Sin margen de error: los altos costos políticos para La Moneda si llega a tambalear el plebiscito del 26 de abril

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“Es la última oportunidad de actuar de forma democrática que tiene el Presidente”, una frase que corresponde a un diputado de Pimiento Vamos y que refleja en toda su magnitud el distinguir que cruza a La Moneda a menos de dos meses del plebiscito del 26 de abril. Es que en el Gobierno saben que cualquier hábitat de carácter político o social que empañe, complique o afecte la realización de la consulta establecida por el acuerdo por una Nueva Constitución del 15 de noviembre, se transformaría en el peor de los escenarios para la debilitada suministro de Sebastián Piñera.

La crisis social que se desató tras el estallido del 18 de octubre tiene al Presidente Piñera con los promedios de rechazo ciudadano más bajos de la historia, oportuno a un cuestionamiento trasversal a su conducción política y una presión -calificada por algunos como indebida- desde el sector más conservador de la derecha, que le impide tener un longevo beneficio de maniobra, como algunos al interior de La Moneda aseguran quisiera el propio Mandatario.

Como si fuera poco, a este confuso tablado se le cruzó sin advertencia alguna el debate político sobre la posibilidad que la era Piñera se termine antiguamente de tiempo. Por un costado el ex candidato presidencial, Alejandro Guiller, instaló la propuesta de de anticipar las elecciones, a lo que se sumó el documentación solicitado al Senado por tres diputados -Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez- para conocer el procedimiento aplicable en virtud del artículo 53 número 7 de la Constitución, que se refiere a la inhabilidad del Presidente de la República por temas problemas de sanidad física o mental.

Es cierto que con todos los flancos abiertos con los que camina el Gobierno de estos días rondan algunas incertidumbres sobre la realización del plebiscito, pero desde el propio oficialismo aseguraron que existe claridad absoluta que cualquier imprevisto que afecte la realización de la viaje del 26 de abril, significaría sin apelación  una sentencia penoso a la permanencia del Presidente Piñera en La Moneda. Para el círculo cercano del Mandatario “no es una opción” la posibilidad de no realizar el plebiscito y así lo reafirmó la ministra de la Segegob, Karla Rubilar, hace exactamente una semana en una entrevista en Radiodifusión Universidad de Pimiento: “El plebiscito va si o si”.

Sabido es que en la interna de palacio la mayoría de los inquilinos estaría por el rechazo y que nunca estuvo en los planes presidenciales hacer una nueva Constitución, postura que el ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, ratificó delante Icare el 15 de marzo del 2018, cuando dijo que “no queremos que avance el proyecto de nueva Constitución de Bachelet”. Pero ya ha sido demasiada el agua que pasó bajo el puente, reconocieron en el propio Gobierno, por lo que ya puesto el calle del trabajo en auxilio de sacar delante la tarea, la no realización del plebiscito sería un moretón del que “no podrían levantarse”, afirmó una fuente del oficialismo.

En este tablas se suma otro factor, la obsesión del Presidente Piñera por asentar su encomienda. Un objetivo constante desde que inició su segundo período en La Moneda,  pero que tras el estallido del 18 de octubre de 2019, paso a ser una meta prioritaria proteger el ocupación en que quedara en la historia. Es así como hace meses y en medio del momento más gélido de la crisis, que el presidente de asesores del segundo pavimento y sostén ideológico de la derecha más fundamentalista en palacio, Cristián Larroulet, pidió a todos los ministros proponer un hito que pueda enmarcarse interiormente del potencial dote presidencial una vez finalizado el mandato en marzo de 2022.

En este sentido, que el plebiscito de abril se postergue o no se lleve a lado, adecuado a la incapacidad para abastecer el orden conocido, ha sido calificado en el seno de La Moneda como “un fracaso irremontable”.

