No era solo Dominga: Proyecto Imán, el otro negocio minero que complica al Presidente Piñera por los conflictos de intereses

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Tras la publicación de los «Pandora Papers», que involucró asimismo al Presidente Piñera por la compraventa de la Minera Dominga yuxtapuesto a su amigo Carlos Alberto «Choclo» Délano en Islas Vírgenes, el Mandatario está contra las cuerdas, en los últimos meses de su segundo gobierno, enfrentando una incriminación constitucional precisamente por sus negocios mientras estaba al mando de La Moneda.

Ahora, un nuevo caso remece a la grupo presidencial. Según publicó Ciper, a fines de 2010, durante el primer periodo de Sebastián Piñera como Presidente de la República, un conjunto de inversionistas, entre los que estaban los Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para conseguir el esquema minero «Imán», sito al sur de Vallenar.

«Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo», planteó el medio, detallando que se pagaron US$ 13 millones poco posteriormente de que el tendero, Arnaldo del Campo, fuera conocido por el propio Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami, empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.

«Los Piñera Morel participaron en la adquisición de un esquema minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nominación del comerciante como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro», puntualizó el Centro de Investigación Periodística.

Desde La Moneda, en ringlera con lo señalado anteriormente respecto a Dominga, respondieron al medió que «el Presidente no participa desde 2009, hace 12 abriles, en la trámite o distribución de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este postrero, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su compañía».

La testimonio de Palacio agrega que «en forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la filial y diligencia de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba».

Desde la oficina del Mandatario recalcaron que «adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó fideicomisos ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo necesario por la estatuto de la época».

Sobre el proclamación de Arnaldo del Campo, el Gobierno apuntó que «la designación de directores de empresas públicas se efectúan sobre la colchoneta de propuestas de las entidades estatales encargadas de su suministro».

Arnaldo del Campo Arias es un ingeniero civil en minas que en junio de 2010 fue designado como director de Enami. Lo nombró el Tarea de Hacienda, encabezado en aquel entonces por Felipe Larraín.

Cerca de mencionar que los Piñera Morel participaban a través del FIP Mediterráneo, donde tenían como socios a la grupo de Carlos Délano, los dos involucrados en Pandora Papers.

Los proyectos Dominga e Imán se realizaron bajo los fondos de inversiones de los Piñera y Délano, la sociedad Minería Activa, levantada por Larraín Viario.

De acuerdo a Ciper, el 31 de enero de 2011 se firmó el anuencia de opción de compraventa de las concesiones mineras del plan Imán. En este primer documento legítimo aparecen dos sociedades compradoras que luego saldrían del negocio: Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Rucapangui, ambas ligadas al montón de inversionistas liderados por los Délano y los Piñera, y que eran las mismas que utilizaron para concretar el negocio de Minera Dominga. La sociedad vendedora de las concesiones mineras era Huentelauquén S.A., de los abogados de Arnaldo Del Campo.

En esa promesa de compraventa figuran Juan Cristóbal Jaramillo, como representante de Huentelauquén; Pedro Ducci (ejecutor de confianza de los Délano) y Pablo Délano Méndez (hijo de Carlos Délano), como representantes del Fondo de Inversión Privado Rucapangui; y Nicolás Noguera Correa (ejecutor de confianza de los Piñera) y Juan Paulo Bambach, en representación de Minería Activa Uno Spa.

Comisión revisora de la imputación contra Piñera comenzará a trabajar esta semana

Premeditadamente de Dominga, tras ser notificado oficialmente de la imputación constitucional en su contra, desde la comisión revisora del pasquín aseguraron que, a pesar de que el Mandatario tiene 10 días para presentar su defensa, se pondrán a trabajar esta semana en el Congreso.

Recordemos que hasta el 28 de octubre tiene plazo el Presidente para presentar su defensa. Luego de esto la comisión tendrá seis días hábiles para estudiarla, delimitar posturas y presentar conclusiones, las cuales no son vinculantes a la Sala. Encima, parlamentarios y abogados podrán presentar sus argumentos y referencias antaño de la votación.

La semana pasada fueron sorteados los nombres que integrarán la comisión que revisará la incriminación constitucional contra el Mandatario por su eventual vinculación en el caso Dominga, entre ellos, Raúl Florcita Alarcón (ex PH), Maya Fernandez (PS), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (ex UDI) y Pepe Auth (independiente).