Riña que dejó 28 muertos: un síntoma de la grave crisis del sistema carcelario en México

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El más nuevo episodio de violencia en cárceles de México, que el jueves extremo dejó 28 internos muertos en un penal de Acapulco, ilustra los persistentes problemas del sistema penitenciario del país, como amontonamiento, autogobierno de reos y corrupción.

El portavoz de seguridad del sureño estado de Combatiente, Roberto Álvarez Heredia, declaró a la prensa que la riña entre reos del módulo de máxima seguridad del centro penitenciario en Acapulco terminó con “veintiocho personas muertas y tres lesionados, estos últimos no de gravedad”.

Álvarez atribuyó los hechos de violencia a “la pugna permanente que existe entre grupos contrarios en el interior del penal”.

Indicó que una vez tuvo conocimiento de la riña, el regidor de Campeador, Héctor Astudillo, puso en marcha un eficaz para controlar la prisión..

Los agentes estatales “tomaron el control de todas y cada una de las áreas y módulos del mismo” y, con apoyo de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Doméstico, se aseguró el perímetro extranjero del penal.

El gobernante ordenó “llegar al fondo de los hechos y actuar con todo el peso de la ley contra los responsables de los diversos delitos” que se cometieron, apuntó el vocero, tras señalar que todos los funcionarios del sistema penitenciario serán investigados.

De acuerdo con Álvarez, que en su primer reporte de la riña señaló que las víctimas mortales “fueron atacadas con armas punzocortantes y a golpes”, esa prisión tiene una sobrepoblación de 27 %.

En los últimos ocho abriles se han registrado un total de 347 muertos por peleas en cárceles de México. El caso más profundo del final decenio ocurrió el 11 de febrero de 2016, cuando murieron 52 reclusos en un motín registrado en el penal de Topo Pequeño, en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey (norte).

La Comisión Doméstico de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 8 de mayo una recomendación al Gobierno federal y a las autoridades estatales “orientada a corregir las condiciones de autogobierno que afectan de manera dramática la vida de las personas privadas de la libertad” en el país.

Señaló que entre los factores que propician el autogobierno o el cogobierno (trámite compartida entre la autoridad penitenciaria y los reos u organizaciones criminales) figuran la sobrepoblación y el amontonamiento, que propician la pérdida de control por parte del personal de seguridad.

Asimismo, observó que la sobrepoblación penitenciaria ha traído como consecuencia el surgimiento de otros problemas como la “falta de control e ingobernabilidad, debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias”.

“El problema de la ingobernabilidad radica en la falta de acciones tendentes a evitar casos violentos como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones, tal como ha ocurrido y documentado en los centros penitenciarios de Topo Chico”, señaló.

Por ello, la CNDH recomendó a las autoridades ejecutar “un programa de monitoreo”, así como “un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral”.

Asimismo pidió el aumento del personal de seguridad y custodia en los centros de prisión, sobre todo en aquellos donde hay condiciones de autogobierno o cogobierno, entre otras medidas.

Por su parte, el relator peculiar de la Estructura de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Juan Méndez, emitió en 2014 un reporte a posteriori de examinar varios centros de aislamiento del país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de ese año.

El documentación señaló que pese a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la estructura del sistema penitenciario mexicano está aún allí de consolidarse.

Indicó que el acumulación es un serio problema que afecta “a la totalidad de las prisiones estatales y la mayoría de los centros del país”.

En su diagnosis resaltó la existencia de “corrupción y autogobierno y situaciones de violencia e intimidación entre los internos”, afirmando que “todo lo cual es responsabilidad el Estado prevenir”.

A fallar por los hechos de Acapulco y casos similares en abriles recientes en diversos penales del país, las recomendaciones de la CNDH y del relator de la ONU han quedado en el papel.

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