Senadores de oposición presentan proyecto para reducir plazo del Presidente para vetar proyectos de ley

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La senadora DC, Yasna Provoste, próximo a sus pares Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (PPD), Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (Ind.), presentaron un plan de ley de reforma constitucional, para modificar los artículos 73 y 75 de la Constitución Política, a fin de acortar de 30 a 10 días el plazo que tiene un Presidente de la República para oponerse los proyectos de ley aprobados por el Congreso Doméstico, reduciendo de esta guisa el total del plazo que corre actualmente desde el momento de finalizada la tramitación de un esquema o moción en el Congreso, hasta su puesta en marcha y manifestación de implementación.

“En la Constitución, entre el tiempo que se entrega para vetar una ley, más el de su promulgación y publicación, se suman 45 días, constituyendo un plazo que consideramos excesivo, ya que el Ejecutivo en el Congreso es colegislador; sigue y conoce del trámite de todas las iniciativas legales”, señalan los legisladores en el texto del esquema.

Los firmantes aseguran que no se justifica que exista un plazo de 30 días para analizar la norma a fin de si se veta o no, adicionalmente de los 10 días de promulgación y cinco de publicación, “es más, hoy en día una ley puede estar publicada en el Diario Oficial al día siguiente o al subsiguiente de su despacho por parte del Congreso”.

Abusos del Ejecutor

Provoste unido a los parlamentarios acusan que “el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas”.

Entre los proyectos de ley despachados por el Congreso, cuya promulgación y publicación se han sido dilatadas por el Ejecutor, se mencionan: La segunda Ley de Protección al Empleo, que fue despachada el 7 de mayo del 2020 y fue publicada como Ley N° 21.232 el primero de junio, 25 días luego de despachada por el Congreso y que establecía -entre otras disposiciones- la imposibilidad de repartir utilidades por el gimnasia 2020 para las empresas que se acogían a la ley de “protección del empleo”; y la continuidad del suscripción de pensiones alimenticias de aquellos que hicieran uso del seguro de cesantía y estuvieran realizando dichos pagos a través de sus empleadores.

“La dilación de la promulgación de esta ley permitió que un número aún indeterminado de empresas continuaran realizando retiros de utilidades y al mismo tiempo haciendo uso del beneficio de la ley, y miles de niños no recibir el pago oportuno de sus pensiones”, señala el plan.

Otro de los proyectos mencionados por las y los parlamentarios que ha sido afectado por las decisiones del Ejecutor, sería la iniciativa que dispone la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.

“Esta iniciativa fue despachada por el Congreso el 11 de junio y aún no es publicada ni vetada por el Ejecutivo. Este es un proyecto especialmente necesario en el contexto de pandemia en el que vivimos hoy en día, por lo que se hace necesaria su promulgación y publicación a la brevedad”.

Finalmente, se señala como ejemplo, la Ley que establecía entre otras disposiciones las recreo en el verano para los Asistentes de la Educación del sector particular subvencionado, Boletín N° 11621-04, fue despachada por el Congreso el día 21 de marzo de 2019 y fue publicada como Ley N° 21.152 el 25 de abril del mismo año, más de un mes a posteriori de despachada. Ello significó un perjuicio directo a miles de asistentes a lo dadivoso de todo el país.