Resolución del TC convertiría en letra muerta emblemática ley de Bachelet que prohibió la selección escolar

0
66

El 1 de junio el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunió para revisar la causa rol 10.270-21, en la que la trabajadora de casa particular –como ella misma se define– Romina del Pilar Elorza, a través de un petición de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acusaba que la prohibición de selección de estudiantes en el proceso de admisión “cercenaba” el esquema educativo del establecimiento particular subvencionado British Royal School de Concepción, al no poder asegurar el paso de los estudiantes que ingresaron en la etapa de playgroup cerca de prekínder.

El caso, que en el papel parecía uno de rutina en el ámbito de las cientos de causas que analiza periódicamente el TC, en los hechos llevaba implícita la posibilidad cierta de que, por medio de un laudo conveniente, se abriera la puerta para convertir en verso muerta la emblemática Ley de Inclusión Escolar del segundo mandato de Michelle Bachelet, que terminaba con la discriminación por la selección escolar en colegios que contaran con subvención de parte del Estado. Poco que finalmente ocurrió, tras ser acogido por mayoría el solicitud de inconstitucionalidad. Aunque el veredicto se encuentra en redacción, El Mostrador tomó conocimiento de que está en acuerdo con los votos favorables de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, y de los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Miguel Pedazo de pan Fernández, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez. Y los votos en contra de Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.

Los alegatos

Por parte de Romina Salazar y del colegio de Concepción, alegó excandidato a convencional constituyente en un cupo de la DC y abogado constitucionalista, Patricio Zapata, quien aseveró que se estaría vulnerando la decisión de los padres a designar la educación de sus hijos. La saco para sustentar los alegatos fue que el programa educativo del establecimiento, implementado desde 1993, previo a la reforma educativo, puso el vigor en la importancia de la continuidad de la aplicación desde sus inicios (playgroup) y hasta el término de la educación media. De esta guisa, y a través de un expediente de inaplicabilidad, logró que la asimismo denominada “tercera cámara” declarase como inconstitucional la norma que consagra el sistema de entrada centralizado, el que puso término a la selección y discriminación en la admisión escolar.

El espíritu de la ley –que a partir de este parecer podría comenzar a eludirse– apunta a que la etapa de playgroup, al no estar considerada como parte de la escolaridad, podría encontrarse como una superioridad para quienes tienen la posibilidad de pagarlo, contra quienes no la tienen, por ende, se estaría vulnerando el principio de equidad, al no entregar la misma posibilidad de llegada a prekínder a quienes desean incorporarse a tal o cual plan educativo.

Dicha norma lícito, que adicionalmente ponía fin al utilidad, copago y a la selección –aprobada en el Gobierno de Bachelet, tras sufrir un sinnúmero de modificaciones– apostaba, respecto de la inclusión, a que un establecimiento que recibía aporte estatal ya no tendría las facultades de escoger a sus alumnos, cambiando de esta forma la método que con anticipación se aplicaba y que daba la posibilidad a los establecimientos de pretender a quienes ingresaban, y no a las familias de osar por el plan educativo de sus hijos.

Como contraparte de Zapata, alegó en auxilio del espíritu de la ley de inclusión Francisco Cayuqueo, de la Superintendencia de Educación. En lo sustantivo, Cayuqueo expuso que la ley “garantizaba principios de transparencia, equidad, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, derechos de los padres a escoger establecimiento”. De esta forma, se explicitaba que no podían existir discriminaciones de tipo socioeconómico, situación parental o de historial previos.

Si perfectamente Zapata en sus alegatos precisó que “en modo alguno pretende ni podría objetar el sistema de admisión escolar o fundamentos de la ley de inclusión”, y que se trataba exclusivamente de este caso en particular, diferentes abogados y expertos en educación advirtieron que, independientemente de que en Pimiento no exista derecho, este resolución indiscutiblemente “estaba abriendo una ventana para saltarse la ley”.

En este sentido, la ley indica, luego de un opinión de la Superintendencia de Educación el 2018, que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) aplica a la totalidad de la matrícula de prekínder. Por lo que, en ojeada de la defensa de la señalada superintendencia, la cargo realizada por la parte requirente “no vulnera” constitucionalmente el derecho a la emancipación de educación y el de la exención de los padres a designar.

Para un exmiembro del Gobierno de Michelle Bachelet, que trabajó codo a codo en la dictación e implementación de la ley, en este caso en particular “sí se infringe la ley, porque no se puede ocurrir de playgroup a prekínder automáticamente. Todos los que ingresan a prekínder deben hacerlo por el SAE. Si se acepta que pasen los que ingresaron por playgroup, entonces no se cumple la ley. Lo que el TC estaría aprobando es que los alumnos de playgroup pueden saltarse el SAE… y la ley”.

Manido de ese modo, diversas fuentes repararon en suspicacias por el carácter político que podría estar detrás de la acto del TC, toda vez que es sabido que, tanto el contemporáneo Gobierno como el sector oficialista, nunca estuvieron de acuerdo con la implementación del SAE.