Venezuela: condenan a 18 años de cárcel por narcotráfico a Francisco Flores y Efraín Campo, sobrinos de Cilia Flores, mujer del presidente Nicolás Maduro

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Los fiscales dijeron que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores conspiraron para utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas, desde donde mandar 800 kilogramos de cocaína a Honduras que serían llevados a posteriori a Estados Unidos.

Entreambos fueron arrestados en Haití a finales de 2015 y llevados a Estados Unidos en el ámbito de una operación de la Despacho para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), donde permanecen presos desde entonces.

Los dos jóvenes, de 31 y 32 abriles, fueron declarados culpables por un comisión en noviembre de 2016 y estaban a la aplazamiento de que la razón estadounidense dictara su sentencia, que podría acontecer sido incluso de prisión perpetua.

La fiscalía había pedido una sentencia no beocio a 30 abriles de prisión y multas de entre US$50.000 y US$10 millones.

Durante el causa, la Fiscalía presentó fotos de las reuniones que los acusados sostuvieron en Honduras y Venezuela con dos informantes de la DEA y grabaciones de las conversaciones.

“Confesión” retirada

Los primos viajaron a Haití en un avión privado con pasaporte diplomático para finalizar detalles con su contacto sobre el remisión de la cocaína, que sería enviada desde Venezuela a Honduras -habitual motivo de tránsito de la droga que viaja de Sudamérica a Norteamérica- y de allí a Estados Unidos.

Sus abogados aseguraron que nunca tuvieron intención de remitir la droga, y cuestionaron la forma en que sus clientes fueron entregados a las autoridades estadounidenses alegando que se violaron sus derechos.

En el momento de la detención, según la fiscalía, los dos “confesaron” su décimo en el plan, pero los letrados pidieron que esa proclamación fuera desechada ya que sus clientes no sabían que tenían derecho a obedecer silencio.

Según la defensa, hicieron las declaraciones coaccionados por los agentes de la DEA que los interrogaron, por lo que luego se declararon no culpables.

En los documentos de imputación se recoge que los condenados esperaban aceptar hasta US$20 millones por el traslado de la droga.