Un parche después de la herida: acta del Cosena “desclasificada” hoy revela preocupación del Gobierno por justificar el uso de la fuerza durante el estado de emergencia

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El jueves 7 de noviembre, La Moneda fue marco de una inédita reunión del Consejo de Seguridad Doméstico (Cosena), una cuestionada jugarreta que el Presidente Sebastián Piñera sacó bajo la manga en un ambiente de crisis gatillado por el estallido social, que había movilizado hasta ese entonces a unas 3,4 millones de personas en todo el país, de acuerdo a los datos entregados en la instancia por el común director de Carabineros Mario Rozas.

Cerca de memorar que la cita estuvo marcada por las críticas públicas de los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara de Diputados, Iván Flores, por lo innecesario de la convocatoria, y los reparos que planteó en la cita el contralor Jorge Bermúdez. La reunión, que se extendió desde las 19:10 horas hasta las 20:30 horas de ese día, contó incluso con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el comandante en cabecilla del Ejército, Ricardo Martínez; el comandante en principal de la Armada, almirante Julio Leiva; el comandante en cabecilla de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez; y el común director de Carabineros, Mario Rozas, cercano a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel; y Defensa Doméstico, Alberto Peso.

De acuerdo al memoria de 8 páginas liberada hoy, que no es una transcripción textual del altercado, Piñera partió justificando la convocatoria de la instancia, y puso foco en documentar la confesión del Estado de Emergencia, y las instrucciones de apego a los derechos humanos que -según él- se dieron en todas las instancias.

El tema de los derechos humanos es crucial para La Moneda considerando que el Presidente enfrenta una inculpación constitucional por esa materia –ingresada hoy por la examen en la Cámara de Diputados- y el país es objeto de una visitante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectuar la situación de las libertades fundamentales durante este estallido. De hecho, en la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito acotó que “una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan. Ese es el punto de partida”, señala el reseña.

De acuerdo a la interpretación entregada por La Moneda, el Presidente fue enfático en que “al momento de decretar los Estados de Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión”.

Es así como relata una serie de medidas para cumplir con este compromiso, como “reuniones presenciales y conversaciones telefónicas con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y los Jefes de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Región del Biobío, con la clara instrucción de aplicar en forma estricta de las Reglas del Uso de la Fuerza, que cumplen con los estándares internacionales y acogen los planteamientos de organismos de derechos humanos”, encima de reuniones con el INDH, reforzamiento de la Defensoría Penal Pública, el contacto con la oficina de la Reincorporación Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet, y la ONG Human Rights Watch.

En particular, el Mandatario insistió en explicar la enunciación del Estado de Emergencia, señalando que si no lo hubieran decretado “no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana”. Y respecto al uso de la fuerza, el comandante en Presidente de la Armada de Pimiento complementó lo señalado por Piñera señalando que “ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas”.

En su intervención, el universal director de Carabineros Mario Rozas todavía abordó el tema de los derechos humanos, y aseguró que la policía uniformada tiene una “relación estrecha con el INDH, la que se ha ido consolidando”, asegura el certificado.

El superior de Carabineros -una de las entidades más responsabilizadas por abusos en la crisis- sostuvo igualmente que “son los primeros en promover el respeto de los derechos humanos” y explicó que “por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario (…) en el caso de los 12 Carabineros que serían formalizados, los casos fueron levantados por la propia institución, haciendo la respectiva denuncia al Ministerio Público”.

Al hacer un oscilación mundial de la situación, Rozas señaló que “estamos viviendo una situación sin precedentes”, y admitió que cuando comenzó el estallido, la punto de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operante fue muy espacioso.

De acuerdo a las cifras de Carabineros, han enfrentado hasta esa data “más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”, lo que se suma a “más de 1.180 Carabineros iesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos”, relata el relación.

Los reparos de Bermúdez

De acuerdo al relación revelada, el contralor Jorge Bermúdez fue uno de los más enfáticos en expresar sus reparos con la convocatoria, señalando que “se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”.

De acuerdo a Bermúdez, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad doméstico, ya que aquí hay un problema de orden sabido, lo que amerita otro tipo de soluciones. De hecho, el contralor preguntó si el orden notorio está incorporado en el concepto de seguridad doméstico.

Su argumento asimismo fue compartido por el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien argumentó que lo que existe en el país “hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico”.

Bermúdez asimismo puso el dedo en la chancro en otro punto, aludiendo a las fallas para aprestar el estallido social. “Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo”, dijo el contralor, según el reseña.

Lo planteado por el contralor fue refutado al finalizar por el propio Piñera quien recordó que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y ésta incluye al Consejo de Seguridad Doméstico como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan confuso como han sido las últimas tres semanas donde enfrentamos “una ola de violencia y destrucción, como nunca antes”, dice el reseña.

Para reponer las aprensiones de Bermúdez, Piñera apeló al “concepto moderno de seguridad nacional” señalando que “dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad”.

Asimismo secundó la traducción del Ejecutor el ministro de Defensa Alberto Inquietud quien argumentó que “el rol del Consejo de Seguridad Nacional, señala que éste fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”, señala el certificado.

Pesadumbre igualmente defendió la convocatoria, bajo la método de que la “definición moderna” de la seguridad doméstico dice relación con una modificación al habitual desenvolvimiento del país. “Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta”, dijo el ministro, de acuerdo al memoria.

Ley de Inteligencia

La convocatoria al Cosena incluso había alimentado las dudas y especulaciones sobre la posición existente de las Fuerzas Armadas en este contexto de crisis. De acuerdo al memoria, el comandante en Cabecilla del Ejército precisó que el orden conocido es de responsabilidad de Carabineros. Encima, puntualizó que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía y aclaró que, respecto a las Fuerzas Armadas, les está coto realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI.

En un investigación de la situación, el universal Martínez señaló que los desórdenes que se observan estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aun cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos, dice el reseña.

El relación corrobora que en la reunión no hubo decisiones ni se pidió tomar medidas adicionales, aparte solicitar el apoyo del Congreso al trámite de la Memorándum Social y de Seguridad, entre las que se incluye enmendar el Sistema de Inteligencia.

El consejo del director del Ejército fue avanzar en una Ley de Inteligencia, y “así poder adelantarse a las acciones disruptivas”, señala el relación. Un punto similar planteó el presidente de la FACh, quien indicó en cuanto al Sistema de Inteligencia, que éste debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades.

 

  • Revise el reseña del Cosena acá
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