Tarjeta roja: informe revela el impacto de la industria salmonera en los DD.HH.

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Desde que el virus ISA apareció en la Región de Los Lagos en agosto de 2007, en un corto periodo escaló desde un foco contenido en algunos centros de cultivo, hasta a una oleada que afectó tres regiones, desatando una de las peores crisis económicas que ha registrado la industria.

Desde aquel año y hasta el 2009, los esfuerzos políticos, técnicos, académicos y científicos se dispusieron para calcular el daño en materia reputacional, que significó la pérdidas de millones y millones de dólares a la industria y su impacto en el empleo, pero no hizo lo mismo en términos ambientales, a cuyo respecto señaló que «no existe evidencia científica objetiva sobre los impactos ambientales de la industria salmonera en la región».

Una de sus consecuencias directas de la crisis fue la expansión geográfica de la industria salmonera más alrededor de el sur, hasta las regiones de Aysén y Magallanes.

Entregado que la salmonicultura hoy se emplaza en un entorno de gran valencia, como lo es el océano, y que dichas zonas  han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, adicionalmente de los graves episodios de contaminación, que han quedado al descubierto estos últimos abriles, y sus pertenencias sobre la biodiversidad en un contexto de cambio climático, es que el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) inició una colaboración con el Instituto Doméstico de Derechos Humanos de Pimiento (INDH) para calcular el impacto medio ámbito, en las comunidades locales y los trabajadores, desde una perspectiva de derechos humanos.

Y las conclusiones anticiparon una plástico roja a la industria al detectar la partida absoluta de marcos regulatorios específicos, que ofrezcan una protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de las empresas salmoneras, ni una exigencia explícita por parte del Estado para el cumplimiento de estos, pudiendo encontrarse afectados una serie de derechos en el curso de las distintas fases de la industria, desde el cultivo, la cosecha y el procesamiento.

En términos generales se detectó que los alcances del impacto de esta industria de capitales procedentes de Japón, Noruega, China, Canadá, Estados Unidos y igualmente de Pimiento abarcan desde la contaminación por residuos industriales en playas, aguas y fondo marino; uso de químicos y antibióticos; vertimientos masivos de salmones muertos al mar; contaminación de cuerpos y cursos de agua dulce, hasta la falsificación de informes a fiscalizadores, colusión entre empresas que producen alimento para salmones, hostigamiento de defensores medioambientales y -en algunos casos -sometimiento a procesos de comprensión forzada de pueblos indígenas del extremo austral.

Pertenencias en el medioambiente

La investigación, realizada entre el 2018 al 2020, en el ámbito del esquema Océanos Sostenibles (OS) en Pimiento, por las investigadoras Andrea Riedemann Fuentes y Tulika Bansal  -asesora senior Instituto Danés de Derechos Humanos- y el coordinador del esquema Océanos Sostenibles en Pimiento, Fernando Pardo Núñez, sistematiza una serie de eventos críticos, que tras la crisis del virus ISA (Infectious Salmon Anemia) la industria salmonera estuvo involucrada, vulnerando el derecho de morar en medioambiente disponible de contaminación.

Entre los casos de longevo notoriedad el estudio destaca el evento de marea roja, inmediato al llamado “mayo chilote”, ocurrido en mayo de 2016, cuando se produjo el masivo vertimiento de salmones muertos al mar.

Varios de los testimonios claves en el curso de la investigación fue realizado por expertos, quienes fueron entrevistados en la etapa previa al trabajo en circunscripción, y que entre sus principales conclusiones destaca:

«Desde mi perspectiva el cambio más importante que estamos enfrentando tiene que ver con el aporte de ázoe de la acuicultura (…) esa cantidad de ázoe en la columna de agua es enorme y eso tiene que ver con el florecimiento de micro algas y otras cosas. No solamente los salmones meten ázoe al agua: los choritos, mejillones, incluso ponen ázoe en el agua; todo animal pone ázoe en el agua. Y por lo tanto, con el crecimiento de la acuicultura vamos a estar viendo un incremento más repetitivamente».

Luego, en octubre de 2017 se produjo el hundimiento del wellboat “Seikongen” con 60 mil litros de petróleo a costado y al menos 100 toneladas de salmones descompuestos.

