Ultimátum a La Moneda: la operación de los parlamentarios oficialistas para evitar el cortafuegos a la Reforma de las Universidades del Estado

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Ha sido una semana intensa para el mundo de la educación superior estatal. En medio de las discusión por la reforma para su sistema, las universidades del Estado han desplegado una serie de acciones que buscan presionar para que el plan, que lleva dos meses en el Congreso, pueda ser destrabado y conquistar que sea apto al mismo tiempo que el de reforma al Sistema de Educación Superior.

Las apuestas han pasado desde un gran congreso por la educación pública en la Universidad de Pimiento, que ha conseguido alcanzar una gran masividad de los distintos estamentos de la casa de estudios y ha finalizado con una marcha hasta La Moneda. Encima de una reunión, a principios de esta semana, con un especie de parlamentarios de la Nueva Mayoría, que le puso un ultimátum a La Moneda respecto al proceso de Reforma de las Universidades Estatales. “No somos ingenuos, muchos de nosotros vamos a votar en función de que ambos proyectos tengan la misma prioridad”, indicó Guido Girardi (PPD), acompañado de los senadores Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana, Carlos Montes y el diputado Rodrigo González.

El renglonadura de cancha caldo a posteriori de que el Ejecutor –y en específico la “Segpres”, aseguran desde la bancada oficialista– no hiciera caso de las múltiples solicitudes por activar la discusión del plan, que lleva más de dos meses en el Congreso y fue traspasado a la Cámara, luego de que en el Senado no se pudiera iniciar su tramitación, oportuno a los otros proyectos de educación que están en aplazamiento. Sumado a esto, el objetivo era dar un reconocimiento a los rectores, que se han plantado en esencia de lucha si es que no se cambian tres puntos fundamentales en la reforma: la modificación de los estatutos para incluir a los funcionarios como miembros de la comunidad, cambiar los criterios de autonomía, gobernanza y la constitución del Consejo Superior, adicionalmente de un cambio en el sistema de financiamiento.

Las alarmas se prendieron cuando llegó la información de que el esquema –de acuerdo a la memorándum del Gobierno– sería permitido en el 2018, lo que a litigio de los parlamentarios oficialistas deja en evidencia el hecho de que no existe una preocupación por las universidades del Estado.

Según el senador Quintana, el Ejecutor les informó que  se debía “posponer el debate de las universidades estatales para después de las elecciones en noviembre”, ya que, si no, se retrasaría la memorándum de desmunicipalización y la de la reforma militar a la Educación Superior, que hoy se halla en su segundo trámite legal. Quintana señaló, el día de la conferencia, que la Segpres es la que controla las urgencias y que, si su tramitación no se hace más expedita, se estará frente a “un Gobierno que no puede bajar los brazos antes de tiempo”.

Una conclusión transversal entre los asistentes es que “ha sido mal manejado políticamente este proyecto”, en opinión del senador Girardi. El parlamentario asegura que hay una “falta de conversación efectiva principalmente de la Segpres y el Mineduc con el mundo universitario”. “Las universidades estatales han sostenido conversaciones con el Mineduc, ha habido compromisos, pero cuando se transforman en proyectos de ley no se incorporan”, razón por la cual queda en evidencia que “no se le da la misma importancia al proyecto de las estatales”, agregó.

Cerca de memorar que el esquema para las universidades estatales surgió a principios de 2017, como un intento de despejar uno de los principales nudos que vislumbraba el Mineduc en la tramitación de la esperada reforma a la Educación Superior. Bajo el argumento de darle un “trato especial” a las estatales, la iniciativa se dividió y el gran ámbito permitido para el sistema de educación superior quedó en la reforma diferente, extrayendo los principales cambios para las universidades del Estado, lo que –según el rector de la Universidad de Pimiento, Ennio Vivaldi– puede ser positivo, siempre y cuando ambas reformas se aprueben de forma conjunta.

Frente a la envite de la autodenominada “bancada transversal por las universidades del Estado”, el diputado miembro de la Comisión de Educación, Giorgio Jackson (RD), manifiesta que no es extraña la posibilidad de que el esquema de las universidades estatales quede en ausencia más que un saludo a la bandera por parte del Gobierno. “Lo que va a suceder con este proyecto es bastante predecible –espero equivocarme–: es que va a terminar normando al sistema en su conjunto y no va a haber una ley para las estatales”, planteó.

Jackson hace hincapié en que la opción de alterar el plan en dos “fue simplemente una forma de evadir una división que existe al interior de la Nueva Mayoría”, respecto a si darle o no prioridad a las universidades estatales.

Y es que no es un secreto que al interior del oficialismo existen dos almas respecto al trato preferencial que se les debería dar a las instituciones del Estado. El cruce interminable de declaraciones entre los senadores más cercanos a las instituciones estatales, como Carlos Montes y Girardi, con aquellos que se opusieron a la gratuidad universal o condicionaron su apoyo a la gratuidad en ascensión, como Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, son reconocidos en el oficialismo y, con el fin de evitar un “bochorno” como el de la Ley de Feto en tres causales, “cortaron por lo sano y dividieron el proyecto”, reconoce un parlamentario oficialista. Agregan que lo que no vieron venir es que el plan “podía morir en el Senado, esperando a ser aprobado”.

El cambio del Senado a la Cámara de Diputados igualmente replica, en parte, a esta tensión. Según los parlamentarios oficialistas a gracia del fortalecimiento de las universidades estatales, existía la posibilidad de que el esquema se quedara entrampado en las comisiones de la Cámara Reincorporación y no lograra ocurrir rápidamente a la de diputados para ser despachada antiguamente de las elecciones.

