Cambio de planes: Gobierno retira de Contraloría decreto para otorgar funciones policiales a guardias municipales

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Un cambio sufrió la organización del Gobierno de  aumentar las capacidades de fiscalización de los funcionarios municipales en medio de la pandemia del COVID-19, una idea impugnada desde la examen no solo porque fue planteada vía decreto -sin tramitación legislativa de por medio- sino asimismo porque búsqueda instalar una suerte de policía municipal.

El decreto presidencial se encontraba desde las últimas horas del viernes en el escritorio del contralor Jorge Bermúdez, para su toma de razón, sin incautación esta tarde el senador PPD Felipe Harboe informó vía Twitter que hubo cambio de planes.

“El Gobierno acaba de ingresar oficio a @Contraloriacl retirando decreto que confería atribuciones de seguridad a guardias municipales. Sí, el mismo que impugnamos hoy am junto a @Insulza”, señaló el senador PPD.

Fuentes de La Moneda confirmaron a El Mostrador el remisión del oficio retirando el decreto, aunque bajo el argumento de que le introducirán algunas precisiones sobre el trascendencia de las nuevas facultades, atendiendo así a “las observaciones hechas por la Contraloría General de la República”, por lo que será presentado nuevamente.

Cerca de memorar que esta excursión, Harboe ingresó un requerimiento frente a el engendro fiscalizador impugnando el documento bajo el argumento de que “el Presidente de la República no puede entregar, por decreto, facultades que son propias, según la Constitución, y de rango legal que corresponden al Parlamento”.

Un requerimiento similar ingresó el diputado DC Gabriel Ascencio, igualmente solicitando “no tomar razón de ningún decreto que signifique la delegación de facultades de policía (como control de salvoconductos) a los cuerpos de seguridad ciudadana de los municipios. Solo por ley se pueden entregar estas atribuciones”.

Durante la etapa, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, salió a defender el decreto, señalando que operará en el ámbito del estado de catástrofe en que está el país desde el 18 de marzo, medida actual por 90 días señalando que servirá para que en las comunas donde no se estén respetando las cuarentenas, los funcionarios municipales puedan ayudar a fiscalizar a Carabineros y al Ejército. “Y apunta a hacer aplicable algo que está en la ley de excepción constitucional que le permite al Jefe de la Defensa dar instrucciones a los funcionarios públicos y municipales para que le colaboren con las funciones que le toca cumplir al jefe de la Defensa. La gran limitación son las facultades legales que le son propias a las policías”, explicó.

La idea fue planteada por el Gobierno el pasado 7 de mayo tras una reunión del Presidente Sebastián Piñera con alcaldes de la Región Metropolitana, per de inmediato despertó reticencias, como las del corregidor de La Florida Rodolfo Carter, quien advirtió que la iniciativa excede las atribuciones de las municipalidades porque sus funcionarios “no pueden realizar controles de identidad”.