A estos casos – consigna el informe- se suman varios escapes de salmones en el mar, siendo el postrer el hundimiento de 16 jaulas de un total de 18 en un circuito que mantenía a 875.144 peces. Por otra parte, otro escape de salmones, esta vez desde una piscicultura, podría tener graves consecuencias en el ecosistema del Charca Llanquihue y cuyas responsabilidades aún se están investigando aún.

Tanto en los escapes masivos de 2018 como los de 2020, las empresas responsables confirmaron que parte de los salmones se encontraban  en pleno tratamiento con altas dosis de antibióticos, lo que los convierte en no aptos para el consumo humano por estar todavía con bacterias que representan un peligro para la sanidad humana. Adicionalmente, los escapes pueden producir la transmisión de enfermedades asociadas a los salmones de cultivos, y una competición y depredación sobre especies nativas.

«La mortandad masiva de individuos originaría el ingreso de nutrientes y compuestos como antibióticos y pesticidas en el hábitat bentónico, causando alteraciones en los ciclo biogeoquímicos y el funcionamiento de las comunidades bentónicas. Los salmones escapados podrían introducir patógenos en los ecosistemas y alterar patrones de enfermedades”, señala el crónica “Efectos y consecuencias ambientales del escape de salmónidos ocurridos en Centro Punta Redonda, Isla Guar, durante julio de 2018”.

Una de las críticas que se le hace a los proyectos de inversión de la industria salmonera es que muy pocos de ellos se someten a un Estudio de Impacto Ambiental. La información del SEA confirma este gran desbalance que existe entre DIA y EIA: de un total de 2045 proyectos del sector salmonero aprobados entre los abriles 1996 y 2019, para las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, solamente 11 (0,5%) elaboraron un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 2034 (99,5%) presentaron una Afirmación de Impacto Ambiental.

«Las empresas salmoneras en muchos casos logran la aprobación de sus proyectos a través de una simple DIA porque plantean que no presentan peligro para la salubridad de la población ni artículos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los fortuna naturales renovables, ni siquiera una trastorno significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otros aspectos». Sin confiscación, las contingencias, por ejemplo, tales como los escapes masivos de peces que cada vez son más recurrentes, no son abordadas adecuadamente a través de una DIA, ya que no se estudian ni evalúan los potenciales impactos ambientales que estarían teniendo estos eventos asociados al plan.

“…nuestro recurso del mar, las salmoneras lo están destruyendo, esto no tiene vuelta atrás (…) ellos encontraron hoy un tesoro en el mar de nuestra región, en nuestro mar, nuestro mar de Última Esperanza de Natales (…) pero un tesoro que no es de ellos, un tesoro que es de nosotros y que ellos lo robaron”», es uno de los testimonios describe entrada expansiva de la salmonicultura en Magallanes.

El 99% de la actividad salmonera chilena se concentra en un país del sur de Pimiento que alpargata a las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Contaminación de Agua dulce

La etapa original de producción del salmón requiere agua dulce y para este proceso se utiliza mayoritariamente infraestructura emplazada en tierra. Si admisiblemente en varias regiones existen pisciculturas, en este estudio se abordó específicamente el caso de aquellas de empresas salmoneras emplazadas en la Región de La Araucanía. Las instalaciones se suelen ubicar en entornos cordilleranos y utilizan agua dulce en un proceso que se vincula con lagos y ríos de la zona

Las pisciculturas se emulan las condiciones naturales de reproducción de los salmones: se crían las ovas de los salmones hasta el tamaño smolt, para luego ser llevados al mar. Una publicación del Observatorio Ciudadano sobre las pisciculturas en La Araucanía indica que “la calidad del agua que devuelven en general es de muy mala calidad, con mal olor, y llena de sedimentos de fecas, comida, antibióticos y sal. Esto genera la contaminación de los cursos de agua y enormes impactos en los territorios”.