No es un secreto que al interior del oficialismo existen dos almas respecto al trato preferencial que se les debería dar a las instituciones del Estado. El cruce interminable de declaraciones entre los senadores más cercanos a las instituciones estatales, como Carlos Montes y Girardi, con aquellos que se opusieron a la gratuidad universal o condicionaron su apoyo a la gratuidad en ascenso, como Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, son reconocidos en el oficialismo y, con el fin de evitar un “bochorno” como el de la Ley de Monstruo en tres causales, “cortaron por lo sano y dividieron el proyecto”, reconoce un parlamentario oficialista. Agrega que lo que no vieron venir es que el plan “podía morir en el Senado, esperando a ser aprobado”.

Pero no es primera vez que los rectores de las estatales logran el respaldo de parte de los parlamentarios oficialistas. La reunión del pasado lunes parece ser un déjà vu del proceso de tramitación de la gratuidad. Más que recordada es la citación emboscada que se intentó realizar a fines de 2015, cuando la Segpres –que ya era dirigida por Nicolás Eyzaguirre– inmediato con el ministro del Interior, Rodrigo Valdés, propusieron un ítem en la ley corta de la gratuidad que dejaba fuera del beneficio a las universidades del Estado que no cumplieran los mismos requisitos exigidos a las privadas.

En dicha ocasión, mientras la ministra Adriana Delpiano intentaba poner paños fríos a la propuesta de la cual se habría enterado por la prensa, casi los mismos parlamentarios se reunieron con los rectores de las universidades estatales para asegurarles que la postura de los ministros no prosperaría al interior del Congreso.

Más matrícula y gratuidad al 70%

La reunión con el Cuech tenía como objetivo ir más allá de un confirmación a los rectores y fijar una memorándum mínima para poder dar el respaldo al esquema. El senador PPD Ricardo Lagos Weber planteó que es necesario aumentar “la oferta de matrículas en las universidades estatales”, ya que están limitadas respecto a la matrícula, lo que las deja en desventaja frente a el sistema privado que es reglamentado en paralelo. “Vamos a dar esa pelea”, aseguró.

Unido con esto, se estableció que era necesario darle un ultimátum a la Segpres. “Si el Ejecutivo quiere aprobar sus proyectos, tiene que igualarlos”, recalcaron el día lunes. Secante que se mantiene en la Cámara, según el diputado  Rodrigo González, quien aseguró que sus pares oficialistas hay “un acuerdo de no avanzar sin los dos proyectos paralelamente”.

González agregó que era necesario montar a un acuerdo con los rectores respecto al ámbito que rige a los funcionarios no académicos de las instituciones y en cuanto al financiamiento. “No vamos a construir un proyecto sin las universidades estatales. La identidad y la autonomía de las universidades del Estado, eso lo vamos a defender”, consignó el parlamentario.

Por su parte, el rector Vivaldi recalcó que en Pimiento el 16% de la ofrecimiento la hacen las Ues Estatales, “eso no puede ser considerado como un sistema mixto”. Adicionalmente, agregó que “los jóvenes prefieren postular y escogen a las universidades estatales” y hasta existe un “mayor porcentaje de graduación en las universidades estatales”, razón por la que se debe aumentar el beneficio de matrícula para dichas instituciones.

Un postrero punto que se planteó en el colisión fue establecer que el prometido 70% de gratuidad, bajo el contemporáneo Gobierno de Michelle Bachelet, fuera a dar a las universidades estatales. Una propuesta que habría nacido desde los senadores de la Nueva Mayoría y que sería un punto a “discutir” aún entre el oficialismo, si proporcionadamente desde el Ejecutor aseguran que la sigla del 60% de gratuidad ya está zanjada.

Ampliación de la gratuidad que, según el diputado frenteamplista Giorgio Jackson, no constituiría un cambio en el dechado de financiamiento impuesto en el sistema de educación superior. Agregó que este “es un proyecto que no va a permitir fortalecer la educación estatal, y que mantiene un financiamiento que opera de la misma forma que para las universidades privadas y solo tiene un crédito, con el Banco Internacional, que es para los próximos diez años y que no creo que sea suficiente para rescatar a las universidades”.

Indicaciones y más indicaciones

Así como la reunión con los rectores recuerda la cuadro en plena discusión de la ley corta de gratuidad, las complicaciones entre los rectores y distintos actores de la educación con la reforma a universidades estatales recuerda la tramitación de la Reforma a la Educación Superior que hoy está en su segundo trámite constitucional en el Senado.

Según el diputado González, la ministra de Educación ha señalado, en la Comisión de Educación de la Cámara, “que tiene la mayor disposición de incluir gran parte de lo que han solicitado los rectores y gremios que han participado y van a participar en el proyecto”. Posición que es observada con distancia, luego del dispendioso proceso que vivió la reforma común a la ESUP, hace solo unos meses, y la tuvo detenida por casi un año, mientras el Ejecutor lograba consensuar posiciones entre todos los involucrados.

El propuesto por Delpiano sería “un proceso institucional”. En paralelo, los parlamentarios oficialistas se comprometieron a ingresar una serie de indicaciones –al igual que el plan militar de Esup– que lograran marcar la diferencia a partir de lo solicitado por los rectores. El 21 de agosto se reunirán en el Congreso “para recoger propuestas de todos los sectores” en la Comisión de Educación.

Adicionalmente, se han autoimpuesto un plazo hasta el 15 de septiembre para la discusión, hasta el total despacho en la Cámara de Diputados. En paralelo, el Senado tiene que terminar de tramitar las iniciativas de Nueva Educación Pública y de Reforma Militar a la Esup, lo que de alguna forma, o “milagrosamente”, podría ayudar a que el esquema de las estatales fuera apto al mismo tiempo que los otros dos, indican desde la Comisión de Educación. Aunque los parlamentarios advierten que “vamos a tener una permanente vigilancia sobre el Mineduc”.

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