Texas desoye las presiones diplomáticas y ejecuta a otro ciudadano mexicano

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El estado de Texas (EE.UU.) desoyó las presiones diplomáticas de México, la ONU y la CIDH y ejecutó este miércoles por la indeterminación a Rubén Ramírez Cárdenas, un reo mexicano que fue condenado a homicidio por secuestrar, violar y asesinar a su prima adolescente en 1997.

Ramírez Cárdenas, nacido en Guanajuato (México) hace 47 abriles, fue público muerto a las 22.26 hora restringido (04.26 del jueves GMT) tras tomar una inyección pernicioso en la prisión sureña de Huntsville, según notificó el Área de Ecuanimidad Criminal de Texas.

Pese a que el reo confesó el crimen cuando fue detenido en 1997, siempre dijo que lo hizo bajo coacción durante los 11 días que estuvo sin que le asignaran un abogado y defendió su inocencia hasta su extremo respiro.

“No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré a por justicia. Podéis contar con ello”, dijo el mexicano en uso de su derecho a unas últimas palabras antaño de acoger la inyección ofensivo.

El homicidio de Mayra Lago rompió a su grupo hace 20 abriles, y la hermana de la víctima, Roxana, afirmó este miércoles desde la prisión que “las palabras no pueden describir el alivio que se siente de saber que hay paz verdadera después de tanta pena y dolor”.

Ramírez Cárdenas fue condenado a homicidio en 1998 por el crimen de su prima cometido el 22 de febrero del año precursor en McAllen, una ciudad del sur de Texas fronteriza con la mexicana Reynosa.

Un junta consideró probado que entre él y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de Omisión por la ventana de la habitación, se la llevaron, la violaron y la estrangularon hasta que murió.

Los dos hombres, detenidos en los días posteriores al crimen, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de Lago, dejado en un canal de la pueblo de Edinburg, vecina a McAllen.

Su defensa pidió hasta el extremo momento que se realizaran nuevas pruebas de ADN a las uñas de la víctima para probar la inocencia que alegaba, pero los tribunales estadounidenses consideraron que la petición no era más que una maniobra dilatoria con la que, adicionalmente, el mexicano no podía terminar exculpado de un crimen que confesó.

Pruebas de ADN y culpabilidad a un costado, Ramírez Cárdenas era uno de los 51 mexicanos condenados a asesinato en Estados Unidos cuyos casos ordenó reconsiderar en 2004 la Corte Internacional de Conciencia (CIJ) en una sentencia conocida como “Fallo Avena”.

A estos presos, de acuerdo con el decreto, se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar auxilio legítimo a su país tras su detención.

Por ello, el Gobierno de México intentó persuadir a su vecina Texas de que conmutase la pena haber de Ramírez Cárdenas, alegando que en su caso no se siguió “el debido proceso legal”, pero el estado sureño procedió con la ejecución como ya había hecho con las de otros cuatro mexicanos afectados por el “Fallo Avena” desde 2008.

“Adrede mi firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en Texas, que viola atrevimiento de la Corte Internacional de Conciencia. Mi más sentido pésame a los deudos”, apuntó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras su asesinato.

Adicionalmente de México, expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas habían pedido al Gobierno de Estados Unidos que suspendiera la ejecución “por temor” a que Ramírez Cárdenas “no recibió un juicio justo”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su costado, todavía pidió a Washington “una reparación efectiva” para Ramírez Cárdenas que incluyera “la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo”.

Texas, sin secuestro, desoyó todas las presiones y procedió con la ejecución posteriormente de todo tipo de tribunales estatales y federales rechazasen uno tras otro los bienes de la defensa del reo.

Según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), en Estados Unidos hay 135 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a homicidio, en su mayoría son mexicanos (54), hay nueve cubanos, nueve vietnamitas, ocho salvadoreños y cinco hondureños.

Con Ramírez Cárdenas, en Estados Unidos han sido ejecutados 33 extranjeros desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de homicidio hace cuatro décadas, merienda de ellos mexicanos y cinco cubanos.

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