Corte de Apelaciones de Santiago fija en $40 millones la indemnización que el Fisco debe pagar a 31 de los 33 mineros atrapados en la mina San José

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La Corte de Apelaciones de Santiago rebajó este viernes la indemnización que el Fisco deberá respaldar, por concepto de daño íntegro, a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en la Mina San José, en agosto del 2010.

En decisión concorde, la Segunda Sala del tribunal de apelación –integrada por los ministros Omar Astudillo, María Soledad Melo y Maritza Villadangos– confirmó la sentencia atacada, dictada por el Noveno Auditoría Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad por descuido de servicio de las demandadas, con explicación que se condena solo al fisco a acreditar a cada uno de los demandantes la suma de $40.000.000.

“Que, lo expresado, deja en evidencia que los órganos del Estado han faltado a su deber de protección, actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones, lo que lleva a estos sentenciadores a concluir que es el Fisco de Chile, el que debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada, por lo que el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por él, será mantenido”, sostiene el sentencia.

“Misma decisión, se adopta en cuanto a la alegación formulada por el Sernageomin, en cuanto a la responsabilidad que le cabría al empleador en los hechos que motivaron el derrumbe en la mina de su propiedad”, añade.

“Dilucidado lo susodicho, y analizados los referencias y pruebas aportadas al proceso, se coincide con la sentenciadora en cuanto a la existencia de la desatiendo de servicio alegada, quedando circunscrita la responsabilidad al Fisco de Pimiento, el que habrá de reponer por los perjuicios ocasionados a los actores, por lo que será acogida la demanda dirigida en su contra, como se dirá”, explican.

“En efecto, se ha acreditado el actuar negligente de los órganos del Estado, la existencia del daño causado y la relación de causalidad entre ellos. Así, en este último aspecto, no se debe desconocer que, si los órganos de la administración del Estado hubieran cumplido con su obligación legal de la forma en que fue previsto (como ha sido observado y concluido en la investigaciones realizadas como consecuencia del accidente de autos), en atención a la actividad de riesgo realizada por la empresa minera y la falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del accidente, los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento”, añaden.

En el parecer indican que la mina San José contaba con todas las autorizaciones que exige la ley para funcionar, a pesar de incumplir exigencias básicas. “Al decidir atrapados, no existiendo condiciones de seguridad o resguardo frente a situaciones como la sufrida, no pudieron ser rescatados en un tiempo inmediato, manteniéndose bajo tierra por un tiempo prolongado, provocándoseles a los trabajadores los daños sicológicos acreditados en el proceso”, afirma el resolución.

“En efecto, la jurisprudencia ha dicho que el daño moral es el dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolo psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado. Estos daños se relacionan con el patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales, como la salud, el honor, la libertad y otros semejantes”, aclara la resolución. “Situación diversa es el quantum de la indemnización por daño moral, el que, ciertamente, no es compensatorio, dado que no es objetivamente dimensionable, sino que sólo debe ser reparatorio, estando destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido”, dicen.

“Consecuentemente, se estima que el monto de la indemnización habrá de determinarse en la suma de $40.000.000 para cada uno de los 31 demandantes de autos, con más los reajustes e intereses establecidos en el considerando octogésimo cuarto de la sentencia que se revisa”, concluye.

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