Las personas entrevistadas en estudio del INDH y el IDDH sostienen «que su vida se ha pasado impactada de diversas maneras producto de la contaminación de los cursos de agua». Algunos entrevistados comentan que las familias campesinas de la zona estaban acostumbradas a padecer a sus animales a libar a los ríos, pero hoy deben conseguir esta agua en otros lugares disponibles o avalar por ella. Agregan que hoy siquiera las personas pueden tomar el agua de los ríos ni bañarse tranquilamente en ellos por el temor a que el agua esté contaminada.

En el trabajo de demarcación en esta zona, asimismo se agregan menciones a la preocupación por el uso de antibióticos y pesticidas en el crecimiento del salmón, fundamentos químicos que próximo a las fecas de estos peces podrían contaminar las aguas. Algunas de las personas entrevistadas comentan que esto eleva los niveles de ázoe y fósforo, y piensan que la proliferación de algas y otras materias grasas es resultado de esa contaminación. Se suma a esto el mal olor que han percibido en algunos cursos de agua.

“…las aguas que entregan posteriormente al río son aguas con fecas, con desechos de alimentos, con los principales factores de contaminación que presenta el lago, focos de nitrógeno, fuera de aportes de antibióticos y últimamente hemos detectado aporte de sal (…). Entonces eso está dañando muchísimo nuestro ecosistema”. Sociedad civil, entrevista a 4 mujeres y 3 hombres, Araucanía, entrevista.

Corrupción y equivocación de transparencia

Tras la rigurosa investigación, los expertos concluyeron que «existen hallazgos relevantes en temas de transparencia, que permiten identificar que el derecho de paso a la información y publicidad está en peligro, y que existe evidencia de casos de corrupción, como la relacionada con la tramitación de la Ley Caudillo de Pesca y Acuicultura (LGPA), emplazamiento Ley Longueira, sobre la que hoy existe una iniciativa para fallar nula esta ley, tras las evidencias de que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que esa ley se votara en 2012 a ayuda de sus intereses, entre ellas empresas del sector de la salmonicultura.

En cuanto a la desidia de transparencia, el estudio advierte sobre la desidia de información sobre el uso de antibióticos en la industria.

En febrero de 2018, la ONG chilena Oceana solicitó a Sernapesca, vía ley de transparencia, la cantidad y clase de antibióticos utilizada por empresa y por centro de cultivo, adyacente con la biomasa producida durante los abriles 2015, 2016 y 2017. De un total de 24 compañías, 18 se negaron a entregar los datos. Tras ello, Oceana recurrió al Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que determinó en agosto de 2018 que la información era de carácter notorio, dándole la razón a la estructura de conservación óleo.

Tras la resolución, la mayoría de las empresas acataron el opinión. La excepción estuvo dada por Marine Harvest (actualmente Mowi) y Ventisqueros, que interpusieron reclamos de ilegalidad frente a la Corte de Apelaciones. Mowi, adicionalmente, presentó un medio de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Mowi es parte de la Mundial Salmon Initiative (GSI), agrupación que tiene 15 miembros que operan en ocho países.

Recientemente, el CPLT falló que Sernapesca debe entregar la información desagregada sobre uso de antibióticos y biomasa producida en 2018, desestimando así el argumento de las salmoneras que se negaron a proporcionar dichos datos aduciendo que se trataba de información que afectaría sus derechos comerciales. La directora ejecutiva de Oceana Pimiento, Liesbeth van der Meer, señaló al respecto que  “en 2014, cuando realizamos la primera solicitud de información en la materia, el Consejo para la Transparencia negó hacer entrega de la información. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que se nos diera la razón y se reconociera el derecho de las personas de acceder a información que puede potencialmente afectar su salud o el medio ambiente. Por ello, esta decisión finalmente instaura la transparencia como principio rector”.

Las adulteraciones de Nova Austral

Otro de los casos relevantes en materia de equivocación de transparencia refiere al falseamiento de información sobre la mortalidad de salmones por parte de la empresa Nova Austral, de capitales noruegos, cuya investigación de las autoridades se inicia luego de la publicación de los reportajes de El Mostrador: Salmon Leaks.

