Suprema ordena reserva de información sobre ex integrantes de la CNI que permanecen como empleados civiles del Ejército

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La Corte Suprema rechazó este lunes un medio de queja presentado en contra de los integrantes de sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó al Ejército entregar información sobre exintegrantes de la Central Doméstico de Informaciones (CNI) que permanecen como empleados civiles de la rama castrense pero, actuando de oficio, mantuvo la reserva de dichos datos.

En un falta dividido, la Tercera Sala del mayor tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jorge Lagos– no dio lado al memorial departamental, pero consideró que la divulgación de la información solicitada vulnera la honra de los afectados y sus familias.

“Que, como se dijo, los cuestionamientos que el Comandante en Jefe del Ejército dirige a la divulgación de la información de que se trata se vinculan con la afectación que dicha publicidad podría causar a derechos de los funcionarios oponentes y de sus familias que se encuentran garantizados en la Carta Fundamental, en particular aquellos referidos a su seguridad, su salud y la esfera de su vida privada. Al respecto, y con el fin de corroborar sus afirmaciones, el reclamante acompañó copias simples de diversas publicaciones periodísticas en las que se da cuenta de al menos ocho actividades conocidas como “funas”, esto es, de actuaciones coordinadas destinadas a encarar, increpando y fustigando de guisa pública, a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de desacreditarlas frente a la comunidad”, sostiene el laudo.

Resolución que agrega: “De tales elementos de juicio se desprende, sin ningún género de duda, la efectividad de que hechos como los que sirven de fundamento a la causal de reserva esgrimida por el actor han ocurrido, efectivamente, con anterioridad, de modo que la posibilidad de que las mismas se repitan respecto de los treinta funcionarios que manifestaron su oposición no puede ser descartada de un modo tan categórico”.

“Por el contrario, los antecedentes referidos más arriba obligan a estos sentenciadores a considerar, al menos como factible, que hechos como los descritos puedan llegar a afectar a los empleados civiles del Ejército tantas veces mencionados, de modo que se ha de concluir que existen elementos bastantes para estimar que la revelación de su identidad redundará, con toda probabilidad, en la afectación de su seguridad y la de su familia y en la perturbación de su vida privada y familiar, en los términos previstos en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285”.

“Los datos solicitados pueden comprometer su seguridad y vida privada, así como la de su grupo familiar, desde que su develación podría exponer a unos y a otros a acciones de hostigamiento y de acoso, así como al menosprecio y a la condena pública, sin que haya mediado sentencia judicial condenatoria alguna”, concluye la resolución, que se adoptó con los votos en contra del ministro Sergo Muñoz y el abogado ingrediente Jean Pierre Matus.

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