechos peligrosos a Suecia y/o asegurar la eliminación de los desechos peligrosos de manera ambientalmente racional. Deben tomarse medidas urgentes para garantizar a los anteriores y actuales residentes de Arica reparaciones efectivas por el daño que han sufrido a lo largo de los años, entre las que se encuentran un cuidado y atención a la salud adecuados, su reubicación y el acceso a una vivienda adecuada en una zona que no esté contaminada y les asegure condiciones para una vida digna”, indica la carta al Estado chileno.

Entre los requerimientos al gobierno chileno, los relatores de la ONU solicitaron informar sobre “las medidas adoptadas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación del daño a las personas afectadas por residuos tóxicos y en particular respecto de la personas migrantes y personas indígenas, habida cuenta de la situación de mayor vulnerabilidad en la que éstas se encuentran, el acceso adecuado a la vivienda, al agua potable libre de contaminación”.

Asimismo solicitan que el Gobierno indique cuáles son “las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, incluida cualquier orientación proporcionada a las empresas comerciales sobre cómo respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Sería particularmente útil conocer las medidas tomadas para garantizar que las entidades comerciales apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus operaciones, incluidas las operaciones en el extranjero y el grado en que la han aplicado. Facilítese también información sobre las medidas adoptadas para proporcionar a las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de entidades comerciales recursos efectivos”.

Tras la carta de los relatores de la ONU, los gobiernos chileno y sueco tuvieron un plazo de respuesta de 60 días. Frente a el vencimiento del plazo, el gobierno de Sebastián Piñera pidió una ampliación frente a la Misión Permanente de Pimiento de la ONU, fijándose como plazo tope el viernes 28 de mayo. Sin bloqueo, la respuesta del gobierno chileno todavía no está a disposición del organismo internacional.

El gobierno sueco por su parte, respondió el pasado 21 de mayo con una carta con 21 puntos, donde explicita los procesos judiciales que han ocurrido en Suecia respecto al caso y su compromiso con los derechos humanos, pero sin hacerse cargo de los residuos tóxicos que siguen en Arica.

El Estado Chileno no se ha hecho cargo

Entre 1984 y 1985, la empresa sueca Boliden Mineral AB envió 20 mil toneladas de desechos tóxicos importados a Pimiento a través de la empresa minera chilena, Promel Ltda.

En 1997 se demostró que los residuos tóxicos contienen altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales nocivos para la sanidad de las personas. Estos desechos fueron depositados a la intemperie en un extensión conocido como Sitio F en Arica, a 250 metros de un extrarradio de viviendas familiares, esta operación fue permitida por la autoridad sanitaria de la época.

“La pila de residuos contiene aproximadamente 17 por ciento de arsénico; 4,5 por ciento de plomo, 3.000 ppm de mercurio y 0,05 por ciento de cadmio, combinado con algunos otros metales pesados y sustancias tóxicas”, detalla la carta.

Durante 14 abriles la pila de desechos enormemente peligrosos permaneció en al intemperie a metros de la comunidad y no se informó de los daños que podrían causar estos materiales tóxicos. La zona fue utilizada por algunas familias para ampliar sus terrenos y  como patio de juegos de niños y niñas.

En 1998, el Estado de Pimiento trasladó la pila de desechos del Sitio F a un extensión conocido como Quebrada Encantada, también en las cercanías de Arica y aproximadamente a 650 metros del extrarradio de Cerro Chuño. El traslado se consideró como una reubicación temporal, hasta que se pudiera identificar una alternativa segura para el almacenamiento. Ese mismo año el gobierno, en ese tiempo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, determinó que aproximadamente 5 mil personas habían sido expuestas a residuos peligrosos.

Delante esa situación, la Municipalidad de Arica interpuso una acción constitucional frente a la Corte de Apelaciones de Arica para la protección de los derechos a la vida y al medio circunstancia autónomo de contaminación de las y los pobladores de Arica. El tribunal resolucióń a beneficio del municipio y ordenó la restauración ambiental del Sitio F, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el aislamiento, empaque y reubicación de los desechos en celdas de seguridad adecuadas.

Sin confiscación, según explicita la carta de la ONU “a más de 20 años después, las medidas ordenadas por los tribunales chilenos aún no se han cumplido. No se ha realizado un EIA”.

Un año posteriormente del equivocación de la Corte Suprema, las víctimas que estuvieron expuestas a los lodos tóxicos entablaron acciones legales por daños y perjuicios contra Promel Ltda. y contra la autoridad sanitaria. Sin secuestro, no pudieron afrontar los costos de los informes periciales especializados para probar el daño material, y los tribunales chilenos se negaron a ordenar a las agencias gubernamentales que presentaran esta prueba pericial.

Luego, los tribunales chilenos otorgaron $8.000.000 de pesos chilenos por daño recatado a ciertas víctimas; pero sólo a algunas y no a todas las víctimas, sin ofrecer una explicación clara sobre ello.

La carta detalla que desde entonces, el Estado chileno ha reubicado a algunas de las personas residentes de la zona, pero muchas otras continúan viviendo allí.

En 2009, el Gobierno ordenó la reubicación de 1.880 familias chilenas de Cerro Chuño y las villas aledañas. Sin requisa, no todos pudieron ser trasladados. Se estima que hasta fines de 2017, vivían en Cerro Chuño aproximadamente 1.600 personas en casi 400 viviendas. Las viviendas ocupadas habían sido construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanística en los años 80, en las cercanías del despojos de los residuos tóxicos, como viviendas sociales. La pobreza habría forzado a muchas familias a agenciárselas vivienda en los asentamientos informales en Cerro Chuño.

