Senadores y expertos manifiestan preocupación por medidas inconsultas e imprudentes ante la pandemia

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A través de un comunicado un clan de senadores y expertos de la Lozanía manifestaron su preocupación por las “apresuradas medidas” anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera que buscarían “normalizar” el país.

“Nos parece extremadamente grave que hayan sido tomadas sin ser consultadas ni validadas por el Consejo Asesor Covid-19, sino que parece responder al lobby de las empresas y no a las recomendaciones técnicas que el Gobierno se había comprometido llevar adelante”, señalaron los firmantes de la misiva.

La exposición es firmada por Adriana Muñoz, presidenta del Senado; Rabindranath Quinteros, vicepresidente del Senado; Carolina Goic, presidenta de la Comisión de Salubridad del Senado; Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro; Helia Molina, ex ministra de Lozanía; Jeanette Vega, ex subsecretaria de Sanidad y experta OMS; y
Jeanette Dabanch, miembro de la Sociedad chilena de Infectología.

Todavía queda mucho por hacer y mejorar para aplanar la curva, disminuir los contagios y evitar la homicidio de muchos chilenos. Aún no es el momento de relajar las medidas y cuando se haga debe hacerse bajo estrictos criterios epidemiológicos.

Los parlamentarios y expertos dicen que hay que considerar que aún no se llega al peak de la oleada en Pimiento y, luego, a la situación crítica de uso de camas UCI, ni al umbralado de personas que pueden fenecer por el coronavirus.

“Todavía se requiere hacer todos los esfuerzos para disminuir la velocidad de los contagios y reducirla aparición de nuevos casos. Si bien se ha avanzado en ese camino pero no se está haciendo con la potencia que se requiere”, señalaron.

Añaden que todas las experiencias internacionales exitosas indican que lo fundamental, para sujetar la transmisión del virus cuando la invasión va en progreso y hay trasmisión comunitaria sostenida es utilizar la organización de cuarentenas de las comunidades afectadas.

“La cuarentena permite disminuir la circulación del virus y da espacio para establecer una estrategia amplia de testeo de personas con síntomas y sus contactos para identificar tempranamente los infectados y aislarlos en lugares con supervisión por personal preparado ya sea en hoteles sanitarios o en hospitales y la identificación de los contactos que requerirán cuarentena”, explicaron.

Los firmantes recalcan que al presente sólo una fracción mínima de los contagiados o casos probables, cumple su cuarentena en recintos destinados a eso y con supervisión profesional, señalan que la mayoría lo hace en sus casas con altísimo peligro de difundir la pandemia.”Aquí hay un adeudo estructural que la autoridad no ha sido capaz de resolver”.

Asimismo, aseguran que siquiera se está haciendo una organización de testeo masivo, dicen que los testeos para detección de nuevos casos aún son insuficientes y se requiere, con emergencia, dotar de posibles humanos y de laboratorios a la Atención Primaria para poder incorporarla en esta tarea, así que como para supervisar que se cumplan los aislamientos y cuarentenas de los contactos en condiciones adecuadas.

Dorso a la oficina

Sobre el retorno de los funcionarios públicos a sus labores, recomiendan que este debe hacerse en función de las variables epidemiológicas y no de las prioridades y del esforzado lobby de los sectores económicos. “Distinto es el caso de aquellas funciones críticas que son necesarias para dar respuesta a las necesidades de la gente”.

Del mismo modo, consideran que la implementación del carnet de ingreso COVID 19 es una medida para legalizar el retorno de las actividades económicas lo que, evidentemente, “es apresurado y arriesgado”.

“Solicitamos al Ejecutivo revertir aquellas iniciativas”, sentenciaron.

“Vemos en el Gobierno chileno un espíritu exitista que no se condice con la gravedad de lo que ocurre en Magallanes, Ñuble, La Araucanía o en el sector poniente de la Región Metropolitana, en pleno proceso de incremento del número de casos, muertes y requerimientos sanitarios”.

Finalmente, pidieron responsabilidad y advirtieron que Pimiento se encuentra en un punto esencia, donde las decisiones deben ser tomadas no solo por el gobierno de guisa parcial y sin explicar los criterios, sino que, involucrando a los expertos, congreso, trabajadores, organizaciones sociales, alcaldes y concejales, gremios y la sociedad civil.