Voto obligatorio, ¿legitimidad por secretaría?

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La sombra de la renuncia electoral parece proyectarse cada vez con más fuerza a medida que se acercan las elecciones municipales. La discusión se ha centrado sobre cuán bajos serán los niveles de décimo electoral.

Las elecciones municipales del 2012 fueron las primeras efectuadas bajo el sistema de inscripción cibernética y voto voluntario. En aquella sufragio, un 43 por ciento de los chilenos acudió a las urnas. Ahora correctamente, la entrada en vigencia de la reforma evidenció la tendencia a la mengua de los votantes como proporción de la población en la época de elegir, que antaño se escondía detrás de una décimo electoral calculada sobre el total de inscritos. Y encima redujo el sesgo etario respecto del padrón antiguo (Cox y González, 2016), lo que constituye una progreso importante para la representatividad de nuestra democracia.

Según varios analistas, es probable que la décimo electoral en estas elecciones municipales sea aún más disminución, ubicándose en torno al 30 por ciento. Frente a dichos vaticinios, varias voces llamarán a restablecer el voto obligatorio como una guisa de solucionar un supuesto problema de legalidad política producto de la ingreso renuncia.

La pregunta es ¿reponiendo el voto obligatorio aumentaremos la legalidad en las instituciones? Esa respuesta parece ser una decisión por secretaría. Quizás obligarnos a todos a elegir le dará veterano legalidad a las autoridades elegidas, donado que todos votaremos para escogerlas, y nos quedaremos tranquilos por deber recuperado los altos porcentajes de décimo electoral. Pero ello no será la alternativa para un problema más de fondo: la llamamiento crisis de confianza. 

En los 1990´s y 2000´s el voto era obligatorio pero la tendencia a la descenso en la confianza en las instituciones ya se evidenciaba, incluyendo sobre aquellas que guardan directa relación con el sistema tolerante como son el Congreso y los partidos políticos. Por ejemplo, desde fines de 1990 en delante, la identificación con los partidos cae sostenidamente. Adicionalmente, cambiar las reglas del conjunto tan prontamente, con todos los desafíos administrativos y logísticos que ello implica, podría ser contraproducente. Incluso más, según la última averiguación Auditoría a la Democracia del PNUD, el 62 por ciento de las personas se manifiestan a valimiento del sistema de voto voluntario.

Si queremos tomarnos en serio la desconfianza que existe en nuestras instituciones, aboquémonos a reformas que se hagan cargo del fondo del asunto. Famosa a estas directiva es la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Pero precisamente se han revelado ciertas fallas en el funcionamiento de dichas instituciones. Una de las fallas involucra la corrupción, cuya percepción en nuestro país ha crecido mucho en el final tiempo. Otro aspecto dice relación con la calidad de los servicios que el Estado entrega a los ciudadanos. Y aquí hay mucho por avanzar. Un ejemplo: la incorporación del uso de tecnologías para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad de la dirección y atención de los servicios públicos—como se ha hecho en países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Es en extremo probable que a finales de octubre nos encontremos con políticos y analistas llamando a reponer el voto obligatorio. Ojalá que la discusión no se quede en soluciones parches para un problema enredado. Si queremos revertir la profunda desconfianza institucional de los chilenos examinemos y mejoremos el desempeño de nuestras instituciones. 

Fuente:T13.cl

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