A mediados del 2019, en esta investigación periodística  e accedió a mucho información reservada, incluyendo correos electrónicos de la administración de producción de la compañía a sus jefes de dominio, donde se instruye manipular las estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca. En julio de 2020, el Primer Audiencia de Literatura de Punta Arenas condenó a la empresa Nova Austral al cuota de una multa de más de 150 millones de pesos (más de US$ 190.500), tras ser declarada culpable de entregar información no fidedigna y fuera de plazo al organismo fiscalizador. Sernapesca igualmente había demandado la suspensión de operaciones por hasta dos ciclos productivos de la empresa.

Hace poco, la Superintendencia del Medio Ámbito (SMA) aplicó una multa de $ 1.225 millones contra  Nova Austral, a quien acusa de ocultar información e infringir la reglamento ambiental, dificultando así las labores de inspección del regulador ambiental.

Colusión

Otro caso que involucra directamente a la industria salmonera es la denuncia de colusión entre empresas que producen alimento para salmones. En diciembre de 2019, la Fiscalía Doméstico Económica (FNE) presentó frente a el Tribunal de Defensa de la Vacancia Competencia (TDLC) un requerimiento en que acusa de coludirse a las cuatro principales empresas productoras de alimentos para salmón que operan en el país: Biomar Pimiento S.A. (Biomar), Comercializadora Nutreco Pimiento Limitada (Skretting), Ewos Pimiento Alimentos Limitada (Ewos) y Vitapro Pimiento S.A. (Salmofood).

La Fiscalía acusó a estas empresas de prolongar un acuerdo para fijar los precios de saldo de los alimentos para salmones, conocidos asimismo como dietas, entre los abriles 2003 y 2015. De acuerdo a la investigación de la FNE, el precio del alimento explica más de 50% del costo total del salmón.

Puerta giratoria

 A los casos descritos se suma el cuestionamiento a algunas personas que han ocupado cargos públicos y luego cargos en empresas de la industria. El caso más conocido es el de Felipe Sandoval, ingeniero civil, de militancia demócrata cristiana, quien en 2001 fue subsecretario de Pesca y que luego tuvo un rol esencia en la Mesa del Salmón, entidad creada con el objetivo de apañarse una salida a la crisis producida por el virus ISA (2007-2008). El punto en conflicto es que posteriormente de ello, Sandoval comenzó a trabajar en la empresa salmonera Aqua Pimiento, y en 2013 fue estimado presidente de la asociación cooperativo Salmon Pimiento.

El trabajo en circunscripción en una entrada de la región de Magallanes todavía reveló el caso de una ex funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que habría pasado luego al trabajo en una empresa. De acuerdo a las personas entrevistadas, esta persona renunció al SEA y comenzó a trabajar para la empresa Australis Mar, pero existe entre varios entrevistados la impresión de que siendo ella aún funcionaria pública, aprobó muchos proyectos salmoneros sin la debida revisión. 

Encima – sostiene el informe- se dio con la funcionaria en cuestión la extraña situación de que en una hecho de un esquema que requería de su firma, lo firmó como si fuera aún directora del SEA, cuando en sinceridad ya era empleada de Australis. Después, ella habría alegado que solamente se había tratado de una equivocación. Por esta situación la ex directora del SEA fue oficiada y denunciada a la Contraloría, entidad que sin secuestro desestimó la situación.

Recientemente este caso ha vuelto a ser mencionado en la prensa, donado que en septiembre de 2020 la empresa Australis Mar dio inicio a la construcción de una planta salmonera en Puerto Natales. Vecinos de la población y organizaciones opinan que la aparición de la planta ordenador tendrá altos impactos urbanos y medioambientales en la vida de la ciudad, lo que generará un considerable destrucción en la calidad de vida. Entre las afectaciones que los vecinos identifican está el detención flujo de tránsito de camiones, la producción de desechos industriales, el uso intensivo de agua por parte de la planta, la apego de roedores, y afectaciones al turismo, ya que la planta se instalaría en uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes que llegan a Puerto Natales. 

Pueblos Indígenas

El capítulo sobre los impactos de la industria salmonera sobre los derechos de los pueblos indígenas da cuenta de que una serie de los derechos consagrados por la UNDRIP y el Convenio núm. 169 de OIT están siendo vulnerados.

