El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió al referencia de Human Rights Watch (HRW), en el que pidió al Gobierno detener las expulsiones de ciudadanos venezolanos.
Al respecto, el subsecretario Galli dijo que “se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente”.
“Pero también la ley nueva, que va a entrar vigencia dentro de poco tiempo, establece la expulsión como un resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país”, añadió la autoridad.
Galli detalló que “nosotros hasta ahora tenemos 33 mil expulsiones decretadas en nuestro país. 13 mil de las cuales corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen, y que por lo tanto, no pudieron regularizar su situación migratoria en nuestro país”.
Adicionalmente señaló que “lo que corresponde es que el Gobierno lleve adelante los procesos administrativos, y si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones”.
Sin secuestro, aclaró que “obviamente con pleno respeto del debido proceso. Y en segundo lugar, en caso de que hayan situaciones excepcionales, por ejemplo, un ciudadano extranjero que tiene vínculos con niños, niñas o adolescentes en Chile, no se materializa esa expulsión. Una persona que tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa su expulsión”.
Memorar que días detrás, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió que Pimiento ponga fin a las deportaciones de ciudadanos venezolanos: “Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.