Sabido es que en la interna de palacio la mayoría de los inquilinos estaría por el rechazo y que nunca estuvo en los planes presidenciales hacer una nueva Constitución, postura que el ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, ratificó frente a Icare el 15 de marzo del 2018, cuando dijo que “no queremos que avance el proyecto de nueva Constitución de Bachelet”. Pero ya ha sido demasiada el agua que pasó bajo el puente, reconocieron en el propio Gobierno, por lo que ya puesto el firme del trabajo en privanza de sacar delante la tarea, la no realización del plebiscito sería un rebelión del que “no podrían levantarse”, afirmó una fuente del oficialismo.

Y si perfectamente nunca es un muy buen día para La Moneda desde hace unos meses a la término, al menos hoy sí existe un extremo de certidumbre con el que cuenta Piñera y que quienes lo han conversado con él lo ratifican. Los grados de violencia que se han registrado no son un pájaro que condicione o determine la realización del plebiscito sobre una nueva Constitución y que solo sería un ejecutor a considerar si se retrocede a la intensidad y trascendencia de los primeros días posteriores al 18 de octubre.

De todas formas, el que ya sea un tema resuelto en la inicio del Presidente, no significa que la campaña del terror impregnada por el sector más duro de la derecha no se haya transformado en un gran dolor de habitante para las autoridades. El hecho que se haya buscado instalar la idea que con la violencia que se suscita en la calle, la factibilidad de sufrir a promontorio el plebiscito era cada vez menos plausible, complicó sobre forma la interna de la despacho piñerista, porque es precisamente el Gobierno el responsables del resguardo del orden manifiesto, poco que muy poco importó a algunos miembros de Pimiento Vamos. Uno de los ejemplos  de ello que sacaron a relucir desde el Gobierno fueron las palabras de la presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, en medio del consejo universal gremialista de enero, cuando dijo que “no estaban dadas las condiciones para llevar adelante el plebiscito”.

Pero más allá de los cálculos en palacio, el vicedecano de la Universidad del Avance, Rodrigo Arellano, aseguró que “un Gobierno que no da la tranquilidad de la celebración de un acto de esta envergadura, puede tener una complicación de legitimidad en el ejercicio y eso puede ser muy complicado para resguardar otros procesos que vienen más adelante. En el fondo, eso podría dar pie también, para que sectores con representación presenten acusaciones constitucionales o intentar de otra forma, buscar mecanismos para impedir que este Gobierno pueda ejercer legítimamente el derecho para seguir gobernando”.

Menos alentadora aún fue la inspección del abogado y asesor del radio legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Emiliano García, quien agregó que “no hay muchas alternativas, el plebiscito está mandatado por la Constitución para la vencimiento indicada. Siempre cerca de la posibilidad de que en virtud de la contingencia — y eso incluye la situación sanitaria del país respecto al contagio del coronavirus- pueda cambiarse para una momento posterior. Pero hoy estamos en una incertidumbre total: nadie sabe qué pasará en el breve plazo sobre todo por la violencia callejera que hemos pasado”.

En este mismo ámbito, asimismo hubo varios que entendieron que la campaña que intentó enlazar la violencia con el Apruebo y por consiguiente, con la relativización de la legalidad del plebiscito, al final ayudó mucho a que cualquiera sea el número que se interponga en la ordinario realización de la votación del 26 de abril, será interpretado de múltiples maneras y ninguna será buena para La Moneda. “No se resiste que no haya plebiscito por alguna razón política o social”, sentenció un asesor de Gobierno.

Hay una salvedad. Una postergación -vía reforma constitucional- por razones sanitarias por la eventual propagación del Coronavirus. En el oficialismo todos coincidieron en que aquella circunstancia corre por un carril paralelo y que ahí sí “hay que separar aguas”. Aseguraron que las palabras del ministro de Lozanía, Jaime Mañalich, donde puso en cuestión el plebiscito responderían a un peligro “real” y que las autoridades deben ser responsables con las medidas.“Si lo han hecho países en Europa y se han cancelado millonarias ligas de deporte, es posible que el plebiscito se pueda aplazar”, afirmaron en la derecha.