El estudio hace hincapié en que existe amplia acerca de que los pueblos indígenas de la zona austral, como el pueblo kawesqar y el pueblo yagan, sí fueron sometidos a anabolismo forzada y que hubo diversos intentos, no sólo desde el Estado sino incluso desde diversas órdenes religiosas, por alcanzar que abandonaran su civilización de origen.

Aunque muchas cosas han cambiado en las últimas décadas, en la ahora aún se mantiene actual una norma de la período de 1950 que en la ejercicio afecta negativamente la mantención de la civilización de los pueblos de la zona austral: se trata de la dificultad que se les impone para navegar autónomamente, como tradicionalmente lo habían hecho. La reglamento sobre la navegación fue impuesta por la Armada , y de acuerdo a algunos entrevistados en el estudio, oportuno a la cantidad de requisitos y controles asociados, en la experiencia dicha norma ha implicado no solo una dificultad, sino la imposibilidad de navegar.

Esta imposibilidad, experimentada como una prohibición de navegar, no proviene de la industria salmonera, pero evidentemente es utilitario a los intereses de la industria, se sostiene.

Por otra parte, las empresas se han emplazado – y el Estado lo ha permitido – en espacios que tradicionalmente eran usados por comunidades indígenas con diversos fines, lo que vulnera el derecho de los pueblos indígenas a sustentar sus sistemas políticos, económicos y sociales.

Otra de las afectaciones descritas refiere a que las empresas salmoneras han contribuido a la contaminación de aguas dulces (por aportes de sal y otros químicos), las que tienen importancia en la provisiones y en rituales. Esto vulnera el derecho a prolongar y robustecer su propia relación espiritual con tierras, aguas, mares y otros bienes que tradicionalmente han poseído u ocupado.

«Nosotros ya estamos asimilados en cierta parte, hasta cierto escalón. Qué es lo que ha provocado lo antecedente: exterminio, intervención, religiosidad, etc. No tenemos remedio para ello, pero lo que nos queda a nosotros es la navegación, la recuperación y la revitalización de las historias, y la civilización, y la jerga, que nos pertenecieron en algún minuto. Y queremos que vuelvan»,  expresa uno de los testimonios de pueblos indígenas, representante de la sociedad civil en Magallanes.

Recomendación a la empresas

En la parte final del estudio, a las empresas productoras de salmón se les sugiere adoptar compromisos por escrito a nivel de dirección y directorios respecto del respeto a los Derechos Humanos en universal y los derechos de los pueblos indígenas en particular; avanzar en dirección a la admisión de estándares más altos en todas las materias, superando lo estrictamente requerido por la código doméstico y aspirando a los estándares internacionales; capacitar a toda la empresa, incluso la dirección de la empresa y los trabajadores, en  Derechos Humanos, temas laborales, historia y civilización de los pueblos indígenas y en otras materias relevantes; realizar procesos de debida diligencia consistentes con los Principios Rectores y requerir los mismos estándares internacionales a sus contratistas, capacitándolos y equipándolos para ello; evaluar y acometer los impactos en los derechos humanos de sus operaciones y en la cautiverio de suministro en una guisa adecuada y continua.

A los bancos y entidades financieras se les sugiere exigir altos estándares de cumplimiento en materia de Derechos Humanos a las empresas salmoneras que solicitan financiamiento de sus operaciones, a través de procesos de debida diligencia, incluyendo la realización de evaluaciones de peligro y de impactos en los Derechos Humanos, según los Principios de Ecuador.

Y al Estado chileno se le sugiere promover la realización de procesos de debida diligencia en Derechos Humanos por parte de las empresas; impulsar la discusión sobre un plan de ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia; incorporar el enfoque de Derechos Humanos en las evaluaciones de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión en salmonicultura; poner peculiar cuidado en que los proyectos de la industria salmonera que se benefician de programas de fomento del Estado chileno, subvenciones o exenciones fiscales, sean social y ambientalmente sostenibles capacitar a los funcionarios públicos relacionados con la industria salmonera en Derechos Humanos, en historia y culturas de los pueblos indígenas, así como en derechos de los pueblos indígenas. Y sostener un presupuesto permanente para realizar periódicamente investigación científica independiente sobre impactos de la industria salmonera, anejo con difundirla ampliamente, entre otras.