Entre las consecuencias detalladas en al carta presentada por los relatores se describe que “algunas de las mujeres en edad reproductiva que jugaron en el vertido de desechos tóxicos cuando eran niñas no han podido concebir o experimentan altas tasas de aborto involuntario. Cuando logran nacer, sus hijos e hijas sufren defectos de nacimiento severos, tales como trastornos neurológicos, hidrocefalia y espina bífida. Se estima que unas 12.000 personas se han visto afectadas. Además, desde entonces, muchos han perdido la vida debido a sus afecciones médicas”.

Incumpliendo de la fuero

Finalmente en 2012, el Congreso de Pimiento aprobó la Ley 20.590 de Polimetales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la contaminación en Arica. En 2019, la Contraloría de Pimiento auditó la implementación de esta ley y concluyó que diversas autoridades administrativas chilenas, incluido el Servicio del Medio Esfera, no habían cumplido con los programas y medidas contemplados por la misma.

“De acuerdo a la información recibida, a la aniversario, los términos y objetivos de la Ley 20.590 no se han cumplido. La contaminación ambiental todavía está presente. El Estado chileno no ha puesto a disposición ni especialistas en toxicología, ni trabajadores de la vigor para que brinden un tratamiento adecuado a quienes lo necesitan y no se realizan monitoreos sistemáticos de la condición médica de los actuales y anteriores residentes. El Gobierno chileno ha realizado muy pocas muestras biológicas en residentes para detectar la presencia de cromo, mercurio o cadmio en el cuerpo. La comunidad restringido necesita con aprieto financiación para instalaciones médicas y hospitalarias”, detalla la carta.

En relación a la ley 20.590, el director ejecutor de la ONG y estudio procesal ambiental Fima, Ezio Costa Cordella afirma que “hay distintos responsables, el principal recae tanto en la empresa chilena como en la sueca. Sin embargo también hay una responsabilidad del Estado sobre todo por la construcción de viviendas sobre el terreno que tiene desechos. Lo que llevo al dictamen de la Ley de Polimetales pero que no se ha completado su ejecución a pesar que existe la ley sigue todavía el sector contaminado y las personas siguen teniendo problemas”.

Respuesta de Suecia: no se hace cargo de la repatriación

A diferencia de los procesos legales ocurridos en Pimiento, en septiembre del 2013, 796 residentes de Arica demandaron a Boliden Mineral AB en Suecia, argumentando que la empresa nunca intentó procesar los desechos sino que simplemente se decidieron de ellos. Pero la Corte sueca concluyó que las víctimas no pudieron establecer una relación entre los altos niveles de arsénico en sus cuerpos y los residuos exportados.

Luego en Marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Suecia, determinó que, según la ley del país la negligencia de la empresa Boliden estaba prescrita, y que las acciones debieron acontecer ocurrido en un periodo de diez abriles, por lo que el caso no sería efectivo.

No obstante, en febrero de de 2019, los 2700 residentes de Arica firmaron una carta solicitándole a la embajada de Suecia una recepción y una reunión con las víctimas del crimen medioambiental. En Septiembre del mismo año, el embajador realizó la turista y los líderes de la comunidad reiteraron la demanda de repatriación de los desechos y una compensación para los procedimiento médicos para las víctimas.

Sin bloqueo, como lo detalla la carta emitida por Naciones Unidas no se ha realizado ninguna influencia posterior a la perspicacia del embajador y las varias cartas enviadas por la comunidad a la embajada.

Adicionalmente el documento expresa: “Los estados deben asegurar el acceso a la justicia para aquellos derechos que han sido violados. Los estados y las empresas tienen la misma obligación de proveer soluciones efectivas y restitución a las víctimas de violaciones ocurridas como resultado de la exposición a químicos peligrosos”.

En la carta de respuesta, el gobierno sueco “expresa reconocimiento a los firmantes del presente comunicado por sensibilizar sobre la situación flagrante en Arica, Pimiento y por poner en perspectiva el tema de los derechos humanos y de las empresas. El medioambiente, incluyendo la diligencia de residuos, el ataque a la honradez y negocios y los derechos humanos son asuntos prioritarios para el gobierno y en relación a esto se han tomado varias medidas en los últimos abriles. Como firmantes del presente documento, podemos estabilizar que Suecia tiene la intención de permanecer activo en estos temas.

A pesar de que gobierno sueco se centra en demostrar los avances que se han hecho en su propio país en relación a derechos humanos y sustentabilidad, así como de presentar los procesos judiciales que se han hecho del caso en el sistema procesal nórdico, al igual que en 2019, no demuestra una verdadero una voluntad de repatriar o hacerse responsable de los residuos tóxicos.

“Hay que aclarar que el Gobierno discrepa respetuosamente con la afirmación de que Suecia está bajo la obligación de corregir la situación en Arica. El gobierno nota que la situación en discusión ha sido revisada por la corte nacional tanto en Suecia como en Chile. En este contexto, el gobierno cree importante recalcar que el fundamento que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo del gobierno. Sin embargo, el gobierno esbozará su posición general en el comunicado”.

A continuación se pueden revisar los documentos emitidos:

Carta a Estado de Pimiento

Carta ONU para Suecia

Respuesta Suecia

Carta ONU para empresa